Último asalto del caso Cursach: dos abogados recusan al juez instructor

Cabe recordar que el caso Cursach es una derivación de la macrocausa en la que se investiga la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá. Formarían también parte de la citada trama antiguos dirigentes locales del PP y funcionarios de distintas administraciones . Según los investigadores, el principal empresario del sector del ocio nocturno en Baleares, Tolo Cursach, habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios a cambio de dádivas y regalos.

En esta compleja causa judicial hay en torno a un centenar de personas imputadas . Además, varios testigos protegidos habrían sido agredidos o amenazados de muerte en estos últimos meses a raíz de sus declaraciones en la actual fase de instrucción. Precisamente, el testigo protegido número 29 denunció el pasado miércoles haber sufrido una nueva agresión, tras la que ya padeció meses atrás en el aparcamiento de su casa. En esta segunda ocasión, fue golpeado por un hombre que le propinó un golpe en el rostro y le rompió un diente. Este testigo protegido es un excamarero de la discoteca Tito's que en su momento denunció que policías locales de Palma habrían participado en fiestas privadas con prostitutas y drogas en dicho local. La existencia de esas supuestas fiestas ha sido siempre negada por el director de Tito's, Jaime Lladó.

El juez Penalva ha avanzado ya este viernes que no aceptará la recusación solicitada contra él , por lo que previsiblemente presentará una alegación para poder seguir con la instrucción de la causa. Por tanto, como se ha señalado ya, será la Audiencia Provincial la que deba pronunciarse sobre este asunto. En cualquier caso, el magistrado ha decidido paralizar, de forma momentánea, las comparecencias que estaban ya programadas.

Uno de los dos incidentes de recusación ha sido presentado por el abogado de uno de los colaboradores más próximos de Cursach, Bartomeu Sbert. Ambos empresarios comparecieron el pasado lunes ante el juez Penalva para declarar en calidad de investigados —equivalente a imputados— en el marco de una de las piezas separadas del caso Cursach. Dicha pieza separada está centrada en la indagación acerca de presuntos sobornos a funcionarios . Tanto Cursach como Sbert, que se encuentran en prisión preventiva desde marzo, negaron ante el magistrado los supuestos cohechos de los que se les acusa.

Sbert afirmó además el lunes ante el juez que cuando fue detenido, en febrero de este año, la Policía Nacional le habría presionado para que incriminase en la macrocausa de la que deriva el caso Cursach al antiguo presidente del PP de Palma, José María Rodríguez. Según Sbert, un agente le habría dicho que quedaría en libertad si implicaba en el caso a Rodríguez . Por su parte, el abogado de Sbert, Antonio Martínez, ya había anunciado el mismo lunes que recusaría al juez instructor en el marco de la pieza principal de la causa. Todo apunta a que la práctica totalidad de las defensas de otros imputados se adherirán en breve a esa decisión.

En el escrito en el que el abogado de Sbert plantea la recusación del juez Penalva , se indica que «las resoluciones dictadas por el magistrado han perdido toda razonabilidad jurídica y muestran no sólo su interés, sino su obsesión». Para dicho letrado, existiría una enemistad manifiesta con las partes por parte del juez, quien además tendría un interés directo o indirecto en este caso. Para avalar esa tesis, el abogado de Sbert hace referencia, entre otras cuestiones, a los mensajes de «whatsapp» que la testigo protegida número 31 —considerada clave en el caso— intercambió no sólo con el magistrado, sino también con el fiscal de la causa, Miguel Ángel Subirán, y con agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional.

Coincidiendo con la declaración de Cursach y de Sbert ante el magistrado, el pasado lunes tuvo lugar una manifestación para solicitar la detención e inhabilitación del juez Penalva y del fiscal Subirán por, presuntamente, haber coaccionado a testigos y haber manipulado pruebas. En la marcha, cuyo lema era «Corrupción en el Juzgado de Instrucción», participaron unas 300 personas. Esa manifestación fue criticada por la Unión Progresista de Fiscales y también por las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia, así como por el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló.

La existencia de los mencionados «whatsapps» fue conocida la pasada semana, cuando «Última Hora» publicó que la citada testigo clave se había puesto en contacto con un abogado de la causa, Vicente Campaner, para darle una versión radicalmente distinta de la que hasta el pasado mes de noviembre ella misma había ofrecido sobre los hechos investigados. Así, esta mujer denunció ante Campaner que habría sido «coaccionada» por el juez y el fiscal del caso, quienes presuntamente le habrían dado indicaciones para que declarase contra varios policías que luego serían imputados. En el enésimo giro de este caso, la testigo negó el pasado martes en un canal de televisión estatal que se hubiera reunido con Campaner días atrás. Sin embargo, un vídeo grabado sin que la mujer lo supiera demuestra que ese encuentro se produjo.

En cualquier caso, Campaner y otro letrado, José Ignacio Herrero, habían presentado ya el jueves de la pasada semana un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) en el que ponían en conocimiento de dicho órgano judicial las presuntas coacciones que habría sufrido esta mujer por parte del juez y el fiscal. El escrito se acompañó de unas grabaciones hechas por la propia testigo —de manera oculta— en el despacho del magistrado y por los citados «whatsapps». Toda esa documentación se presentó para intentar demostrar la presunta existencia de presiones para que dicha testigo declarase en un determinado sentido en sus comparecencias judiciales.

En el escrito remitido al TSJIB por los abogados Campaner y Herrero, se pedía la adopción de varias medidas cautelares, en concreto, la detención del juez y del fiscal del caso , así como también que se retirase a ambos el actual permiso que tienen para portar armas y que además fueran puestos en libertad determinados presos preventivos. Los dos letrados citados habían presentado ya en agosto de este año una querella ante la Sala contra Penalva y Subirán. Dicha denuncia había sido presentada en representación de la hermana de un investigado en el caso Cursach. Con posterioridad, Campaner y Herrero han ido presentando diversas ampliaciones de la querella, que de momento aún no ha sido admitida a trámite. Herrero ha sido, precisamente, el otro letrado que ayer jueves presentó un incidente de recusación contra el juez Penalva, por «falta de imparcialidad».

La petición de que fueran adoptadas medidas cautelares contra el juez y el fiscal fue desestimada por el TSJIB el pasado martes . La Sala señaló, en un auto inusualmente duro, que «la petición de medidas en cuestión cursa con eminente desprecio de la independencia judicial constitucionalmente consagrada a favor de los jueces que tomaron tales decisiones, a reserva de que quepa su anulación o revocación por vía de recurso». En esa misma línea, se añadía que «al solicitar semejantes medidas se desconoce, olvida, o silencia, que no es posible dirigir instrucciones ni prevenciones a los jueces sobre el modo de decidir, salvo la potestad de revisar sus decisiones».

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado miércoles una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma contra la mencionada testigo clave del caso Cursach , al considerarla presunta autora de un delito de falso testimonio. La denuncia presentada por el Ministerio Público contra dicha testigo se basa esencialmente en un reciente informe realizado por la Policía Nacional, que concluyó que esta mujer mintió cuando afirmó que dos inspectores la habrían amenazado en nombre de Cursach . En los próximos días se abrirá una causa penal contra esta testigo, que será citada para declarar por este asunto en calidad de investigada.

La testigo clave del caso Cursach es la misma persona que este verano denunció que dos ex políticos locales del PP habrían acudido años atrás, en varias ocasiones, al prostíbulo que ella misma regentaba junto con una antigua socia . Dichos políticos habrían participado, según su testimonio, en orgías con prostitutas, alcohol y drogas supuestamente financiadas por Cursach. Los dos antiguos cargos políticos locales siempre han negado de manera rotunda esos supuestos hechos.

Además, en los últimos días han surgido dudas acerca de la veracidad de la agenda manuscrita en la que se habrían registrado datos como las fechas en las que dichos políticos habrían acudido a ese burdel o el coste de los servicios prestados. Las anotaciones conjuntas de las propietarias del prostíbulo corresponderían, según declaró la mencionada testigo, al periodo comprendido entre 2014 y 2016. Sin embargo, su socia falleció en febrero de 2012, según consta en el Registro Civil de Palma.

Por otro lado, este viernes se ha celebrado una vista en la Audiencia Provincial en la que el abogado de Cursach, Enrique Molina, ha solicitado de nuevo que su cliente sea puesto en libertad , petición a la que se ha opuesto la Fiscalía al entender que existiría un posible riesgo de fuga o de alteración de pruebas por parte del empresario. La Sala, que ya denegó en junio poner en libertad a Cursach, deberá pronunciarse ahora otra vez sobre esta cuestión.