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La Abogacía del Estado solicita 12 años de cárcel para Junqueras por sedición y malversación

El órgano dependiente del Ministerio de Justicia rechaza acusar por el delito de rebelión

MadridActualizado:

La Abogacía del Estado —órgano que depende del Gobierno a través del Ministerio de Justicia— ha solicitado este viernes 12 años de prisión para Oriol Junqueras por delitos de sedición y malversación. En una decisión forzada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la Abogacía ha rechazado acusar por el delito de rebelión. El escrito está firmado por la directora, Consuelo Castro, en lugar de por el responsable penal, el representante en la causa del «procés».

En el escrito de calificación, presentado este viernes en el Tribunal Supremo, la Abogacía considera que Junqueras y cinco exconsejeros desarrollaron «el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias» para la celebración del referéndum secesionista ilegal. Se refiere, además de Junqueras, a Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa. Para los cinco exconsejeros solicita en cambio once años y medio de cárcel.

Los servicios jurídicos que asisten al Estado consideran que los seis antiguos gobernantes catalanes cometieron los delitos de sedición y malversación en concurso medial. Esto significa que realizaron la malversación, el desvío de fondos públicos a un fin ilegal, como un medio para cometer el delito más grave, el de sedición. Este crimen castiga a aquellos que protagonizan un alzamiento público y tumultuario para impedir por la fuerza la aplicación de la ley.

No hay rastro de la rebelión en el escrito de calificación de la Abogacía del Estado, en el que esta acusción relata sus tesis sobre lo que sucedió en Cataluña. Esto supone que el Gobierno descarta que los líderes del procés asumieran la violencia como un medio para empujar hacia la independencia por las vías ilegales, en contra del criterio de la Fiscalía y de la investigación en el Tribunal Supremo.

Aunque este escrito despliega las tesis provisionales, es improbable que la Abogacía del Estado cambie de parecer en el juicio oral, si sigue gobernando Pedro Sánchez. Aun así, el delito de rebelión, y el debate de la violencia, serán la esencia de la vista oral, ante las acusaciones de la Fiscalía y de la acusación popular de Vox. Los siete magistrados que enjuiciarán los hechos podrán en cualquier caso condenar por rebelión, si lo mantienen estas acusaciones.

Además, la Abogacía reclama 10 años de prisión para Carme Forcadell por sedición, 8 años para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, también por sedición; y siete años para Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila, para ellos por malversación y desobediencia.