El PP acorrala a Iván Redondo ante Transparencia por asesorar a Illa

El jefe de gabinete del presidente del Gobierno , allí presente, escuchaba con atención mezclado con el resto del equipo de campaña. A más de 600 kilómetros quedaba su despacho oficial no solo como principal asesor de Pedro Sánchez sino también como responsable orgánico del Departamento de Seguridad Nacional, la Dirección de Asuntos Económicos y la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de país a largo plazo.

El número dos de Redondo, el director adjunto del gabinete de Presidencia, Francisco Salazar , difícilmente podía sustituirle. Como secretario de Acción Política del PSOE también se implicó en la campaña y recibió, igualmente, el agradecimiento público de Illa aquella noche.

Qué sucedió con sus labores oficiales y retribuciones mientras pilotaban la campaña catalana sobre la que los populares exigen aclaración. Cansados de las evasivas y rodeos con las que Moncloa responde habitualmente a las preguntas escritas que le llegan del Congreso, el partido de Pablo Casado ha lanzado una amplia ofensiva para cercar a Iván Redondo y a su equipo más cercano a través de Transparencia , registrando más de una decena de solicitudes de acceso a la información pública.

Con esta maniobra, encabezada por su portavoz en la Comisión de Seguridad Nacional , Juan Antonio Callejas , pretenden esclarecer los puntos oscuros de la doble labor desarrollada por los colaboradores de Sánchez durante la precampaña y campaña electoral del 14-F.

Para empezar, solicitan conocer qué funciones desarrollaron Redondo y Salazar pero también el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños , y cuáles fueron sus agendas durante aquellos meses. Solicitan el detalle de las mismas «día a día», desde el 4 de enero al 15 de febrero, incluyendo «todas las personas con las que se hayan reunido de manera telemática y presencial, lugar donde se realizaron y el tema de las mismas».

El esclarecimiento de las funciones de los altos cargos de Presidencia copa buena parte de la ofensiva ya que el PP entiende que delegaron sus funciones oficiales de manera opaca pese a su «gran responsabilidad» y en plena tercera ola de la pandemia. Por ello, solicita conocer quién sustituyó al jefe de gabinete de Sánchez al frente del Departamento de Seguridad Nacional y «en manos de quién» quedó «la importante labor del reparto de los fondos europeos de reconstrucción tan importantes para la salida de España de la crisis originada por el Covid».

La propia compatibilidad de ambas labores –la oficial en Presidencia con retribución pública y la privada para beneficio de un partido– es otra de las grandes dudas. En este sentido, el PP recuerda el alto «grado de incompatibilidades existentes para los Altos Cargos de la Administración General del Estado y, más concretamente, para los que pertenecen al Gabinete de la Presidencia del Gobierno ».

Por ello, reclama copia de «los documentos que declaren la compatibilidad legal, firmados o emitidos por los funcionarios correspondientes» de que altos cargos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno podían asesorar y acompañar a Illa como candidato del PSC al mismo tiempo que seguían manteniendo sus funciones oficiales. Se da la circunstancia, además, de que el PSOE de Pedro Sánchez y el PSC de Salvador Illa son dos partidos distintos. El segundo es una formación de ámbito catalán que se encuentra asociada a Ferraz pero tienen estructuras orgánicas independientes.

Esta diferenciación no solo entre esfera pública y privada sino entre formaciones abre una segunda derivada, la retributiva. Es decir, si Redondo y su equipo percibieron algún tipo de compensación o hicieron la campaña gratis al PSC . Para esclarecerlo, y dado que los gastos electorales han de ser públicos y están bajo la supervisión del Tribunal de Cuentas , los populares reclaman conocer «qué retribuciones en metálico o en especie» recibieron Redondo, Bolaños, Salazar , así como el «resto de miembros del equipo del Gabinete de la Presidencia del Gobierno que han ayudado durante la precampaña y campaña electoral» catalana.

En línea con ello, solicitan copia de «todos los pagos» realizados por el PSOE , el PSC y sus organizaciones afines tanto en metálico como en especie durante ambos periodos, así como el informe realizado por los Servicios de Intervención de la Presidencia del Gobierno «para poder autorizar la recepción de esos pagos». En el caso de que estos partidos no hubieran retribuido a Redondo y su equipo, los populares temen la entrega de dietas públicas.

Por ello, exigen copia de «las nóminas completas» de enero y febrero de «todos los altos cargos» de Presidencia «con todos los conceptos incluidos y detallados», así como de «todos los informes de Intervención que justifiquen el pago de todos los importes detallados» y de «todos los documentos que justifiquen el cobro de cualquier tipo de dieta o cantidad extraordinaria».

Los traslados del equipo de Sánchez a Cataluña y sus pernoctaciones componen el último flanco de ataque del PP, que reclama acceso a la lista de altos cargos que se desplazaron, fechas de cada visita, medios de transporte utilizados, coste de los viajes, noches de hotel y su coste.

Capítulo específico merece el hospedaje de Redondo y Salazar por su continuidad en la campaña de Illa. Los populares consideren que debe hacerse público si «utilizaron dependencias oficiales de la Delegación del Gobierno en Cataluña u otras de carácter también público (civiles o militares)» y, en ese caso, quién cursó las autorizaciones y durante qué fechas.

Presidencia dispone de treinta días como máximo para resolver las solicitudes del PP. De manera excepcional, Moncloa podría alegar que el volumen de la información requerida es muy elevado o que la materia es muy compleja para ampliar el plazo de contestación aun segundo mes, notificándoselo previamente al PP.

Si el plazo concluye sin respuesta, las solicitudes quedarían desestimadas pero el Gobierno tendría que afrontar la factura política por ocultar las labores, agenda y retribuciones de los colaboradores más cercanos a Pedro Sánchez . Una opacidad que elevaría aún más las sospechas sobre la posible irregularidad de su participación en la campaña del 14-F.

En el caso de que Moncloa denegara la información requerida o solo responde de forma parcial, deberá motivar el porqué y su resolución podrá ser recurrida por los populares tanto ante los tribunales como ante el Consejo de Transparencia .