El desacuerdo entre Gobierno y PSOE aplaza sine die la nueva financiación

Hoy mismo, el Pleno del Congreso aprobará de forma urgente, en lectura única, la reforma del Concierto económico y el nuevo cupo vasco para el quinquenio 2017-2021, de 1.300 millones de euros. El Gobierno cumple así su parte del acuerdo con el PNV, que le permitió aprobar los Presupuestos de 2017 y apalabrar los de 2018, aún metidos en un cajón de La Moncloa, a la espera de que se «normalice»la situación en Cataluña.

El cumplimiento con el País Vasco contrasta con la financiación de las Comunidades del régimen común, que siguen esperando un nuevo sistema. Este viernes, las autonomías enviarán al Consejo de Política Fiscal y Financiera sus alegaciones al informe elaborado por el Comité de expertos. De las conclusiones finales debería surgir una propuesta de financiación. Pero desde el Gobierno se han enfriado las expectativas, porque no ve a la vista ningún posible pacto con el PSOE. Ayer, el presidente Rajoy aseguró en los pasillos del Congreso que el Gobierno intentará que haya un nuevo sistema «lo antes posible». Desde La Moncloa se precisó después que esperan que primero haya un acuerdo dentro del PSOE. Y desde Hacienda se subrayó que para este año va a ser prácticamente imposible, por cómo ha distorsionado el calendario el tema catalán.

El Gobierno quiere lograr un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero también en la Comisión encargada de modernizar el modelo territorial. Según aseguró el ministro Montoro, el PSOE pidió al Gobierno llevar la negociación de la financiación autonómica a ese foro, y al Ejecutivo le pareció razonable, porque donde se aprobará la ley será en el Congreso. Por tanto, quiere un doble acuerdo:con las comunidades, en el Consejo de Política Fiscal; y con los partidos, en la Comisión. Mientras no se vislumbre ese acuerdo, el Gobierno no tiene ninguna intención de presentar una propuesta que pueda ser rechazada por los socialistas en el Congreso .

En el PSOE se cuenta otra versión y se tiene otro enfoque. Su prioridad es que el Gobierno presente su propuesta de reforma sin más dilación, y que ésta se aborde en el Consejo de Política Fiscal. Es decir, el PSOE entiende que el acuerdo debe emanar de la negociación del Gobierno central con las Comunidades. Será ante esa aproximación cuando el PSOE se comprometerá a participar como organización en las conversaciones para llegar a un acuerdo que puedan apoyar en el Congreso de los Diputados.

Ferraz y los dirigentes territoriales socialistas son conscientes de que Montoro pretende avanzar por el camino opuesto: atar primero el apoyo parlamentario de los socialistas y luego, desde una posición mucho más fuerte, pactar con las regiones. Pero Sánchez es consciente de que eso puede dividir al partido porque los intereses que defienden las regiones que gobiernan los socialistas no son homogéneas. Ayer, Sánchez llamó a todos los líderes territoriales para «subrayar la importancia de esta cuestión» y escenificar una postura común pese al reproche de algunos dirigentes porque el cupo vasco se haya tramitado con tanta celeridad. En Ferraz dicen que no pueden bloquear el cupo por mucho que hubieran preferido que se hablase antes del régimen general. Ayer, Susana Díaz confirmó su conversación con Sánchez y dijo que el secretario general «está de acuerdo» con lo que están planteando los presidentes autonómicos. Y urgió a Rajoy a que «convoque de manera urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera y presente el modelo»,

Fuentes socialistas niegan que vaya a ser la comisión territorial el lugar para abordar este debate, aunque sí conceden que en la misma podrán tratarse asuntos económicos y que los presidentes autonómicos pueden ser citados como comparecientes. La número dos del PSOE, Adriana Lastra, ya advirtió el día en que se constituyó la comisión que se podría hablar de la «constitucionalización» de algunos principios que tienen consecuencia financiera. Creen que la pretensión del PP es diluir una comisión que debe ser la base de una futura reforma constitucional.

No es voluntad de Ferraz poner encima de la mesa una propuesta concreta más allá de la resolución aprobada el lunes. En ella Sánchez instaba al Gobierno a poner encima su propuesta antes del 31 de diciembre y poner una condición de entrada: el nuevo modelo debe blindar los derechos públicos básicos y que se garantice la suficiencia financiera de todas las regiones. Ferraz asegura que esta resolución fue antes compartida y apoyada por todas las federaciones.