Los siete magistrados del Tribunal Supremo que enjuician el «procés» - EFE / Vídeo: La presión mediática nacional e internacional marca uno de los juicios más importantes de la historia de España

El «backstage» del tribunal del «procés»

Los siete magistrados se han preparado a conciencia y se han aislado de la presión

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Cuatro son las características que corresponden a un juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente…»

Esta vieja máxima de Sócrates ha sido la que, traducida a su propio estilo, impartió en las semanas previas al histórico juicio del «procès» el presidente de la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo, el grancanario Manuel Marchena Gómez, 59 años. Los siete magistrados han sido y son muy consciente de que se trata de un juicio «histórico» y que su decisión marcará un antes y un después para este tipo de delitos en España.

Pero también de la enorme presión mediática nacional e internacional que conlleva el hecho sin precedentes desde la restauración democrática de haber sentado en el banquillo a 12 dirigentes independentistas catalanes bajo la acusación de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia reiterada a las decisiones judiciales.

¿Cómo han preparado estos seis hombres y una mujer el juicio del siglo? Se trata de magistrados con amplísima experiencia profesional vistiendo toga, con una media de 63 años.

Serenidad

«Los siete miembros éramos muy conscientes de que vamos a tener todos los ojos del mundo encima de nuestras togas… Somos profesionales veteranos y aunque es verdad que se trata de un juicio “especial” por las razones conocidas por todos, lo hemos afrontado con mucha serenidad y, sobre todo, conocimiento de los hechos que motivaron esta causa…», subraya uno de los componentes de la Sala II del Supremo.

Los siete magistrados no ignoraban lo que les esperaba. Cualquier fallo de alguno de ellos –tanto en la Sala como fuera de ella– sería blandida talibanamente para poner en cuestión el juicio, conscientes también de que su sentencia, sea la que fuere, acabará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De modo, que ya en la primera jornada el presidente en las cuestiones previas dejó explayarse a las defensas sin límite, «con más generosidad en el tiempo del que concede el TEDH...» Se habían preparado también psicológicamente para recibir epítetos de toda índole como así se pudo comprobar en las tres primeras jornadas del juicio.

De ahí, que durante tres semanas seguidas, el presidente Marchena Gómez aligerara el trabajo de los magistrados que entienden el caso para que se pudieran dedicar a estudiar en exclusiva todas las referencias remitidas por el juez instructor, así como los miles de documentos redactados por los protagonistas de la causa, entre ellos, los informes de la Policía y la Guardia Civil… «Se trataba de posibilitar que los magistrados acudieran a la vista oral con el mayor grado de conocimiento posible del caso…».

Es decir, que Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio Del Moral García, Luciano Varela Castro, Andrés Palomo del Arco, Ana Ferrer García y Andrés Martínez Arrieta, fueron liberados de redactar ponencias en las tres semanas anteriores en casos «ordinarios» llegados a la referida Sala II del Tribunal Supremo.

Liberarse del eco político

Los magistrados que tienen en sus manos el futuro judicial de los doce acusados de intentar subvertir el orden constitucional y de dar un golpe de Estado desgajando el territorio catalán de España conocen perfectamente la incidencia posible de sus sentencias en el calendario político. «Nosotros nos aislamos de todo eso…», insiste otro miembro del Tribunal. «Nosotros estamos para escuchar lo ocurrido y aplicar la ley al margen por completo de cualquier interés político que pudiera darse…»

En este sentido, la Sala acordó que la fase de la vista oral esté concluida a ser posible antes del próximo mes de mayo; hay que recordar que el día 26 de ese mismo mes hay convocadas elecciones municipales, autonómicas y europeas. Y el pasado viernes a las 10 horas el presidente Sánchez convocaba comicios legislativos para el 28 de abril. A tal efecto, los seis miembros del Tribunal aceptaron el calendario de trabajo propuesto por el presidente de habilitar todos los días de la semana, sábados si fuera necesarios, para los interrogatorios de los acusados, la deposición de testigos y el resto de actuaciones en una vista oral de este calibre. El objetivo es evitar, en lo posible, que el juicio al «procés» influya lo menos posible en los resultados electorales.

Esto es, que la profesionalidad e imparcialidad de los jueces esté por encima de toda sospecha, si bien tampoco se ignoran las acusaciones de todo tipo, incluidas las «ad hominem» contra el propio presidente de la Sala que se han vertido y se siguen vertiendo al respecto.

Catering a bordo

Para evitar «exposiciones» públicas innecesarias el presidente propuso a sus compañeros juzgadores que los almuerzos se llevaran a cabo dentro de las propias dependencias de la Sala II mediante un servicio de catering previamente contratado, catering que será el mismo también para los acusados.

Entendieron los magistrados que salir a comer cada uno por su lado o todos juntos en restaurantes próximos a la Plaza de la Villa de París conllevaría una «exposición» añadida y el riesgo de estar sometidos a una presión mediática por parte de los profesionales que no favorecería el clima de tranquilidad necesario para entender una causa de las dimensiones que tienen la responsabilidad de juzgar.

Al mismo tiempo, mientras dure el juicio oral y las posteriores deliberaciones, hay una especie de juramentación para llevar una vida discreta en sus ocupaciones diarias. Es decir, aplicar el viejo aforismo jurídico sobre la mujer del césar. Parece claro que nadie se tomará vacaciones mientras dure el proceso y el post-proceso.

Todos conocen la vieja máxima acuñada por sir Francis Bacon: «El buen juzgador debe tener en la mano la ley y el entendimiento en el corazón…».