Un empresario dice que la trama amenazó con enviarle un sicario si denunciaba

Así consta en un informe de la Agencia Tributaria que forma parte del sumario del 'caso Púnica', al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se reproduce la declaración que Miguel Tercedor, administrador de Ademo Asesoría Integral S.L., prestó voluntariamente el 7 de julio por los trabajos que su compañía facturó a Vancouver Gestión, vinculada a Marjaliza y que ascendieron a 1.879.997 euros entre 2004 y 2005.

Este hombre explicó que nunca llegó a contactar con David Marjaliza puesto que el intermediario era Emilio Taravillo, con quien guardaba amistad desde hacía años y quien al conocer la "precaria" situación económica en la que se encontraba le ofreció hacer facturas falsas por servicios no prestados.

"En 2004 estaba yo en una situación desesperada y a duras penas podía pagar el alquiler de mi casa, que ya había enervado una acción de desahucio y corría el riesgo de quedarme en la calle con la familia, por lo que sucumbí a la tentación", prosigue Tercedor, para añadir que hizo facturas que no correspondieron a "trabajos verdaderamente realizados, sino que eran meramente financieras".

"Ademo facturaba a las distintas empresas, que a la postre se quedaban con el 100 % del IVA y el 90 % del principal, del diez por ciento del principal restante que se quedaba Ademo, la mitad se entregaba a Emilio Taravillo", detalló.

Según dijo, cuando transmitió su deseo de confesar ante las autoridades, el intermediario de la red le advirtió "en varias ocasiones que esta gente es muy poderosa y contratar a un rumano o a un sicario colombiano cuesta 1.000 euros o menos". "Aunque no lo dijo expresamente, me dio a entender el peligro que corría yo y mi familia", remachó.

En ese momento, le dijeron que "David había prometido 600.000 euros si todo salía bien", aunque él nunca llegó a creérselo. Este administrador, que sufrió tres robos de documentos y ordenadores portátiles, constató que fue un error guardar silencio, "pudo la vergüenza" y decidió acudir a las dependencias tributarias a "revelar la verdad".

Según los autos de prisión de Velasco, las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno a Granados y Marjaliza se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.