El coste de la 'nación catalana' supera los 1.000 millones de euros al año

El estudio abarca ocho ámbitos de actuación política, se basa en los Presupuestos de la Generalitat de 2020 –los últimos aprobados– y solo aborda los programas autonómicos «identificables directamente como parte de esa factura del hipernacionalismo», es decir, no faltan TV3, el Diplocat, el Síndic de Greuges, la propaganda en los medios o, verbigracia, los entes dedicados a la ciberseguridad.

Una de las novedades de este informe es que, por primera vez y de forma ordenada y analítica, se incluye el coste de oportunidad que supone dedicar esos millones de euros públicos a políticas nacionalistas en lugar de a mejorar el sector público común o los bienes sociales (educación, sanidad, seguridad, servicio social...). A modo de ejemplo, los 23,4 millones de euros que se destinan al Consorcio para la Normalización Lingüística servirían para sufragar los fármacos de 4.272 pacientes, durante cinco meses, para sus sesiones de quimioterapia.

La política lingüística es uno de los ejes de la 'construcción nacional' para los independentistas. El punto nuclear que fijó en mármol Jordi Pujol y ratificó en el ADN Pasqual Maragall. El único supuesto hecho diferencial al que se puede agarrar un nacionalista es al de la lengua, de ahí el recurrente 'Países Catalanes' como concepto político. Así, no se escatima en las cuentas públicas para este concepto.

La Dirección General de Política Lingüística tiene un presupuesto de 31,3 millones de euros cuyo destino principal, sobre el papel, es la promoción de la lengua catalana. Sin embargo, en sus programas, a la vez que se fomenta el uso del catalán, se introducen conceptos políticos diferenciadores con el resto de los españoles. Entre los organismos que dependen de esta Dirección General está la Oficina de Garantías Lingüísticas, que permite, entre otras cosas, la delación anónima.

Una de las entidades privadas más beligerantes contra el bilingüismo y en contra de la oficialidad del español –hasta el punto de tener acceso a los patios de los colegios para espiar a los niños y conocer en qué lengua se expresan libremente o promocionar campañas de boicot a empresas de todo tipo, desde plataformas digitales a supermercados, como viene informando ABC– es Plataforma per la Llengua, definida como la 'ONG del catalán'.

Esta asociación recibe 535.000 euros de la Generalitat. Con este dinero, la administración autonómica podría haber construido siete piscinas cubiertas y polivalentes de 25 metros. La entidad recibe, según sus cuentas públicas, 922.999 euros en subvenciones.

La educación y los medios de comunicación. Esas fueron las dos primeras exigencias de Pujol al Gobierno de España para que fueran traspasadas a la Generalitat en los años ochenta. Control del presente y del futuro.

En 2021, TV3 y Catalunya Ràdio cuestan 253,3 millones de euros y tienen una plantilla de 2.300 empleados. El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) supone un desembolso de 5,6 millones de euros. La Generalitat se gasta, además, 33,2 millones de euros en publicidad institucional.

Según el informe de Impulso Ciudadano, con el dinero de TV3 se podrían contratar más de 6.000 médicos de Atención Primaria . Los cuatro millones destinados a la agencia de noticias de la Generalitat (ACN) es casi el doble de lo que se invierte en investigación en el Hospital de San Pablo (Barcelona): 2,4 millones de euros.

En esta factura también hay lugar para los entes duplicados o directamente políticos. La Oficina de Derechos Civiles y Políticos, 500.000 euros, es decir, 77 operaciones de prótesis de rodilla con hospitalización menos. El Diplocat y las 'embajadas', casi diez millones o más de 400 plazas para dependientes en residencias al año menos. El Síndic de Greuges, 6,8 millones o el tratamiento completo para 82 pacientes de cáncer de pulmón que dejan de hacerse.

Y los casi 550 millones de euros que suman el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Ctti), el Centro Tecnológico de Telecominicaciones (CTTC) y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, y que privan a los catalanes de 3.234 viviendas públicas para alquiler social y el 100% del copago para 3.000 plazas en los centros de día para la tercera edad.

En el informe se apunta que no es objeto de estudio la legalidad o no del gasto de los programas desglosados, que en algunos casos «están siendo estudiados en la sede correspondiente», pues todavía hay derivadas judiciales del 'procés'.

Pero sí se alerta de que lo que culminó en 2017 puede volver a producirse. El 'procés' fue «un desafío que puede repetirse en cualquier momento, pues los nacionalistas siguen contando con los mismos medios y recursos que hace cuatro años», se advierte.