«Caso Nóos», la hora de la verdad

La Audiencia de Palma deberá decidir ahora si las decisiones adoptadas por Castro, tanto en un sentido como en otro, han de ser o no confirmadas. Los periodistas que el pasado martes se encontraban en los Juzgados centrales de Palma preguntaron al magistrado si creía que la Sala mantendrá la imputación de la Infanta. «No lo sé, no soy adivino» , afirmó.

A partir del momento en que la Audiencia de Palma se haya pronunciado ya sobre los 14 recursos presentados, previsiblemente a finales de octubre, Castro dictará entonces una resolución definitiva instando de nuevo a todas las partes personadas a que, en el plazo de diez días, presenten sus escritos de acusación. Pasado ese plazo, el juez dictará el auto de apertura de juicio oral del «caso Nóos».

En su auto del 25 de junio, Castro consideraba a Doña Cristina presunta cooperadora necesaria para los dos supuestos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarín , en 2007 y 2008, por un montante total de 337.000 euros. Este presunto fraude se habría llevado a cabo a través de Aizoon, la mercantil cuya titularidad compartían los Duques de Palma al 50 por cien. En cuanto al supuesto delito de blanqueo, estaría relacionado con los gastos particulares pagados con las tarjetas de crédito de Aizoon.

La defensa de la Infanta, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y la Abogacía del Estado han entregado sendos recursos oponiéndose a esta imputación. El gabinete que dirige Miquel Roca hace referencia a la «ausencia de indicios racionales que avalen la verosimilitud de dichas imputaciones», mientras que Horrach afirmaba en su alegación que «cuando el puerto de destino está determinado antes de iniciar la investigación, basado en meras conjeturas, contamina de tal forma la marcha exploratoria que la convierte en un itinerario inamovible».

El citado recurso de Horrach vertía otras críticas igualmente duras contra la instrucción de Castro, hecho que provocó que el juez retase al fiscal a querellarse contra él por supuesta prevaricación. Dicha hipotética querella no llegó a producirse nunca.

Por su parte, la Abogacía del Estado señalaba en su último informe que «el hecho de ser cónyuge de un defraudador a la Hacienda Pública no convierte a uno en partícipe de esa defraudación» y también apuntaba a que la argumentación expuesta por el juez en relación a la actuación de la Infanta no tendría «amparo legal». La Abogacía se encuentra personada en el «caso Nóos» como acusación particular, en representación de la Agencia Tributaria.

En el citado auto del 25 de junio Castro decidió mantener también encausados a Urdangarín, a su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, y a la mujer de éste, Ana María Tejeiro, así como a los contables Miguel y Marco Antonio Tejeiro. Todos ellos estarían vinculados en mayor o menor medida a las supuestas irregularidades cometidas por el entramado de empresas ligado a Nóos. El juez les atribuye a los cinco los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias, falsedad, estafa y falsificación. Además, en el caso de Urdangarín, Torres y Ana María Tejeiro habría que añadir también un supuesto delito contra la Hacienda Pública.

En el «caso Nóos» siguen de momento también imputados el expresidente balear Jaume Matas, el exdirector general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester, el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, el exsecretario del Ibatur Miguel Ángel Bonet, el exdirector de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, el exsecretario autonómico de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lobón, el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) Jorge Vela, el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) José Manuel Aguilar, la exresponsable jurídica de Cacsa Elisa Maldonado y la ex consejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen. El juez considera que estas personas no habrían justificado de manera adecuada las razones por las que distintas administraciones de Baleares, de la Comunidad Valenciana y de Madrid destinaron fondos públicos a Nóos.

Por contra, Castro decretó el sobreseimiento provisional o archivo de la causa para el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga; el vicealcalde de Valencia, el popular Alfonso Grau; el empresario valenciano Miguel Zorío, el exdirectivo del Instituto Nóos Mario Sorribas, y también para Robert Cockx, Luis Tejeiro, Salvador Trinxet, Miguel de la Villa y Gerardo Corral.