Las claves del caso Cursach

El caso Cursach es una derivación de la macrocausa en la que, desde hace un lustro, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán investigan la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá. Formarían también parte de la citada trama antiguos dirigentes locales del PP y funcionarios de distintas administraciones. Dicha supuesta trama habría estado más o menos activa a lo largo de las dos últimas décadas. Según los investigadores, el principal empresario del sector del ocio nocturno en Baleares, Tolo Cursach , habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios y habrían perjudicado a los de la competencia a cambio de dádivas y regalos. Entre dichos «obsequios» se encontrarían, presuntamente, fiestas gratuitas con prostitutas en las que se habrían consumido drogas.

En estos momentos hay en torno a un centenar de personas imputadas, entre ellas antiguos altos mandos policiales. Cabe recalcar, además, que varios testigos protegidos han sido amenazados o agredidos en estos últimos meses, supuestamente a raíz de sus declaraciones en sede judicial. En ese contexto, a principios del pasado año la Dirección General de la Guardia Civil autorizó que el juez Penalva y el fiscal Subirán pudieran ir armados con una pistola, después de que ambos lo hubieran solicitado al sentirse amenazados.

En el auto dictado el 3 de marzo de este año por el juez, se le atribuían al empresario mallorquín hasta un total de 16 delitos, entre ellos los de cohecho, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas. Por orden del magistrado, Cursach se encuentra en prisión provisional desde esa fecha. En dos ocasiones, el abogado del magnate isleño ha pedido la puesta en libertad de su cliente, pero en ambos casos la respuesta de la Audiencia Provincial de Palma ha sido negativa.

Tolo Cursach y uno de sus colaboradores más próximos, Bartomeu Sbert , comparecieron el pasado 27 de noviembre ante el juez en calidad de investigados —equivalente a imputados— en el marco de una de las piezas separadas del caso Cursach. Dicha pieza separada está centrada en la indagación acerca de presuntos sobornos a funcionarios. Tanto Cursach como Sbert negaron ante el magistrado los supuestos cohechos de los que se les acusa. Sbert había sido encarcelado también en marzo, pero en estos momentos se encuentra en libertad con cargos tras haber abonado los 500.000 euros exigidos como fianza.

Sí. Coincidiendo con las citadas declaraciones ante el juez, el 27 de noviembre tuvo lugar una manifestación para solicitar la detención e inhabilitación del juez Penalva y del fiscal Subirán, por, presuntamente, haber coaccionado a testigos y haber manipulado pruebas. En la marcha, cuyo lema era «Corrupción en el Juzgado de Instrucción», participaron unas 300 personas. Esa manifestación fue criticada por la Unión Progresista de Fiscales y también por las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia, así como por el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló . Con posterioridad, el pasado 18 de diciembre, hubo una segunda marcha de protesta, en la que participaron unas 150 personas.

Conocida como la testigo protegida número 31, hasta hace unas semanas esta mujer parecía ser una testigo clave en este caso , pero ahora hay ya ciertas dudas. Algunas desconfianzas previas se acabaron concretando ya el pasado mes de noviembre, cuando la Fiscalía presentó una denuncia contra esta persona como presunta autora de un delito de falso testimonio. Al parecer, habría mentido cuando afirmó que dos inspectores la habrían amenazado en nombre de Cursach. Esta testigo clave es la misma persona que el pasado verano denunció que dos ex políticos locales del PP habrían participado en fiestas con prostitutas, supuestamente financiadas por Cursach, en el prostíbulo que ella misma regentaba junto con una antigua socia. Sin embargo, diversas presuntas contradicciones en este asunto han debilitado su testimonio. Posteriormente, en noviembre, esta testigo clave denunció ante un abogado, en un giro inesperado por completo, que habría sido «coaccionada» por el juez y el fiscal del caso, quienes presuntamente le habrían dado indicaciones para que declarase contra varios policías que luego serían imputados.

A raíz de lo explicado por la testigo clave hace un mes, los abogados Vicente Campaner y José Ignacio Herrero presentaron el 23 de noviembre un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) en el que denunciaban las presuntas coacciones que habría sufrido la citada testigo por parte del juez y del fiscal. El escrito se acompañó de unas grabaciones hechas por la propia mujer —de manera oculta— en el despacho del magistrado y por varios «whatsapps» intercambiados con Penalva y con Subirán. Toda esa documentación se presentó para intentar demostrar la presunta existencia de presiones para que dicha testigo declarase en un determinado sentido en sus comparecencias judiciales. Por todo ello, en el escrito remitido al TSJIB por los abogados Campaner y Herrero se pedía la adopción de varias medidas cautelares, en concreto, la detención del juez y del fiscal del caso, así como también que se retirase a ambos el actual permiso que tienen para portar armas y que fueran puestos en libertad determinados presos preventivos.

No. La petición de que fueran adoptadas medidas cautelares contra el juez Penalva y el fiscal Subirán fue desestimada por el TSJIB el pasado 28 de noviembre. La Sala señaló, en un auto inusualmente duro, que «la petición de medidas en cuestión cursa con eminente desprecio de la independencia judicial constitucionalmente consagrada a favor de los jueces que tomaron tales decisiones, a reserva de que quepa su anulación o revocación por vía de recurso». En esa misma línea, se añadía que «al solicitar semejantes medidas se desconoce, olvida, o silencia, que no es posible dirigir instrucciones ni prevenciones a los jueces sobre el modo de decidir, salvo la potestad de revisar sus decisiones».

Fue también en noviembre cuando dos abogados vinculados al caso Cursach presentaron sendas recusaciones contra el juez Penalva , al considerar que no habría actuado con la objetividad que precisa el desarrollo de cualquier proceso de instrucción. A lo largo de este mes de diciembre se han sumado a dicha petición de recusación una quincena de abogados, así como también la Fiscalía Anticorrupción. A la espera de que se resuelvan estos incidentes de recusación, Penalva ha limitado al máximo sus resoluciones referidas al caso Cursach. El juez ya ha avanzado, en cualquier caso, que no aceptará las recusaciones solicitadas contra él. Si las peticiones de los abogados y de la Fiscalía fueran finalmente aceptadas por la Audiencia Provincial de Palma, la causa pasaría a ser asumida entonces por otro magistrado.

Efectivamente. El juez Penalva ha emitido un informe en el que rechaza que existan causas para aceptar su recusación. En el citado documento, el magistrado denuncia la existencia de una «campaña coordinada», cuya finalidad sería «desviar la atención de los graves hechos criminales investigados». El juez considera que en ningún otro país europeo «se hubiera tolerado» que la situación generada por determinados investigados «hubiera llegado tan lejos», sin que los poderes del Estado y las instituciones actuaran «de forma contundente» frente a «todas estas deplorables tácticas y estrategias, muchas de ellas constitutivas de graves delitos». Con respecto a los mensajes de «whatsapp» que el magistrado intercambió con la testigo clave, Penalva alega que se habrían sacado de contexto.

Sí, previamente, en agosto de este año, fue presentada una querella contra el fiscal y contra el instructor del caso por presunta falta de imparcialidad. El objetivo último de la citada denuncia, presentada por la hermana de un investigado en este proceso, era que ambos fueran apartados de la causa. La querella fue desestimada el pasado 11 de diciembre, a través de un auto, por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB). Los tres jueces de la Sala señalaron en su resolución que no les concierne ahora si Subirán y Penalva «deben ser apartados del proceso por haber perdido su necesaria imparcialidad, cuestión que debe resolverse en el correspondiente incidente —de recusación— finalmente planteado por alguna de las partes en aquel proceso».

El magistrado remitió recientemente un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acompañado de diversa documentación, en el que pedía amparo a dicho órgano ante el «continuo hostigamiento» que como instructor y también a nivel personal estaría sufriendo, presuntamente, desde el entorno de Cursach. La Comisión Permanente del CGPJ admitió el pasado jueves a trámite la petición de amparo formulada por el juez Penalva. El CGPJ ha considerado que del relato de hechos expuesto por el magistrado, que habla de seguimientos, pintadas amenazantes o maniobras que buscarían su descrédito, se desprende la existencia de datos y circunstancias que pueden suponer actuaciones inquietantes o perturbadoras de la independencia judicial.

Sí. El pasado mes de julio un sobrino de Cursach — Pedro Rosselló Cursach — fue condenado a 15 meses de prisión y a una multa de nueve meses a razón de 20 euros diarios, como autor de un delito de obstrucción a la Justicia, en concreto, por amenazar a la ya mencionada testigo protegida. En la sentencia, la juez también acordó conceder a Rosselló Cursach «el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena de 15 meses de prisión impuesta, condicionado a que no delinca en el plazo de dos años y seis meses, plazo que se computará desde la fecha en que esta sentencia devenga firme». Consiguientemente, la juez acordó la «inmediata puesta en libertad del penado», que se encontraba en la cárcel de manera preventiva desde el 18 de abril.

La última novedad ha sido que la ya mencionada testigo clave ha denunciado ahora que el abogado con quien se reunió en noviembre, Vicente Campaner, le habría hecho una oferta de carácter económico para que dijera que había sido coaccionada por el juez y por el fiscal a la hora de declarar. En un nuevo giro de este caso, dicha testigo se desdice una vez más y afirma ahora que nunca habría sido presionada por Penalva ni por Subirán. Para apoyar su denuncia, la mujer presentó en su reciente comparecencia ante el magistrado Miguel Florit varios mensajes telefónicos que supuestamente habría intercambiado en estos últimos días de diciembre con Campaner en relación a este asunto.