El portavoz del grupo socialista, Antonio Hernando (d), y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (i), al finalizar un pleno del Congreso de los Diputados
El portavoz del grupo socialista, Antonio Hernando (d), y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (i), al finalizar un pleno del Congreso de los Diputados - EFE

El recorte del gasto encalla la negociación de los Presupuestos de 2017

El calendario político del PSOE y sus costosas demandas sociales alejan la posibilidad de un acuerdo

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La negociación de los Presupuestos para 2017 encara los primeros compases del año con un importante obstáculo a salvar: el techo de gasto aprobado por el Gobierno. El corsé al gasto que sienta los mimbres de las futuras cuentas públicas de este año es tan estricto que dificulta cualquier guiño a Ciudadanos y, sobre todo, al PSOE. Como señalan fuentes parlamentarias, el techo de gasto que aprobó el Ejecutivo, de 118.337 millones de euros -el más bajo desde 2012- es tan estricto que no permite al Gobierno muchas alegrías de cara a conseguir apoyos. Esta limitación para satisfacer las demandas sociales del PSOE deriva en un parón en el tira y afloja presupuestario.

Junto a ello, el calendario político del PSOE, con primarias en mayo y nuevo secretario general en junio, complican aún más que la gestora pueda negociar las cuentas. El salto a la palestra de Pedro Sánchez y Patxi López ha terminado de retorcer aún más la posibilidad de un acuerdo: ambos han llamado a votar que no a los presupuestos.

La restricción al gasto es intencionada. El Gobierno debe bajar el déficit de todas las administraciones del 4,6% del PIB al 3,1%, un ajuste de 16.000 millones. Si lo consigue, España saldrá del brazo corrector de la Comisión Europea por primera vez en una década. Este control se activa cuando el agujero de las administraciones supera el 3% del PIB y desaparece una vez se reduce por debajo de este umbral, lo que el Ejecutivo espera que ocurra en 2018. El techo de gasto aprobado supuso unos 5.000 millones menos que el de 2016, pero Hacienda señala que mantiene el nivel de desembolso del año pasado, ya que prolonga los recortes y ahorros por intereses de deuda y el adelanto del cierre presupuestario a julio aprobados el año pasado.

Precisamente, la aprobación de un techo de gasto tan estricto fue iniciativa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que prefería contener el desembolso a aumentar más los impuestos. Su colega en el Gobierno, el ministro de Economía, Luis de Guindos, negoció con Ciudadanos un aumento del techo, abriendo la puerta a subir impuestos como el IVA de la hostelería, pero Montoro vetó esta vía, señalan fuentes parlamentarias.

De hecho, las concesiones del Ejecutivo al PSOE para garantizar su apoyo a las subidas de impuestos y a la distribución del objetivo de déficit público para 2017 se saldaron porque no suponían un mayor desembolso público. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) lo pagan las empresas, como ocurre también con la ampliación de las bases de cotización. Ambas medidas encima redundan en mayores ingresos para el Estado.

El presidente Mariano Rajoy afirmó el pasado viernes que el PP iba a hacer «un esfuerzo» en las próximas fechas para contar con el apoyo del PNV. «Vamos a intentar presentarlos no más tarde de finales de marzo», auguró Rajoy sobre la tramitación de Presupuestos. Sin embargo, desde la formación vasca señalan que los contactos ni se han iniciado. Como fuere, ayer el Gobierno en bloque trató de convencer al Congreso de los Diputados de que presentará las cuentas. «No tenga la más mínima duda de que presentaremos los Presupuestos», respondió De Guindos al portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura.

Desde Hacienda priorizan contar con el apoyo del PSOE para sacar las cuentas y repetir el amplio apoyo parlamentario que cosecharon las subidas de impuestos y los objetivos de estabilidad. El objetivo es llevar los presupuestos pactados al Congreso de los Diputados para evitar sorpresas y que el PSOE se abstenga.

El Gobierno ya tiene sobre su mesa las exigencias planteadas por el PSOE para apoyar o, al menos, facilitar la aprobación de las cuentas públicas para este año. El principal partido de la oposición ha hecho de las demandas sociales su particular lucha y sólo estaría dispuesto a renunciar al uso de una enmienda a la totalidad de las cuentas públicas si logra arrancar al Ejecutivo compromisos en firme de mejora de las pensiones y del sueldo de los empleados públicos. Dos peticiones que si se materializaran permitirían a la gestora que dirige Javier Fernández presentarse ante el congreso que prevé celebrar el próximo junio con varias cartas en el bolsillo y el aval de los acuerdos conseguidos.

El portavoz parlamentario popular, Rafael Hernando, analizó las dificultades para contentar a todas las peticiones de gasto del PSOE el pasado viernes en TVE. «Si apenas tenemos un 15% de libre disposición del Presupuesto, ¿de dónde saco esos 11.000 millones? -sobre la propuesta socialista de renta mínima, que se vota hoy-».

Pero la carta de peticiones del principal partido de la oposición al Ejecutivo es más completa. Además de «subir el sueldo» a pensionistas y funcionarios, las líneas rojas que ha puesto el PSOE es que no haya ni rastro de copago farmacéutico, además de presupuestar más fondos para dependencia. Los presidentes autonómicos socialistas apuntan en este sentido y también en mejorar las pensiones. El pasado mes de diciembre la comunidad que preside Susana Díaz aprobó un incremento del 2% en las pensiones asistenciales y no contributivas, tan solo unos días después de que Ejecutivo diera el visto bueno a una del 0,25% para las pensiones, el mínimo que fija la Ley para periodos de crisis del sistema de previsión. La líder del PSOE fue de las primeras en augurar que su partido no daría su apoyo a las cuentas públicas.

El Gobierno se resiste a aprobar alzas de pensiones superiores al mínimo legal, como también defienden los sindicatos CC.OO. y UGT con el argumento de que la evolución de la inflación, que en enero se disparó al 3%, hará perder este año poder adquisitivo a los pensionistas.

El pasado noviembre, de hecho, el Ejecutivo vetó en el Congreso, con la abstención de Ciudadanos, la tramitación parlamentaria de la proposición de ley del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, PNV y el Grupo Mixto para que las pensiones subieran una media del 1,2% desde enero. Entonces el Ministerio de Hacienda argumentó también que la subida costaría 1.346 millones de euros adicionales.

Pero lo cierto es que la aprobación de nuevos Presupuestos no corre excesiva prisa ni en el Ejecutivo ni en el propio PSOE, pendiente de sus primarias en mayo y su congreso federal en junio. Fuentes socialistas cuestionan que la gestora tenga autoridad para poder fijar una abstención en bloque a los Presupuestos.

Asimismo, el PP había anunciado un incremento para los funcionarios del 1% pero la inflación crecerá este año en torno al 2% según los principales servicios de estudios. Si no hay Presupuestos, los sueldos públicos podrían mantenerse congelados.

Menos déficit

En el bando popular también impera la calma. «Es una posibilidad seguir con los presupuestos prorrogados, pero habría problemas», admitió Rafael Hernando el pasado viernes en TVE. En todo caso el tira y afloja tiene un límite: Montoro señaló que no tendría sentido aprobar los nuevos presupuestos si ello supone tramitarlos en julio, cuando el Ejecutivo debe aprobar por esas fechas el techo de gasto de 2018.

La prórroga de las cuentas presenta no pocas ventajas para el Estado. En primer lugar, la Administración Central se quedaría 4.000 millones de euros en entregas a cuentas a las comunidades que debería incorporar a los nuevos presupuestos. Si finalmente se prorrogan, los pagos son los del año pasado y el Estado no tendría que transferir el aumento de recaudación estimado a las comunidades hasta dentro de dos años, como marca el sistema de financiación autonómica.

Estos 4.000 millones de más suponen una de las principales armas de negociación del Gobierno para conseguir el apoyo del PSOE, dado que gobierna en siete de las quince comunidades de régimen común.

Junto a ello, si no hay cuentas el gasto del Estado se reduciría en 205 millones por debajo del techo de gasto, por el recorte provisional en los ministerios aprobado por el Ejecutivo a finales de año de 5.493 millones hasta que hubiera nuevos Presupuestos. Ante las bondades de la prórroga para el déficit, Bruselas no ve con malos ojos que finalmente no haya cuentas.