La Audiencia de Palma decidirá en las próximas semanas sobre la imputación de la Infanta

A partir de ahora, la Sala dictaminará sobre los mencionados recursos, que han sido entregados tanto por los abogados de los encausados como por el resto de partes personadas en el proceso. De este modo, la Audiencia Provincial decidirá en las próximas semanas si suspende o no la imputación de la Infanta y del resto de personas inculpadas. Los periodistas presentes en los Juzgados centrales de Palma han preguntado este martes a Castro si cree que la Sala mantendrá la imputación de la Infanta. «No soy adivino», ha dicho, para añadir que no tiene «ni idea» de cuánto tiempo tardará la Audiencia Provincial en tener su dictamen ya listo.

En su auto del 25 de junio , Castro consideraba a Doña Cristina presunta cooperadora necesaria para los dos supuestos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarín, en 2007 y 2008, por un montante total de 337.000 euros. Este presunto fraude se habría llevado a cabo a través de Aizoon, la mercantil cuya titularidad compartían los Duques de Palma al 50 por cien. En cuanto al supuesto delito de blanqueo, estaría relacionado con los gastos particulares pagados con las tarjetas de crédito de Aizoon.

La defensa de la Infanta y también el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach entregaron semanas atrás sendos recursos oponiéndose a esta imputación. El gabinete que dirige Miquel Roca hizo referencia a la «ausencia de indicios racionales que avalen la verosimilitud de dichas imputaciones», mientras que Horrach afirmó en su alegación que «cuando el puerto de destino está determinado antes de iniciar la investigación, basado en meras conjeturas, contamina de tal forma la marcha exploratoria que la convierte en un itinerario inamovible, en el cual los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia que deben presidir cualquier actuación judicial quedan relegados».

El citado recurso de Horrach vertía otras críticas igualmente duras contra la instrucción de Castro, hecho que provocó que el juez retase al fiscal a querellarse contra él. «En la medida en que ese escrito y otros muchos que le han precedido contienen claras imputaciones de que yo he cometido un delito de prevaricación, creo que si el Ministerio Fiscal cree lo que escribe, y habría que suponer que sí, lo que tiene que hacer es presentar, tenía que haberlo hecho ya, una querella contra mí por prevaricación», afirmó Castro ante los medios de comunicación. Dicha hipotética querella no llegó a producirse nunca.

Cabe recordar que en el citado auto del 25 de junio Castro decidió mantener también encausados a Urdangarín , a su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, y a la mujer de éste, Ana María Tejeiro, así como a los contables Miguel y Marco Antonio Tejeiro. Todos ellos estarían vinculados en mayor o menor medida a las supuestas irregularidades cometidas por el entramado de empresas ligado a Nóos. El juez les atribuye a los cinco los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias, falsedad, estafa y falsificación. Además, en el caso de Urdangarín, Torres y Ana María Tejeiro habría que añadir también un supuesto delito contra la Hacienda Pública

En el «caso Nóos» siguen de momento también imputados el expresidente balear Jaume Matas , el exdirector general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester, el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, el exsecretario del Ibatur Miguel Ángel Bonet, el exdirector de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, el exsecretario autonómico de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lobón, el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) Jorge Vela, el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) José Manuel Aguilar, la exresponsable jurídica de Cacsa Elisa Maldonado y la ex consejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen. El juez considera que estas personas no habrían justificado de manera adecuada las razones por las que distintas administraciones de Baleares, de la Comunidad Valenciana y de Madrid destinaron fondos públicos a Nóos.

Por contra, Castro decretó hace un mes y medio el sobreseimiento provisional o archivo de la causa para nueve personas, en concreto, para el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga; el vicealcalde de Valencia, el popular Alfonso Grau; el empresario valenciano Miguel Zorío, el exdirectivo del Instituto Nóos Mario Sorribas, y también para Robert Cockx, Luis Tejeiro, Salvador Trinxet, Miguel de la Villa y Gerardo Corral.

A partir del momento en que la Audiencia Provincial se haya pronunciado ya sobre todos los recursos, previsiblemente a finales de septiembre o principios de octubre, Castro dictará entonces una resolución definitiva instando de nuevo a todas las partes a que, en el plazo de diez días, presenten sus escritos de acusación. Pasado ese plazo, el juez dictará el auto de apertura de juicio oral del «caso Nóos».

Por otra parte, Castro ha dictado este martes otra providencia, en este caso en relación a la pieza separada número cuatro del «caso Palma Arena». En dicha pieza se investiga la presunta financiación irregular del PP en las elecciones autonómicas de mayo de 2007. El juez ha pedido ahora a la Policía que determine la veracidad de dos facturas que una empresa del grupo de publicidad Nimbus presentó en abril de aquel año al Gobierno balear, por un importe total de 19.127 euros. En esta pieza se encuentran imputados el extesorero del PP balear y cuñado de Matas, Fernando Areal, y el responsable máximo de Nimbus en aquella época, Miguel Romero.