El CGPJ admite a trámite la petición de amparo formulada por el juez del caso Cursach

Cabe recordar que el caso Cursach es una derivación de la macrocausa en la que el juez Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán investigan la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá. Formarían también parte de la citada trama antiguos dirigentes locales del PP y funcionarios de distintas administraciones. Según los investigadores, el principal empresario del sector del ocio nocturno en Baleares, Tolo Cursach, habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios a cambio de dádivas y regalos.

En su escrito al CGPJ , el magistrado refería constantes seguimientos, pintadas amenazantes o insultantes en las inmediaciones o en la puerta de su domicilio, e incluso el incendio de un vehículo en el garaje del edificio de viviendas en el que reside. Además, Penalva denunciaba presuntas maniobras que buscarían su descrédito, así como anuncios más o menos velados de denuncias, demandas y querellas. El juez también hacía referencia a la convocatoria de una manifestación pública para el mismo día, el 27 de noviembre, en el que estaban citados para declarar en los Juzgados varios de los investigados —equivalente a imputados— en el procedimiento.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece, en su artículo 14, que «los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial». En el presente caso, la Comisión Permanente del CGPJ ha considerado que, del relato de hechos expuesto por el magistrado, se desprende la existencia de datos y circunstancias que pueden suponer actuaciones inquietantes o perturbadoras de la independencia judicial y que encajan con algunas de las relacionadas en el artículo 319 del Reglamento de la Carrera Judicial.

Con independencia de lo que pueda dictaminar a partir del ahora el CGPJ, cabe recordar que en estas últimas semanas dos órganos judiciales de Baleares se habían pronunciado ya en relación a otras incidencias vinculadas al desarrollo del caso Cursach. Así, el pasado 11 de diciembre la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) dictó un auto en el que desestimó la querella presentada contra el juez y el fiscal de este proceso por presunta falta de imparcialidad. El objetivo último de la citada denuncia, presentada en agosto por la hermana de un imputado, era que Penalva y Subirán fueran apartados de la causa.

También en la citada fecha del 11 de diciembre, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma dictó un auto en el que acordó que Cursach deberá seguir por ahora en la cárcel, en donde se encuentra de forma preventiva desde marzo de este año. La Sala ya denegó en junio poner en libertad al empresario. Más recientemente, el pasado martes, uno de los principales colaboradores de Cursach, Bartomeu Sbert, quedó en libertad bajo fianza tras abonar 500.000 euros.

Con anterioridad, en noviembre, dos abogados vinculados al caso Cursach presentaron sendas recusaciones contra el juez Penalva, al considerar que no habría actuado con la objetividad que precisa el desarrollo de cualquier proceso de instrucción. A lo largo de estos últimos días se han sumado a dicha petición de recusación una quincena de abogados. A la espera de que se resuelvan estos incidentes de recusación, Penalva ha limitado al máximo sus resoluciones referidas al caso Cursach. Si las recusaciones fueran finalmente aceptadas por la Audiencia Provincial, la causa pasaría a ser asumida entonces por otro magistrado.

En ese contexto, cabe recalcar que la Fiscalía Anticorrupción también considera ahora que existirían razones para apartar al juez Penalva del caso. El motivo serían los mensajes de «whatsapp» que la testigo protegida número 31 —considerada clave en el caso— intercambió con el magistrado en estos últimos meses. El escrito en el que el Ministerio Público se pronuncia en ese sentido, entregado esta semana, está firmado por el fiscal Juan Carrau, no por Subirán. Por su parte, el juez Penalva está preparando ya un informe en el que argumentará las razones por las que no acepta las causas de recusación planteadas contra él.