El Tribunal Supremo abre juicio oral contra los líderes del «procés»

Los jueces del Supremo han rechazado devolver la causa al juez instructor, Pablo Llarena , y han remitido la práctica de las pruebas solicitadas por las defensas al momento de la verdad, la vista oral. Los encausados consideraban incompleta la investigación de Llarena y solicitaron más de 300 diligencias , en su afán por dilatar la causa y la llegada del juicio. «El debate actual no es un debate sobre la culpabilidad de los investigados, sino sobre la relevancia típica de los hechos que han motivado el procesamiento», concluye la Sala Penal, que confirma además el cierre del caso contra Artur Mas, Neus Lloveras y Marta Pascal , que fue acordado por Llarena.

La fase intermedia del procedimiento —la fase que actúa de puente entre la investigación y el juicio oral— no puede ser concebida como «una segunda oportunidad» para reactivar la tarea del juez instructor, explica la Sala de lo Penal, la que se encargará del enjuiciamiento de los hechos, en el auto de confirmación. Los jueces también rechazan la petición de las defensas de entrar a valorar «la suficiencia o insuficiencia» del delito de rebelión en este momento.

El juicio contra los responsables del plan secesionista ilegal se prevé para mediados del mes de enero y en él no estarán presentes los fugados Carles Puigdemont, Toni Comin, Lluis Puig, Clara Ponsati, Meritxell Serret, Marta Rovira y Anna Gabriel, declarados en rebeldía por la Justicia española tras su fuga a países europeos.

El juez que investigó el órdago contra el Estado de los antiguos gobernantes catalanes aprecia sólidos indicios de que los procesados cometieron delitos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos. El más grave de todos, la rebelión, castiga a aquellos que declaran la independencia de una parte de España a través de un alzamiento violento. Esa cuestión - la existencia de violencia en el «procés» - encierra la esencia de la causa penal y condicionará la gravedad de las condenas. La pena de la rebelión, si se comete sin armas, puede alcanzar incluso los 25 años de cárcel.

Llarena considera que los antiguos gobernantes catalanes, los antiguos parlamentarios autonómicos y los agitadores del «procés» en la calle alentaron una insurrección para empujar hacia la independencia por las vías ilegales, empujando a la sociedad catalana contra el Estado. Los encausados niegan los delitos y se escudan en un supuesto mandato popular de los catalanes.

El desenlace del caso lo escribirá un tribunal formado por siete magistrados de la Sala de lo Penal, la cumbre del sistema judicial español. Se trata de Manuel Marchena , el presidente, Antonio del Moral, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Ana Ferrer, y Andrés Palomo. Cinco de ellos fueron recusados, pero el Supremo avaló su imparcialidad para el juicio.