Incidentes en el casco viejo de Pamplona en una imagen de archivo
Incidentes en el casco viejo de Pamplona en una imagen de archivo - P. OJER

La Audiencia Nacional enjuiciará en mayo por terrorismo los actos de «kale borroka» en Pamplona en 2017

El Ministerio Público solicita siete años de prisión para cuatro acusados por los disturbios y barricadas en el casco viejo

MadridActualizado:

La Audiencia Nacional enjuiciará los próximos 21 y 23 de mayo por terrorismo a cuatro acusados por la «kale borroka» que inundó el casco viejo de Pamplona el pasado 11 de marzo de 2017. Una manifestación no autorizada del colectivo radical «Errepresioaria Autodefensa», que engloba a sectores de la izquierda abertzale descontentos con Bildu, derivó en lanzamiento de piedras y botellas contra la policía y en barricadas con la quema de contenedores.

«En el transcurso de la manifestación un grupo de individuos con las tareas perfectamente distribuidas y que usaban guantes, embozados mediante capuchas y camisetas que ocultaban su rostro, actuando con el propósito de alterar de forma grave la paz y tranquilidad ciudadana, realizaron violentos incidentes de orden público y ataques perfectamente organizados y planificados contra las Fuerzas de Seguridad y causaron daños en diversos bienes mediante el lanzamiento de piedras, botellas de cristal y artificios explosivos pirotécnicos que motivaron que tuvieran que acudir los Bomberos ante el posible incendio de edificios y bienes», relata el fiscal del caso, José Perals, en el escrito de acusación con el que solicita siete años de prisión por el delito de desórdenes públicos a los cuatro acusados.

Los acusados (Asier Petrirena, Rubén Iglesias, Endika Etura y Julen Prado) «participaron en estas acciones en el ámbito de la campaña de violencia (kale borroka) que estaba previsto desarrollar por el entorno de la izquierda radical abertzale y que había anunciado desde días antes. Y así, los acusados se desplazaron a Pamplona desde la provincia de Guipúzcoa, donde residían, el mismo día 11 de marzo de 2017 para participar en la manifestación que se inició sobre las 18.30 horas en la Plaza San Francisco de Pamplona con la intención de provocar disturbios en la ciudad», explica el representante del Ministerio Público, el mismo fiscal que acusa a los supuestos agresores de Alsasua por delitos de lesiones y amenazas terroristas.

Los hechos fueron investigados por la juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, quien asumió la instrucción al apreciar indicios de terrorismo, un delito que justifica la competencia de este tribunal. La juez de instrucción número 4 de Pamplona, que inició la investigación, se inhibió del caso al apreciar también terrorismo.

Los actos investigados tuvieron lugar el pasado 11 de marzo, cuando un grupo de encapuchados provocaron disturbios en el casco viejo de la ciudad de Pamplona, y atacaron a los agentes. Los manifestantes, entre ellos Petrirena, Iglesias y Etura -que se desplazaron desde el municipio de Rentería y fueron arrestados ese mismo día-, lanzaron múltiples piedras y botellas contra los policías y montaron barricadas con contenedores, lo que provocó lesiones en los agentes y daños, una escena que recordó a antiguas actuaciones de la «kale borroka».

Los jueces investigadores concluyeron que los manifestantes buscaron con sus disturbios «subvertir el orden constitucional y alterar la paz pública», una finalidad que justifica la existencia del delito de terrorismo. Además del colectivo Errepresioari Autodefentsa, también estuvieron presentes miembros de la peña radical de Osasuna, Indar Gorri, el sindicato de estudiantes Ikasle Abertzaleak y, sobre todo, la escisión violenta de Sortu, ATA (Movimiento por la Amnistía y contra la Represión). En un momento dado, varios jóvenes sacaron hasta cinco sacos de piedras y decenas de cohetes y vengalas que fueron lanzados contra los agentes de la Policía Nacional. Los disturbios se prolongaron por más de hora y media y en el transcurso de los mismos se produjeron daños en el mobiliario urbano, cajeros, establecimientos e incluso portales de viviendas. Los cuatro jóvenes de Rentería fueron detenidos cuando cruzaban un contenedor.

En el escrito de acusación, el fiscal invidualiza la participación de los cuatro acusados en los disturbios, detalla les lesiones causadas en los agentes y los daños en los inmuebles, que afectaron a viviendas, establecimientos y sucursales bancarias y que cifra en unos 30.000 euros. También solicita que en el juicio oral, el momento de la verdad, testifican agentes de la Policía y los médicos forenses.