El Congreso comienza la tramitación de la renta mínima de 426 euros mensuales

La Cámara Baja continuará ahora la tramitación de la propuesta, que aboga por crear una nueva prestación no contributiva financiada por los Presupuestos Generales del Estado y con una cuantía del 80 por ciento del IPREM o los 426 euros mensuales, complementables según las cargas familiares. Su duración se extendería mientras el paro se mantengan en niveles tan elevados como los actuales y estaría vinculada a la búsqueda activa de empleo de manera que, de rechazarse un puesto de trabajo, el perceptor sería castigado.

El debate ha comenzado con la intervención del portavoz socialista de Economía, Rafael Simancas , que ha ensalzado el labor y el papel de los sindicatos. No en vano, los socialistas caminan de la mano de los representantes de los trabajadores en sus políticas de oposición al Gobierno en clave laboral, buscando recuperar así parte del nicho de votantes perdidos en las últimas elecciones generales. De hecho, el Grupo Socialista ha sido el que ha presentado la proposición de ley para recoger la ILP de UGT y CC.OO.

Según ha defendido el político socialista, se trata de un texto encaminado a cubrir una «carencia seria» del sistema de protección social, incapaz en estos momentos de asegurar una «vida digna» a aquellos desempleados que se quedan sin cobertura. Según ha recordado, un total de 1,4 millones de familias tienen a todos sus miembros activos en paro, otras 700.000 familias no cuentan con ingreso alguno y hasta seis millones de trabajadores perciben sueldos inferiores al SMI. Desde la tribuna de invitados, los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo , y UGT, Pepe Álvarez , escuchaban con atención.

Más allá ha ido Podemos cuyo portavoz en la Comisión de Presupuestos, Segundo González, avanzó que intentará elevar la cuantía de esta ayuda hasta los 660 euros durante su tramitación, ya que los 426 euros planteados no permitirán a los desempleados sin recursos salir del umbral de la pobreza . Para la formación morada la creación de esta nueva renta no solo es una medida urgente y necesaria, sino también de «mínimos». En cuanto a a su coste, González ha respondido al Gobierno que «no se pusieron quisquillosos cuando rescataron a la banca con 61.000 millones». Siguiendo este hilo, acusó a los populares de llevar «años socializando las pérdidas».

Estas tesis, sin embargo, no han sido suficientes para convencer ni al grupo mayoritario ni a Ciudadanos, aunque la suma de ambos no tiene capacidad para frenar la propuesta. La portavoz adjunta de Economía del PP, Susana López Ares , ha hecho un llamamiento al voto responsable reclamando a los grupos «soluciones reales a los problemas y no castillos en el aire». Así, ha acusado al PSOE de caer en la demogogia al respaldar esta medida. Para apoyar su argumentación, ha puesto sobre la mesa la opinión del coordinador de la ponencia económica del próximo Congreso socialista, Juan Carlos Díez , firme detractor de cualquier medida de renta básica.

La acusación de demagógicos la extendió al resto de partidos que apoyan la creación de esta nueva ayuda. Evidentemente a Podemos pero también a los grupos nacionalistas por reclamar una medida que va en contra del eje de su discurso. No en vano, la creación de la renta básica conllevaría una recentralización de esta competencia.

López Ares también ha advertido que «no existe margen de maniobra» en los Presupuestos para incluirla. Apoyándose en que las partidas sociales más los gastos de la deuda copan el 85 por ciento de los ingresos del Estado, ha pedido a los socialistas que expliquen cómo quieren financiar esta nueva renta. «El 15 por ciento restante se dedica a las infraestructuras que todos demandamos», ha subrayado.

En esta línea, ha advertido de la elevada dificultad de cuantificar el impacto final que tendrá la medida. Entre otras circunstancias por el «efecto llamada» que la renta mínima puede provocar en residentes en otros estados que no cuenten con un apoyo económico similar. De hecho, ha fijado el coste de las medidas entre los 12.000 millones que señalan los sindicatos y los 50.000 millones que establecen otras estimaciones.

Con un tono similar, desde la formación naranja, el portavoz adjunto, Toni Roldán, ha advertido que las políticas que no se pueden cumplir generan «desafección» entre los ciudadanos. Cifrando el coste de la medida entre los 12.000 y 15.000 millones de euros, ha pedido al PSOE que explique cómo propone financiarla dado que ése es precisamente el ajuste que debe llevar a cabo España este año.

Por último, ha subrayado que su formación apuesta por «ofrecer oportunidades antes que pagas» y ha rechazado de plano cualquier medida encaminada a convertir el sistema de ayudas en «rentista». «Los millones de parados de este país no quieren una renta mínima sino conseguir un empleo », ha censurado a Simancas.