El Constitucional mantiene suspendida la vía exprés a la independencia y rechaza el recurso de la Generalitat

Los magistrados argumentan que el Gobierno de Carles Puigdemont no ha aportado ningún motivo de forma que justifique la inadmisión a trámite del recurso del Ejecutivo, que alegó que la norma catalana vulneraba el derecho de participación política de los parlamentarios catalanes, al fijar un mecanismo de lectura única para aprobar leyes. El procedimiento de urgencia suspendido, aprobado por Junts pel Sí y la CUP , tenía un objetivo claro:sacar adelante las leyes de desconexión (la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica) con plazos más cortos.

En la sentencia que desestima la petición de la Generalitat, el Constitucional explica que el recurso de Puigdemont «aduce razones no susceptibles de ser valoradas aquí», al adentrarse en un juicio sobre el fondo del asunto, que no corresponde en esta fase. Los magistrados califican la tesis de la Generalitat de «prematura» y lamentan que no haya cuestionado ningún defecto de forma, los únicos que pueden provocar el éxito de un recurso de súplica contra la tramitación de la acción de inconstitucionalidad planteada por el Gobierno.

La Generalitat , cuyos gobernantes han anunciado su disposición a desobedecer al Tribunal Constitucional, acudió al tribunal garante de la Constitución para recurrir la admisión a trámite del recurso del Gobierno, que provoca automáticamente la suspensión de la norma recurrida desde la última reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional . El Gobierno regional, sin embargo, no ha alegado cuestiones de forma, que son las decisivas para provocar la admisión o inadmisión de un recurso, y ha expuesto argumentos políticos.

El recurso de la Generalitat considera que Rajoy actúa de manera «abusiva» al recurrir los pasos de la hoja de ruta del secesionismo catalán para provocar la suspensión automática de cada norma. Según el Gobierno catalán, esta posibilidad «no habilita a su uso injustificado y suspensión por el presidente del Gobierno del Estado para provocar la suspensión de disposiciones manifiestamente legítimas», en referencia las normas preparativas de la desconexión.