Las manifestaciones prohibidas en infraestructuras esenciales serán infracciones muy graves

El Ministerio del Interior ha recordado que el objetivo de la norma es garantizar las mejores condiciones para la seguridad ciudadana, «con un absoluto respeto a la libertad y con total seguridad jurídica», por lo que el Gobierno ha asumido «todas las observaciones esenciales» que se han hecho por los distintos órganos consultivos, como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias. Las modificaciones más llamativas respecto al borrador original se refieren a la entrada y registro de domicilios, la identificación de personas y los controles y cacheos en la vía pública.

El Gobierno ha defendido que la nueva ley pretende sancionar las acciones violentas, agresivas o coactivas que se produzcan con ocasión del derecho de manifestación, o que afecten a la seguridad ciudadana, como pueden ser manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones que prestan servicios básicos para la comunidad. Serán infracciones muy graves las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluyendo el sobrevuelo u obstrucción de su funcionamiento. Se consideran infraestructuras esenciales las centrales nucleares, petroquímicas, refinerías y depósitos de combustible; los puertos, aeropuertos y demás infraestructuras de transportes; y los servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad.

La ley no prohíbe manifestarse ante el Congreso o el Senado, siempre que se comunique debidamente a la Delegación del Gobierno (si no se comunican y se desarrollan de forma pacífica serán infracciones leves). Solo se sancionan como infracción grave las acciones violentas, es decir, las que perturben la seguridad ciudadana.

Con el proyecto de ley , se permite a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado proceder a la identificación de personas con carácter preventivo cuando se considere razonable para prevenir la comisión de un delito o para sancionar la comisión de una infracción. Por primera vez, una ley prohíbe identificaciones indiscriminadas. Para los casos en los que no sea posible la identificación, la ley establece que los agentes podrán pedir que la persona en cuestión les acompañe a la comisaría más próxima, para proceder a esa identificación, durante un tiempo que en ningún caso podrá superar las seis horas.

La nueva ley, según el texto aprobado por el Gobierno, no sanciona la prostitución ni entra en el debate, pero sí quiere proteger la infancia y la seguridad vial. Por eso, sanciona al cliente que solicite los servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público, en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como colegios, o cuando estas conductas puedan generar un riesgo para la seguridad vial.