La Abogacía del Estado cree que los argumentos para mantener imputada a la Infanta no tienen «amparo legal»

El citado documento entregado ahora al juez es uno de los 14 recursos de apelación presentados desde que el el pasado 25 de junio el magistrado dictó el auto de pase a procedimiento abreviado de esta causa judicial. En dicho auto, Castro mantuvo la imputación a 16 personas, entre ellas a la Infanta, por un presunto delito fiscal y otro de blanqueo.

Castro consideraba a Doña Cristina presunta cooperadora necesaria para los dos supuestos delitos fiscales cometidos por su marido en 2007 y 2008, por un montante total de 337.000 euros. Este presunto fraude se habría llevado a cabo a través de Aizoon. En cuanto al supuesto delito de blanqueo, estaría relacionado con los gastos particulares pagados con las tarjetas de crédito de la citada mercantil.

Por su parte, la Abogacía apunta a que la argumentación expuesta por el juez en relación a la actuación de la Infanta no tendría «amparo legal». En este sentido, la acusación particular reitera que sólo los dos antiguos máximos responsables del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarín y Diego Torres, habrían cometido un presunto delito fiscal.

En la misma línea, la Abogacía insiste en el hecho de que ser cotitular de Aizoon no convertiría a la Infanta en «partícipe» de los supuestos delitos que su esposo, administrador de la mercantil, «haya cometido en su esfera privada, como es su propia declaración del IRPF ». En cuanto al presunto delito de blanqueo, la acusación particular recuerda que la circunstancia de que un socio cargue determinados gastos a una sociedad «no constituye por sí mismo un delito contra Hacienda». En este sentido, el reproche no podría hacerse «al socio que carga gastos personales a la sociedad, sino a quien, contable y fiscalmente, los trata de hacer pasar por gastos de la actividad social y los deduce en la declaración del Impuesto de Sociedades».

Cabe recordar que Castro dictó ayer martes una providencia en la que dio traslado a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de todos los recursos que se le presentaron. A partir del momento en que la Sala se haya pronunciado ya sobre todos los recursos, previsiblemente a finales de septiembre o principios de octubre, el instructor del «caso Nóos» dictará entonces una resolución definitiva instando de nuevo a todas las partes a que, en el plazo de diez días, presenten sus escritos de acusación. Pasado ese plazo, el juez dictará el auto de apertura de juicio oral.

En el citado auto del 25 de junio Castro decidió mantener también encausados a Urdangarín, a Torres, y a la mujer de éste, Ana María Tejeiro, así como a los contables Miguel y Marco Antonio Tejeiro. Todos ellos estarían vinculados en mayor o menor medida a las supuestas irregularidades cometidas por el entramado de empresas ligado a Nóos. El juez les atribuye a los cinco los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias, falsedad, estafa y falsificación. Además, en el caso de Urdangarín, Torres y Ana María Tejeiro habría que añadir también un supuesto delito contra la Hacienda Pública.

En el «caso Nóos» siguen de momento también imputados el expresidente balear Jaume Matas, el exdirector general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester, el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, el exsecretario del Ibatur Miguel Ángel Bonet, el exdirector de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, el ex secretario autonómico de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lobón, el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) Jorge Vela, el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) José Manuel Aguilar, la exresponsable jurídica de Cacsa Elisa Maldonado y la exconsejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen. El juez considera que estas personas no habrían justificado de manera adecuada las razones por las que distintas administraciones de Baleares, de la Comunidad Valenciana y de Madrid destinaron fondos públicos a Nóos.