Los acusados piden anular el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano

«¿Se hubiera llegado a investigar y a acusar al señor Costa si no llegar a ser por esas escuchas?», ha planteado en voz alta uno de los dos abogados de Costa, para quien la Fiscalía pide siete años y nueve meses de prisión por delitos electorales, de falsedad documental y delitos fiscales. Las defensas de los demás antiguos altos cargos del PP valenciano han alegado la prescripción de los delitos sobre la mesa. Tras estos planteamientos de forma, que buscan que el juicio no se celebre, sin entrar al fondo del asunto, tendrán lugar los interrogatorios de los acusados.

Con la misma intención, los letrados de Pablo Crespo , el número dos de la red corrupta, y de Álvaro Pérez, alias «el Bigotes» , el encargado de la trama en Valencia, también han pedido la nulidad del juicio, por la ilegalidad de la investigación del exjuez Baltasar Garzón. Estos letrados han argumentado que las grabaciones de las conversaciones entre los cabecillas de la Gürtel y sus abogados, por las que fue condenado Garzón, quebraron «irreversiblemente» el derecho a la defensa. También han denunciado que los tribunales entregaron el caso Gürtel a este magistrado, sin respetar las normas de reparto, lo que vulnera el derecho a un juez predeterminado por la ley y a un proceso justo, al contaminar toda la causa.

Estos argumentos ya fueron expuestos en las cuestiones previas planteadas en el juicio por las actividades de la primera época de la trama Gürtel. No fueron, sin embargo, tenidas en cuenta por la Audiencia Nacional, quien avaló que la investigación se realizó con todas las garantías para ser una causa justa.

Estas alegaciones no han sido apoyadas por el abogado del principal cabecilla de la trama, Francisco Correa , una posición que busca reforzar su reconocimiento de los hechos, en busca de una posible atenuación en la petición de pena de la Fiscalía. El Ministerio Público, que en un principio solicitaba 24 años de cárcel para Correa, ha supeditado una posible rebaja en sus tesis a lo que suceda durante la vista oral.

Los abogados de los empresarios que han reconocido las acusaciones, como Gabriel Alberto Batalla o Enrique Ortiz , han apuntado que el acuerdo con la Fiscalía incluye la sustitución de las penas, no superiores a dos años, por una multa. Según han expuesto en la primera jornada de la vista oral, ese intercambio fue «esencial» para firmar el pacto, pues ello evitará que los empresarios ingresen en prisión.

Estos alegatos de forma han protagonizado las primeras horas del juicio que resolverá si el PP de la Comunidad Valenciana se saltó las normas para financiar las campañas de las elecciones municipales autonómicas del 2007 y de las generales del 2008. Veinte personas, entre ellas cinco antiguos altos cargos del partido, como Costa o Vicente Rambla, se sientan en el banquillo de los acusados en una de las salas de la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.

El juicio llega marcado por la confesión de nueve empresarios acusados , quienes han admitido que realizaron pagos irregulares al PP valenciano para sufragar aquellas campañas, entre ellos Vicente Cotino, el sobrino del expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino. Con este reconocimiento, los empresarios verán reducida hasta los dos años la petición de pena de la Fiscalía, que apuntala así sus tesis y allana su labor de acusación. Para arrojar luz sobre lo sucedido serán testigos, entre otros, el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el antiguo tesorero del PP Luis Bárcenas.