Sánchez ignora la ley al derivar a las regiones la gestión de la pandemia

La única mención que esta ley hace a la competencia de las comunidades ante este tipo de emergencias es que «en su caso» la gestión de Sanidad se hará «en coordinación» con las autonomías. Un término muy distinto a la «cogobernanza» que el Gobierno de Pedro Sánchez viene utilizando desde finales de junio del año pasado para trasladar el grueso de la responsabilidad a las comunidades.

La citada ley también encarga otras competencias a Sanidad que el Ejecutivo está desoyendo en esta crisis. Por ejemplo, «la coordinación de los mensajes dirigidos a la población en el caso de que las autoridades sanitarias emitieran comunicados o recomendaciones en contextos de alerta o crisis sanitarias o que afecten a riesgos inciertos que pudiesen afectar a más de una comunidad autónoma».

Según el texto, las «Autoridades sanitarias informarán al Ministerio » para que pueda llevarse a cabo esa coordinación. Al descargar la gestión de la pandemia en las comunidades, el Ejecutivo central también se ha olvidado de cumplir este deber y los episodios de descoordinación en los mensajes han sido constantes, tanto en el día a día como en las grandes decisiones.

Desde las 17 recomendaciones distintas que los españoles escucharon en Navidad -una por cada comunidad autónoma-, a lo que sucedió ayer por la mañana con Castilla y León paralizando la vacunación con AstraZeneca , pasando por los diferentes criterios para los confinamientos perimetrales.

Todas estas crisis no se están produciendo por las dificultades que entraña la cogobernanza como ha venido aludiendo el Gobierno sino porque Sanidad no está cumpliendo con sus responsabilidades, las que le adjudica la actual legislación sanitaria.

La Ley General de Salud Pública no es un caso aislado sino que se encuentra en sintonía con la legislación supranacional. El Reglamento Sanitario Internacional de 2005 y vigente hoy establece el reparto de responsabilidades ante un escenario de emergencia sanitaria. Fue redactado por la Organización Mundial de la Salud y firmado por 196 países, España entre ellos, obligados a cumplirlo.

Según recoge este código, al «nivel nacional» - Gobierno - le compete tener capacidad para «determinar rápidamente las medidas de control necesarias a fin de prevenir la propagación nacional e internacional» o, dicho de otro modo, gestionar la emergencia sanitaria. Además, mandata a los gobiernos centrales a « establecer, aplicar y mantener un plan nacional de respuesta de emergencia de salud pública » para hacer frente a todos los «eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internaciona l».

En cambio, «al nivel intermedio» o comunidades autónomas en el caso de España, solo les atribuye el tener capacidad para «confirmar el estado de los eventos notificados y apoyar o aplicar medidas adicionales de control» y evaluarlos «si se considera que son apremiantes» para comunicar «al nivel nacional toda la información esencial».

La diferenciación de responsabilidades y tareas no deja lugar a dudas. Al Ejecutivo le corresponde la responsabilidad de las decisiones en caso de emergencia sanitaria y a las autonomías prestar apoyo tanto a nivel de reportar información como de aplicar medidas que serán siempre «adicionales» a las nacionales.

Ayer la exministra de Sanidad, Ana Pastor , se refirió a este incumplimiento de los deberes del Gobierno. Entrevistada en COPE, la también vicesecretaria de Política Social del PP recordó el Reglamento Sanitario Internacional y acusó a Sánchez de pretender eludir su responsabilidad con la cogobernanza cuando es la máxima autoridad sanitaria en una pandemia.

Además, criticó su anuncio sobre la compra de vacunas y el nuevo plan para inyectarlas rebajándolo a un mero «acto de propaganda política». Pastor recordó que ya deberían estar vacunadas el 80 por ciento de las personas de más de 80 años pero los que han recibido las dos dosis no llegan ni al 50 por ciento. Según datos de Sanidad del 5 de abril -últimos disponibles- esta cifra se coloca en el 45,7 por ciento y para encontrar un dato similar al comprometido hay que irse a la tabla de los que están a medio vacunar y solo han recibido una dosis.

El primer compromiso adquirido por España y el resto de estados miembros es, efectivamente, que « antes de que termine marzo de 2021, los Estados miembros deberían haber vacunado como mínimo al 80% de los profesionales de la salud y la asistencia social y de las personas mayores de 80 años». Según el informe de vacunación de Sanidad fechado el 31 de marzo, solo el 40,2 por ciento había recibido la pauta completa de la vacuna, y solo un 70,8 por ciento había llegado a una dosis.

Aún así, el jefe del Gobierno hizo una más que positiva valoración general del proceso de vacunación el martes en la que aseguró que «lo importante es trasladar al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que estamos cumpliendo con los objetivos».

Sánchez, de forma genérica, también se refirió a que la vacunación es «muy compleja» por las características de los propios compuestos y por los «fallos en la entrega de dosis por parte de una farmacéutica en concreto, AstraZeneca ». Sin embargo, la vacuna de esta compañía no se inyecta a la población mayor de 80 años.