El archivo del «soplo» a ETA pondría en peligro ocho años de investigación policial

Estas dos partes siguen adelante -Garzón imputó a 24 personas, entre ellas varios empresarios, el pasado octubre, por integración o colaboración en organización terrorista y amenazas, y exoneró a otras once, incluido el dirigente del PNV Gorka Agirre-, pero existe más que preocupación por que el juez decida cerrar en falso todo el «Faisán».

El sumario, al que ha tenido acceso ABC, incluye años de grabaciones de vídeo, cientos de escuchas y seguimientos, documentos intervenidos a dirigentes de la banda, entre ellos José Fernández Iradi, «Susper» o Francisco Javier García Gaztelu, «Txapote»; remesas de cartas de extorsión y justificantes de pago de empresarios acreditados por la banda («salvoconductos» que eximen de atentados); informes periciales de Policía Científica que acreditan la procedencia de los envíos; cotejos de huellas y documentos de etarras, que se remontan a los años 80, como las de Eloy Uriarte, «señor Robles»; declaraciones de miembros de la banda en las que se señala a algunos de los pagadores, entre ellos cocineros, y lo que constituyen gran parte del sumario: escuchas policiales entre todos los implicados y con terceros, como las del dirigente del PNV ya fallecido, Gorka Agirre. Además de hablar de supuestos pagos (en lenguaje críptico) y de cuestiones personales, algunos de los implicados actúan como «oficina de empleo» de etarras que están pasando por un mal momento.

Garzón tiene a su disposición ocho años de investigación sobre la maquinaria de extorsión de ETA, pese a las sombras del auto de imputación, que ya rebajó mucho las expectativas al levantar las sospechas sobre una decena de personas. El sumario recoge las remesas de cartas de chantaje emitidas entre 2001 y 2005 por parte del aparato financiero (Gezi) de ETA. Las cantidades reclamadas oscilan desde los 12.000 euros hasta cifras astronómicas que se exigieron a algunas de las víctimas.

«Guarde este recibo»

No están acreditados todos los que pagaron -Garzón acusa a ocho empresarios- pero sí aquellos que lo hicieron y a los que ETA proporcionó una especie de «recibo» con curiosas notas. Un ejemplo es el que envió al directivo de Azkoyen, procesado, Ignacio Moreno en la que la banda le confirma que ha recogido 37.000 millones de pesetas (en libras, dólares y francos) y, por tanto, ha hecho frente a los pagos exigidos. La nota reza: «Guarde este recibo, por si necesita presentar».

Sacarlos de los objetivos

Hay otras cartas en las que el empresario ya ha intentado ponerse en contacto pero no ha pagado aún (le pedían cuatro millones). ETA le recomienda, en ese caso, que junto al dinero incluya un número identificativo «para que sepamos que el dinero es tuyo y recibirás el comprobante/ justificante». Los planos, indicaciones y lugares de cita también aparecen con bastante frecuencia.

Cuando los pagos ya han sido satisfechos, Gezi, el aparato financiero, se encarga paralelamente de enviar un recordatorio a los cobradores (red integrada tanto por miembros legales como por colaboradores) para que la empresa ya no esté en la lista de objetivos. En esas fichas la banda introduce nombre, dirección postal y sede comercial de la firma extorsionada para que no queden dudas. Como es sabido algunas empresas han sido extorsionadas reiteradamente.

Y no sólo se trata de empresarios vascos y navarros. En el sumario figuran decenas de denuncias de empresarios aragoneses chantajeados de forma masiva entre 2003 y 2004, en una campaña dirigida a todo tipo de sectores. En el sumario no figuran pagos acreditados de estos empresarios. La Policía aporta información patrimonial de los principales implicados, sobre su situación laboral, en desempleo en algunos casos, pero que no les impide recibir ingresos millonarios en sus cuentas corriente, caso de Elosúa. Ese dinero para los investigadores sólo tiene una procedencia: la extorsión.