La Fiscalía denuncia a la testigo clave del caso Cursach por falso testimonio

La denuncia presentada ahora por el Ministerio Público contra la citada testigo se basa esencialmente en un reciente informe realizado por la Policía Nacional, que concluyó que esta mujer mintió cuando afirmó que dos inspectores la habrían conducido a la Jefatura, le habrían retirado su documentación y la habrían amenazado en nombre de Cursach. En los próximos días se abrirá una causa penal contra esta testigo , que será citada para declarar por este asunto en calidad de investigada, equivalente a imputada.

La testigo clave del caso Cursach es la misma persona que denunció que dos ex políticos locales del PP habrían acudido años atrás, en varias ocasiones, al prostíbulo que ella misma regentaba junto con una antigua socia. Dichos políticos serían el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez , y el actual diputado autonómico del Grupo Mixto Álvaro Gijón , que habrían participado en orgías con prostitutas, alcohol y drogas supuestamente financiadas por Cursach. Tanto Gijón como Rodríguez siempre han negado de manera rotunda esos supuestos hechos.

Además, en los últimos días han surgido dudas acerca de la veracidad de la agenda manuscrita en la que se habrían registrado datos como las fechas en las que los dos políticos citados habrían acudido a dicho burdel o el coste de los servicios prestados. Las anotaciones conjuntas de las propietarias del prostíbulo corresponderían, según declaró la mencionada testigo, al periodo comprendido entre 2014 y 2016. Sin embargo, su socia falleció en febrero de 2012, según consta en el Registro Civil de Palma.

Por otro lado, la ex directora general de Turismo del Gobierno balear, Pilar Carbonell , ha comparecido este miércoles ante el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán para declarar en calidad de investigada en el marco del caso Cursach, en concreto, para responder por un presunto trato de favor en la tramitación de un expediente de una empresa del Grupo Cursach. La acusación imputa a Carbonell los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y uso de información privilegiada. Durante su declaración, la ex directora general ha negado cualquier posible irregularidad en su proceder y ha afirmado que «jamás» favoreció a Cursach.

Carbonell dimitió como «número dos» de Turismo el pasado 16 de noviembre, tras presentar su renuncia al responsable de esta área, el econacionalista de MÉS por Mallorca Biel Barceló , que es también el vicepresidente del Ejecutivo autonómico. Cabe recordar que en la presente legislatura gobierna en la Comunidad la socialista Francina Armengol , que cuenta con el apoyo directo del PSOE y de MÉS por Mallorca, así como con el aval externo de Podemos y de MÉS por Menorca.

Por su parte, Cursach y uno de sus colaboradores más próximos, Bartomeu Sbert , comparecieron el pasado lunes también ante el juez para declarar igualmente en calidad de investigados en el marco de una de las piezas separadas del caso Cursach. Dicha pieza separada está centrada en la indagación acerca de presuntos sobornos a funcionarios. Tanto Cursach como Sbert, que se encuentran en prisión preventiva desde marzo, negaron ante el magistrado los supuestos cohechos de los que se les acusa.

Sbert afirmó además ante el juez que cuando fue detenido, en febrero de este año, la Policía Nacional le habría presionado para que incriminase en la macrocausa de la que deriva el caso Cursach al antiguo presidente del PP de Palma. Según Sbert, un agente le habría dicho que quedaría en libertad si implicaba en el caso a Rodríguez.

Coincidiendo con la declaración de Cursach y de Sbert, tuvo lugar una manifestación que partió de los Juzgados centrales de Palma y que llegó a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). El lema de la marcha, en la que participaron unas 300 personas, era «Corrupción en el Juzgado de Instrucción». El objetivo de la protesta era solicitar la detención e inhabilitación del juez Penalva y del fiscal Subirán por, presuntamente, haber coaccionado a testigos y haber manipulado pruebas. Esa manifestación fue criticada por la Unión Progresista de Fiscales y también por las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia. En esa misma línea se pronunció el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, quien dijo que debe respetarse siempre la independencia judicial.

La citada protesta había sido convocada por el abogado Vicente Campaner , después de que el pasado miércoles la mencionada testigo clave del caso Cursach se hubiera puesto en contacto con dicho letrado, para darle una versión radicalmente distinta de la que hasta entonces ella misma había ofrecido sobre los hechos investigados. Así, esta mujer denunció la pasada semana ante Campaner que habría sido «coaccionada» por el juez y el fiscal del caso, quienes presuntamente le habrían dado indicaciones para que declarase contra varios policías que luego serían imputados. De manera sorprendente, la testigo negó ayer martes en un canal de televisión estatal que se hubiera reunido con Campaner . Sin embargo, un vídeo grabado sin que la mujer lo supiera demuestra que ese encuentro sí se produjo.

En cualquier caso, Campaner y otro letrado, José Ignacio Herrero , habían presentado el jueves de la pasada semana ante el TSJIB un escrito en el que ponían en conocimiento de dicho órgano judicial las presuntas coacciones que habría sufrido esta mujer por parte del juez y el fiscal. El escrito se acompañó, un día después, de unas grabaciones hechas por la propia testigo —de manera oculta— en el despacho del magistrado y por la captura de varios «whatsapps» que, supuestamente, le habrían enviado Penalva y Subirán, así como también agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional. Toda esa documentación se presentó para intentar demostrar la presunta existencia de presiones o indicaciones para que dicha testigo declarase en un determinado sentido en sus comparecencias judiciales.

En el citado escrito remitido al TSJIB, los abogados Campaner y Herrero pedían la adopción de varias medidas cautelares, en concreto, la detención del juez y del fiscal del caso, así como también que se retirase a ambos el actual permiso que tienen para portar armas y que además fueran puestos en libertad determinados presos preventivos. Los dos letrados citados habían presentado ya en agosto de este año una querella ante la Sala contra Penalva y Subirán, por los supuestos delitos de prevaricación judicial, falsedad, torturas vindicativas y obstrucción a la Justicia. Dicha denuncia había sido presentada en representación de la hermana de un investigado en el caso Cursach. Con posterioridad, Campaner y Herrero han ido presentando diversas ampliaciones de la querella, que de momento aún no ha sido admitida a trámite.

Por lo que respecta al escrito en el que ambos abogados solicitaban la adopción de medidas cautelares contra el juez y el fiscal, el TSJIB dictó ayer martes un auto en el que rechazó dicha petición. La Sala señaló, en una resolución inusualmente dura, que «la petición de medidas en cuestión cursa con eminente desprecio de la independencia judicial constitucionalmente consagrada a favor de los jueces que tomaron tales decisiones, a reserva de que quepa su anulación o revocación por vía de recurso». En esa misma línea, se añadía que «al solicitar semejantes medidas se desconoce, olvida, o silencia, que no es posible dirigir instrucciones ni prevenciones a los jueces sobre el modo de decidir, salvo la potestad de revisar sus decisiones».

Para el TSJIB, «quien ha presentado la querella pretende eliminar, sin respetar, algunos derechos fundamentales ni las correspondientes exigencias legales sobre competencia y procedimiento». Más adelante, la Sala recalcaba que «la adopción de semejantes medidas cautelares constituiría la invasión indebida (y algo más) de un ámbito jurisdiccional ajeno a este tribunal». El auto concluía indicando que «no habiéndose todavía concluido la presencia de sospechas adecuadas para admitir a trámite la querella, menos podría considerarse que concurren indicios racionales de criminalidad que justifiquen la prisión».

Por otro lado, varios abogados que defienden a algunos imputados en la causa tienen previsto solicitar en los próximos días ante la Audiencia Provincial de Palma la recusación del juez Penalva , al considerar que el magistrado podría haber perdido la objetividad que precisa el desarrollo de cualquier proceso. En esta compleja causa judicial hay en estos momentos en torno a un centenar de personas imputadas. Además, varios testigos habrían sido agredidos o amenazados de muerte en estos últimos meses a raíz de sus declaraciones en la actual fase de instrucción.