Sánchez reivindica su diálogo con Aragonès mientras el Gobierno espera a que se aclare el futuro de Puigdemont

El Gobierno defiende así la mesa de diálogo, consciente de que ERC sufrirá presiones para mantener su posición diferenciada de Junts si ahora se abre un proceso judicial contra Puigdemont en España que acabe con él en la cárcel. Sánchez ha querido recordar hoy que «cuando Puigdemont huyó de la acción de la justicia había otro Gobierno» , en una inequívoca crítica al PP. A partir de aquí el Gobierno expresa su «respeto y acatamiento de las decisiones judiciales que se puedan tomar en Italia», apuntando que «es evidente que Puigdemont debe comparecer y someterse ante la justicia».

A la espera de que se aclare el panorama judicial, en el plano político la detención de Puigdemont introduce una innegable tensión a la relación que PSOE y ERC habían reforzado con la reunión de la mesa de diálogo de hace diez días.

Aunque ERC quiere ganar autonomía respecto al mundo posconvergente y entre sus dirigentes existe rechazo a la figura de Puigdemont, ahora están forzados a criticar la detención, cargar contra el Estado y volver a poner en primer término sus reivindicaciones respecto de la amnistía y la autodeterminación.

En el Gobierno quieren esperar. Más allá de las líneas generales marcadas por Sánchez. El presidente ha dejado claro hoy que su apuesta política sigue vigente. El Gobierno no va a cambiar. Y si la situación política cambia no será por su parte. En privado se reconoce que esperan «el desenlace de la situación» en referencia a si finalmente es extraditado o no para ser juzgado en España. No es lo mismo para los intereses del Gobierno con ERC que Puigdemont vuelva a su limbo belga que pase a estar en una cárcel en España. Asumiendo que lo segundo obligaría a ERC a exacerbar sus posiciones.

El Gobierno midió anoche los tiempos y esperó unas horas para hacer una primera valoración sobre la detención de Carles Puigdemont. Y entre las celebraciones y exigencias de la oposición y las críticas de sus socios, trató de insertar su valoración de la detención de Carles Puigdemont con mensajes en todas direcciones.

En un primer término, desde el Gobierno se amparaban en que la detención del fugado «obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales».

En la campaña electoral de noviembre de 2019 Sánchez se comprometió a traer a Puigdemont de vuelta a España . Algo que le valió muchas críticas de los que luego serían sus aliados porque el Gobierno no tiene herramientas para hacerlo volver estando fuera de las fronteras españolas. Ahora, con sus socios independentistas escenificando su malestar el Gobierno no tiene interés alguno en atribuirse ningún mérito que no le corresponde en la operación de detención.

Desde el Gobierno se limitan a manifestar su «respeto» a las decisiones de las autoridades y tribunales italianos, «al igual que siempre lo ha hecho con los tribunales españoles y europeos que han dictado resoluciones en los procedimientos judiciales que afectan al señor Puigdemont».

El Gobierno no dice nada más que como consecuencia de su situación no existe más margen: «Puigdemont debe someterse a la acción de la Justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano».

Este caso llega después de que el Gobierno haya concedido ya los indultos a los presos condenados por el golpe separatista que no huyeron de España. Lo que prejuzga un horizonte para Puigdemont, si bien no podrá justificarse igual el indulto para alguien que ha estado fugado durante casi cuatro años.