La posverdad de Oriol Junqueras

El líder de ERC renunció a defenderse jurídicamente para ser un mártir de la causa independentista. Ignoró todas las ilegalidades de los líderes del «procés», manipuló conceptos políticos, se atrevió a decirles a los jueces qué es delito y qué no lo es, y envolvió sus palabras con referencias culturales y religiosas, con alusiones al poeta italiano Dante Aligheri o al presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson . Fue la primera declaración de la vista en la que la Sala Penal del Tribunal Supremo enjuicia el plan secesionista ilegal. Esta es la posverdad –la distorsión de la realidad– de Junqueras.

Un argumento repetido por el entorno del independentismo, que busca deslegitimar a la Justicia y equiparar a España con un régimen autoritario que persigue por sus ideas a los disidentes políticos. El motivo no se sostiene.

España se configura como un Estado social y democrático de Derecho , en el que rige el principio de legalidad, según el cual los poderes públicos están sometidos a las leyes. En los muros del Derecho Penal , en los que se encuadra el juicio al «procés», esto significa que no se puede castigar niguna acción si no está prevista en la legislación. Así sucede en este caso, en el que se han acumulado indicios sólidos de que los acusados cometieron los delitos de rebelión, sedición y malversación, todos previstos en el Código Penal. La sentencia resolverá si se cometieron.

En sus resoluciones, el Tribunal Supremo ya ha rebatido esta tesis. «No existe persecución por las ideas. No se criminaliza una ideología. De hecho, la ideología que con tanta legitimidad democrática profesan los recurrentes sostiene ahora al mismo gobierno autonómico», argumentó el Alto Tribunal en una resolución en la que rechazó la comparación con el líder kurdo Demirtas , encarcelado por Turquía. En la segunda sesión del juicio, la Fiscalía atacó esta posición. «Nadie es perseguido aquí por sus ideas, sino por sus acciones», entonó el fiscal Javier Zaragoza , que remarcó que los políticos deben cumplir el Código Penal como cualquier otro ciudadano. El otro representante del Ministerio Público, Fidel Cadena, recordó que la Constitución española no es militante –permite las ideologías que pretenden derogarla–, pero siempre que sea a través de los cauces legales. Lo que está en juego en este proceso es el respeto a las reglas.

Junqueras invocó un supuesto derecho de autodeterminación que el Derecho Internacional no contempla para la situación de Cataluña. La doctrina de Naciones Unidas y las normas de Derecho Internacional reconocen este derecho a los pueblos de los territorios coloniales o a aquellos sometidos a la dominación o explotación extranjeras, dos circunstancias que no se dan en este caso.

Ninguna norma internacional consagra el derecho de una entidad subestatal a separarse, una circunstancia que queda supeditada a los mecanismos del ordenamiento interno de cada país.

El acusado se puso el traje de jurista y citó el artículo 10.2 de la Constitución , que obliga a España a interpretar sus leyes según los tratados internacionales suscritos en materia de derechos fundamentales. Esa regla no significa la asunción de un derecho de autodeterminación acotada a los escenarios coloniales, que no es además ningún derecho fundamental ni humano.

En la sentencia del 9-N , el Supremo explicó que los derechos de participación política –que podrían aglutinar esas supuestas reivindicaciones ciudadanas– se ejercen siempre «según las leyes».

Nadie acusa a los líderes del «procés» de votar. La Fiscalía considera que Junqueras y los demás miembros del Govern alentaron el referéndum ilegal del 1 de octubre como parte de un plan delicitivo mayor para alcanzar la secesión fuera de los cauces legales y mantuvieron su celebración a pesar de que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional y de la previsión de que habría brotes de violencia. Los miembros del Govern eran «plenamente conscientes de la ilicitud del proceso de secesión que venían impulsando, de la patente ilegalidad de la iniciativa referendaria, y de la altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos», alega el Ministerio Público. El 7 de septiembre, el Constitucional suspendió la ley catalana del referéndum y su decreto de convocatoria, y advirtió a los entonces gobernantes catalanes de su obligación de impedirlo o paralizarlo, si no querían incurrir en responsabilidades penales.

El Ministerio Público considera el 1-O un hito en el proceso indiciariamente delictivo que culminó en la declaración unilteral de independencia de forma ilegal, pues era necesario para llegar a ella según el plan del «procés».

Al tratar de impedir el referéndum, la Policía cumplía el mandato de la Justicia –tanto de la Fiscalía como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenó a todos los cuerpos policiales frustrar la votación– en un claro ejercicio del monopolio de la fuerza del que gozan los poderes del Estado, siempre regulado y regido por los límites y condiciones que marcan las leyes. La Policía Nacional y la Guardia Civil cumplieron órdenes judiciales y no cometieron, obviamente, ningún delito.

Junqueras describió los sucesos del 20 de septiembre de 2017 como una especie de romería rural en la que se cantó el virolai, un himno en honor a la Virgen María de Montserrat , la patrona de Cataluña, una jornada festiva.

Nada más lejos de la realidad. Aquel día, según los atestados de la Guardia Civil y el relato de la Fiscalía, una masa de 60.000 militantes independentistas rodeó la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat, que estaba siendo registrada por agentes de la Guardia Civil por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

La masa impidió que los arrestados estuvieran presentes en los registros, y retrasó la salida de la comitiva judicial . Algunos agentes no pudieron abandonar el lugar hasta las siete de la mañana del día siguiente. La letrada de la administración de Justicia tuvo que escapar por la azotea de la Consejería y camuflarse entre el público de un teatro cercano. Los manifestantes destrozaron además dos vehículos oficiales de la Guardia Civil, a los que se subieron Jordi Sànchez y Jordi Cuixart para dirigir sus discursos a la multitud.

El gobierno catalán, entonces presidido por Carles Puigdemont , es el órgano de gobierno de la comunidad autonóma catalana. Como tal, es una institución pública española, sometida al principio de legalidad y al principio de lealtad institucional mutua con el Estado, recogido en el artículo 3 del Estatuto de Autonomía catalán. La comunidad autonóma catalana ejerce su autogobierno «de acuerdo con la Constitución» y con las leyes, y debía impedir el 1-O.