ETA declarará un «final» sin arrepentimiento ni colaboración para esclarecer atentados pendientes

que en este epílogo los asesinos piden el perdón «selectivo e insuficiente» ya avanzado en el comunicado del 20 de abril, se reafirman las «líneas rojas de no arrepentimiento y no delación» marcadas por el colectivo de presos en 2015 –lo que significa que no van a colaborar en la resolución de atentados – y reconocen su fracaso.

«No se ha conseguido una sociedad socialista en una Euskal Herria independiente», «no ha sido un final como preveíamos», reconoce esta declaración. El documento cuenta con el repaldo de los «históricos», con especial mención al que fuera dirigente político de los etarras, Mikel Antza, uno de los que más activamente ha contribuido a recabar este respaldo mayoritario. En el otro lado se ha situado uno de los «duros» más irredentos, Francisco Javier García Gaztelu, alias «Txapote», que se ha encuadrado en el sector «muy minoritario» de «no más de diez» reclusos agrupados en torno a ATA (Amnistia eta Askatasuna) que «decidió autoexcluirse de este proceso y no ha participado». A las fuerzas de la seguridad del Estado no les cabe la menor duda de que si Txapote no hubiera sido detenido, «la historia de ETA sería muy diferente y habría intentado prolongarla».

Pero la realidad es otra y la banda se da a sí misma por acabada. «Lo hacen porque están derrotados y no les queda más opción que eso o convertirse en unas siglas fantasmas, vacías», explica a este diario una fuente de la lucha antiterrorista. Y es que, si en la legislatura anterior se dijo que lo que quedaba de ETA en la calle «cabía en un microbús», hoy apenas hay nadie. «No pasan de una decena de miembros» sin capacidad operativa alguna, que «sobreviven a duras penas con «documentación falsa» y «repartidos por diferentes países europeos». No revelan cuáles, pero las últimas detenciones de efectivos etarras en Bélgica, Alemania o Suiza da una idea de cuáles son sus derroteros.

Con una plantilla de liberados residual y sin peso alguno, la reflexión que ha conducido al cerrojazo de la banda no ha tenido lugar en el ámbito de los aparatos y la clandestinidad con consultas a los presos como otras discusiones de antaño, sino al revés: «en un 99 por ciento» en las prisiones, con la propia ETA entre rejas tomando la decisión y gestionando el debate «fundamentalmente a través de familiares». Ellos se han ocupado de «mover el documento base», puesto que los abogados, el frente jurídico de los pistoleros, también fue desactivado.

La liquidación ha sido iniciativa de Pla, el último líder con legitimidad de la banda, detenido en 2015 en una operación bautizada «Pardines» en honor al primer guardia civil asesinado por la banda hará precisamente en junio 50 años. Tras Pla, Mikel Irastorza, atrapado en 2016, solo fue un «interino» de poca talla.

«En una organización así nadie quiere asumir la responsabilidad del fin», describen las fuentes antiterroristas del Estado, que identifican cuatro fracasos graves de la banda que lo hacían inevitable. Uno, la no consecución de una «negociación técnica para gestionar las consecuencias del conflicto», –a la que les convocó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pero se negó el de Mariano Rajoy – , que llevó a la cúpula etarra a ser expulsada de Oslo en 2013. Dos, la incapacidad de ETA para que la comunidad internacional presionara a favor de esa pretensión suya. Tres, la «chapuza» del sellado de su armamento en febrero de 2014 por la Comisión Internacional de Verificación. Y cuatro, el desbaratamiento por parte de la Benemérita en Louhossoa (Francia) del consiguiente intento de destrucción del arsenal.

También fue Pla quien determinó que la declaración no iba a votarse por puntos como ha sido tradición, sino en bloque. «Todo o nada, poner fin o no» a la organización, y la opción de hacerlo sale adelante entre los internos «muy mediada por la idea de que a quien más beneficia es a los propios presos, a futuro», revelan las fuentes. Esto es, por la falsa expectativa de que van a poder obtener beneficios penitenciarios. Saben que ya no importan a nadie, «que no condicionan la política, no han ganado nada y por delante solo les quedan años de cárcel, porque van a tener que cumplir sus condenas», de ahí que «intenten aprovechar asumiendo la legalidad», aunque de forma fingida.

El resultado es ese extenso testamento en el que primero se hace un repaso histórico de ETA. «Por qué nació, cuáles fueron sus objetivos fundacionales, qué ha pasado en estos años... tratan de arrancar la conclusión de que valió la pena , de que han evitado que el Estado represor anulara la autonomía del País Vasco y que su acción ha permitido llegar aquí con cierta posibilidad de impulsar la independencia», explican fuentes conocedoras.

La declaración contiene «folios y folios de autojustificación de la lucha armada» , representada aquí como un choque «necesario» por el «conflicto» con el Estado opresor y no hay –recalcan– «ni un solo elemento, ni uno solo, de autocrítica moral».

Como adelantó ese comunicado que la banda emitió hace ocho días, sí se hace un «reconocimiento colectivo del daño causado», del mismo modo en que ETA defiende que «siempre ha asumido sus acciones» , un extremo que la comunidad de Seguridad del Estado tacha de «mentira», como lo demuestran casos del tenor de la desaparición en 1973 en San Juan de luz (Francia) de tres jóvenes gallegos que confundieron con policías y cuyos cuerpos no han aparecido nunca.

Los intentos de la banda por cumplir con el llamamiento a dar pasos hacia la reconciliación realizado por la «Conferencia Internacional para promover una resolución del conflicto en el País Vasco» celebrada en el Palacio de Ayete de San Sebastián en octubre de 2011 son, por tanto «evidentes», a juicio de los agentes de lucha antiterrorista. Pero también fallidos, empezando por esa petición de perdón «indignante» en la ETA distingue entre quienes mató por estar «directamente» implicados en el «conflicto» y los que asesinó colateralmente. «Si con esto pretenden obtener beneficios penitenciarios, no alcanza ni de lejos a los requisitos que la ley especifica cuando prevé un recorrido de inserción», advierten. Y puntualizan que hoy, esas expectativas son tan vanas como las de los terroristas y su entorno que creyeron que «los presos iban a salir de las cárceles en autobuses» en 2011 con solo haber dicho que dejaban de matar.