El PSOE se oculta tras el pacto contra el terrorismo para eludir explicaciones

De entrada, el Grupo parlamentario Popular ha pedido la comparecencia del ministro de Interior para que explique si va a adoptar alguna medida con el fin de recabar pruebas dirigidas a la identificación del autor del «chivatazo» a la red de extorsión de ETA en 2006. También solicita la comparecencia urgente del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado. Los populares esperan que Francisco Caamaño valore la decisión de la Fiscalía de pedir el archivo del «caso Faisán», y quieren que Cándido Conde-Pumpido explique el criterio de la Fiscalía sobre «la no investigación y persecución de delitos relacionados con la banda terrorista ETA».

La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostró partidaria de «depurar responsabilidades» en el Ministerio del Interior sobre el «chivatazo», un asunto que calificó de «muy grave». La dirigente popular apuntó que «si después de tres años de investigación del caso la decisión del Fiscal General del Estado es pedir el archivo, es porque o no se ha investigado como debiera o alguien está ocultando lo que pasó». Un hecho que contrastó con el «celo investigador en los asuntos que afectan al Partido Popular».

Sáenz de Santamaría pidió a Rubalcaba y a Caamaño que no se refugien en el Pacto contra el terrorismo para no dar explicaciones y afirmó que la lucha antiterrotista se refuerza si se conoce qué pasó «para que un supuesto terrorista que llevaba dinero de unas extorsiones fuera avisado para no ser detenido».

«Ya está bien»

Por el Grupo Socialista, su portavoz, José Antonio Alonso, rechazó las comparecencias que acababa de pedir Sáenz de Santamaría y acusó a los populares de «cargar contra el Pacto antiterrorista, el instrumento más eficaz en la lucha contra ETA». «Ya está bien, señores del PP», subrayó. Alonso cree que los populares tienen «una fuerte adicción a la amenaza, están todo el día amenazando», y les pidió que dejen trabajar tranquilamente a la Policía, a la Guardia Civil, los jueces y los fiscales.

En la mismo línea que el PSOE se manifestó el portavoz de IU, Gaspar Llamazares. Recordó que la lucha antiterrorista se había salvado hasta el momento de los enfrentamientos partidistas en el Parlamento, y pidió que esto continuara así porque volver al clima de la legislatura anterior sería dar un paso atrás. «Que la política contra ETA no se convierta en política de partido o de venganza hacia la fiscalía e Interior por el caso Gürtell», pidió el diputado de IU.

El ministro Rubalcaba prefirió quedarse con que la lucha contra ETA «va por el buen camino» y apuntó que ningún implicado en el «caso Faisán» logró escapar en la operación de mayo de 2006.