CCOO denuncia la amnistía de la Transición y apoya actos en los que se exige para etarras

La federación valenciana de CCOO anunció este martes en rueda de prensa que recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para que se investiguen «torturas» que, según este sindicato, sufrieron una decena de sus militantes en el franquismo. Uno de los argumentos que esgrime es que la Ley de Amnistía de 1977 es «inconstitucional», postura compartida por el Gobierno valenciano , cuya consejera de Calidad Democrática y líder de IU en la región, Rosa Pérez, respaldó este acto.

En realidad, se trata de una enmienda en toda regla, casi medio siglo después, al papel del PCE y CCOO en la Transición, que no en vano fueron decisivos para esa Ley de Amnistí a. Prueba de ello es que esta reivindicación de toda la oposición al franquismo fue la primera medida que aprobó el primer Parlamento democrático tras la dictadura.

Las elecciones generales se celebraron en junio de 1977 y justo cuatro meses después el Congreso aprobó la Ley de Amnistía por una mayoría incontestable de 296 votos a favor –incluida toda la izquierda y los nacionalistas– y sólo dos en contra, además de la abstención de Alianza Popular (AP).

El encargado de defender la postura del PCE fue nada menos que Marcelino Camacho, que un año antes había sido elegido secretario general de CCOO. Fue de los que más y mejor defendió la misma Ley de Amnistía que ahora desprecia por «inconstitucional» el mismo sindicato que dirigió durante más de una década.

Camacho celebró entonces esa ley como la «pieza capital de la política de reconciliación nacional» para borrar el pasado «de una vez para siempre». «Es la amnistía que el país reclama», proclamó en el Congreso el líder sindical y diputado comunista . Prácticamente idéntico a lo que dijo el Tribunal Constitucional hace apenas una década, cuando en 2012 sentenció que esa Ley de Amnistía es un «pilar básico e insustituible de la Transición española».

Esta norma, aprobada en octubre de 1977, amnistió no sólo crímenes del régimen franquista, sino otros protagonizados por la izquierda durante la Guerra Civil, como la matanza de Paracuellos del Jarama (Madrid). También se beneficiaron de ella organizaciones terroristas de extrema izquierda: hasta un centenar de crímenes cometidos por ETA, los Grapo o Terra Lliure quedaron impunes y sus autores en libertad, lo que algunos aprovecharon para seguir matando después.

Todo ello al mismo tiempo que CCOO participa en manifestaciones en las que se exige otra amnistía, en este caso para los 185 condenados de ETA que siguen en la cárcel. Así quedó patente el pasado 8 de enero, cuando la plataforma de apoyo a los presos etarras, Sare, celebró manifestaciones a favor de ellos por todo el País Vasco y Navarra.

La más importante se celebró en Bilbao y contó, entre otros, con el apoyo explícito de CCOO, que participó en ella con una delegación encabezada por miembros de su Ejecutiva regional. En ese acto, como en todos los del entorno proetarra, se corearon reiteradamente consignas a favor de la «amnistía general» para los condenados y fugados de ETA .

La legislación española prohíbe esa figura excepcional cuando ya hay en nuestro país un Estado de Derecho democrático y consolidado. La propia Constitución impide incluso los indultos generales en su artículo 62.