El rechazo en frontera de inmigrantes entrará en vigor a finales de febrero

La disposición que así lo regula fue el jueves una de las más criticadas durante la sesión parlamentaria que abordó esta normativa, tachada de « mordaza », «represora» e «innecesaria» por la oposición, que votó en bloque en contra del texto y, en caso de PSOE y La Izquierda Plural, anunció su derogación en cuanto sea posible. El Gobierno defendió el proyecto poniendo en valor el amplio respaldo que su articulado ha recabado de los órganos consultivos del Estado, que han avalado esta ley como absolutamente garantista del ejercicio de derechos y libertades ciudadanos. No en vano, el portavoz de Interior del PP, Conrado Escobar, señaló desde la tribuna que la ley hará posible, entre otros, que actos públicos multitudinarios como las manifestaciones estén «más protegidas de los violentos y los actos vandálicos», en la medida en que la policía evitará disturbios de forma «siempre gradual y proporcional».

Precisamente la Policía y los agentes de la Guardia Civil, «quienes protegen nuestras fronteras», serán también quienes reciban un mayor «apoyo y seguridad jurídica» en sus actuaciones con la legalización de las entregas a Marruecos de quienes intenten llegar a España de forma ilegal . «No es un tema menor», subrayó al explicarlo Escobar, que leyó ante el hemiciclo la literatura de la disposición. «Ustedes mismos enjuicien desapasionadamente –pidió a los diputados–: "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar en grupo los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España"». «Es una regulación exquisita y prudente desde cualquier punto de vista y es además lo que necesita España y Ceuta y Melilla», valoró el portavoz del PP.

También añadió que «una cosa es entrar y otra intentar entrar», una matización muy probablemente dirigida a los colectivos no gubernamentales que exigen el cumplimiento de los convenios internacionales firmados por España que excluyen estas prácticas –denominadas en este contexto «devoluciones en caliente»– y también la aplicación de las leyes domésticas que reconocen derechos para los inmigrantes que alcancen suelo español. La doctrina del Gobierno en este sentido es que España no comienza entre las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.

Escobar recalcó que la ley de Seguridad en trámite prevé la instalación junto a ellas de una «vanguardista» Oficina de Asilo y Protección de inmigrantes, aunque sólo el 1% de los que llegan a Ceuta yMelilla solicitan amparo por motivos políticos.

El debate fue seguido atentamente desde su escaño por el titular del Interior, Jorge Fernández, que no tomó la palabra, pero fue objeto de controversia por haber retado por la mañana a las instituciones sociales –como ONG o la Iglesia– y europeas que han criticado las devoluciones de inmigrantes a hacerse cargo de ellos.

«Si me dan la dirección donde a esa pobre gente los podemos trasladar y garantizan su manutención y que les dan trabajo le aseguro que les enviamos». Terminó reprochando que «hay mucha hipocresía », en una alusión indirecta a quienes censuran las políticas de inmigración españolas desde despachos en Bruselas, pero sin pisar el terreno. O como resumió el portavoz del PPen su intervención, «una cosa es la prédica y otra dar trigo».

Las palabras del ministro fueron objeto de comentarios negativos, especialmente del portavoz del PNV, Emilio Olabarría, que también se quejó de que el ministro advirtiera que, quienes censuran la Ley de Seguridad, lo hacen «por ignorancia o mala fe».

La regulación de las devoluciones en la valla constituyó para CiU «motivo suficiente» para votar en contra de la ley, explicó su diputado Joan Guillaumes. En nombre del PSOE, su portavoz de Interior, Antonio Trevín, fue incisivo con una cuestión de forma, al señalar que todo ese contenido referido a Ceuta yMelilla fue introducido por el PP en el texto después de la emisión de los informes jurídicos del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, con lo que la entrega de personas a Marruecos –a pesar de ser materia de Derechos Humanos– habría escapado a esos dictámenes.

Al margen de ello, fuera del hemiciclo, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, volvía a reconocer un error en las políticas realizadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como fue reforzar en 2005 las vallas de separación de las dos Ciudades Autónomas con alambre de cuchillas. «Si hubo un error, que se hizo en este caso por una administración socialista, la mejor manera de corregirlo no es persistir en el error, sino quitarlo. El PSOE se ha comprometido a quitar esas concertinas que son muy preocupantes», dijo en una entrevista televisiva.

Desde la presentación de su primer borrador, la Ley de Seguridad Ciudadana –que sustituirá a la de «la patada en la puerta» de 1992– ha recibido ataques por la supuesta vocación del legislador de recortar derechos y libertades, así como de arrinconar la tutela judicial efectiva, en la medida en que las faltas quedan convertidas en infracciones administrativas sin las garantías del proceso penal.

Durante su paso por la comisión de Interior, el texto original ha asumido unas 80 enmiendas que han suavizado criterios iniciales en materia de catalogación de las infracciones –14 han sido modificadas y otras 19 eliminadas– o en relación a la cuantía de las multas.