El Consejo de Estado enmienda la plana a Sánchez y pide un plan B

En un dictamen emitido por unanimidad el pasado 22 de marzo y remitido a la vicepresidenta Carmen Calvo, la Comisión Permanente del citado órgano centra las lagunas existentes en «las medidas susceptibles de ser adoptadas en estos casos; los requisitos exigibles para su adopción; el régimen sancionador aplicable; y los términos y alcance de la garantía judicial».

Todas ellas se deben a la falta de «concreción» de la legislación española y subraya que la «crisis sanitaria ocasionada por la enfermedad del coronavirus» las ha «puesto de manifiesto».

Por todo ello, pide al Gobierno una reforma legislativa señalando, en concreto, a la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Un texto que esta misma semana Calvo seguía defendiendo como suficiente para afrontar la pandemia sin el marco del estado de alarma. «Tenemos una legislación sanitaria que nos permite muchas respuestas en emergencias sanitarias, en emergencias de pandemia. No hay que modificar ni añadir nada para abordar el 10 de mayo», señaló el miércoles en Mérida, en alusión precisamente a la citada ley, según informó Víctor Ruiz de Almirón.

Para el Consejo de Estado, en cambio, este texto «contiene una regulación en extremo genérica de las medidas especiales en materia de salud pública limitativas de derechos fundamentales y libertades públicas y no efectúa remisión alguna al legislador autonómico».

Esta advertencia coincide con el temor que están expresando tanto los autonomías como los juristas en el sentido de que levantar el estado de alarma el próximo 9 de mayo impediría a las regiones aplicar cierres perimetrales o toques de queda, a menos que el Gobierno lanzara una reforma jurídica que, a estas alturas, sigue negando.

El Consejo de Estado también avisa a la vicepresidenta de que la ley de Salud Pública fue «aprobada hace casi cuarenta años y no contiene una regulación acabada de su núcleo orgánico, como se desprende de la lectura de sus tres primeros artículos –solo tiene cuatro–». Por si quedaran dudas, subraya que «podría resultar insuficiente para hacer frente, de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia administrativa y seguridad jurídica, a las necesidades a las que se enfrentan las autoridades sanitarias competentes».

El órgano consultivo pone así el foco tanto en los problemas jurídicos con que se toparon las autonomías durante el pasado verano como los que podrían volver a encontrarse a partir del 9 de mayo si se levanta el estado de alarma sin plan de salida. Por todo ello, reclama «una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción (a la ley), en orden a proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras».

El órgano que preside María Teresa Fernández de la Vega se pronunció de este modo tras ser consultado por el Gobierno sobre la constitucionalidad de la ley gallega que establece, entre otras cosas, la vacunación obligatoria.

El Consejo de Estado encontró «fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso de inconstitucionalidad» contra el texto de Alberto Núñez Feijóo, y así concluye el dictamen. Pero «el análisis de la cuestión» le sumergió en el debate existente respecto a que «la legislación sanitaria estatal no contiene seguramente los mecanismos adecuados para hacer frente a una crisis de esta envergadura», y se lo advierte al Ejecutivo.

Tras cinco meses de estado de alarma, la realidad es que no hay un plan de salida preparado y aunque Moncloa pusiera en marcha cambios legales por vía urgente es difícil que llegaran a tiempo para el 9 de mayo.