La Policía se hace con más de 32.000 kilogramos de droga en 2012

No era la primera vez que ocurría algo así en Andalucía . Otros 150 kilos de droga ya habían sido sustraídos en otra fecha en la Jefatura Superior de Policía en Sevilla. También 220 kilos de estupefacientes en el depósito oficial de Málaga y más de 30 kilos en la sede del Instituto Nacional de Toxicología de Málaga.

Así las cosas, el Gobierno suscribió un protocolo para la destrucción de la droga incautada a menos que un juez decida lo contrario. De los robos mencionados, la Policía ha recuperado 119,7 kilogramos de cocaína y 86,7 de heroína y detenido a 26 personas, entre ellas tres policías.

Desde el 1 de enero de 2012, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han hecho con más 32.000 kilogramos de sustancias estupefacientes. En muchos casos, los alijos intervenidos sobrepasaban la capacidad de los depósitos .

El protocolo anterior no se correspondía a las necesidades. La eliminación de estas sustancias podía tardar incluso años, lo que suponía un elevado coste para la Administración. La vigilancia, además, no era la adecuada. En muchos casos empresas privadas a tiempo parcial.

De esos 32.000 kilogramos citados, según revela el Gobierno, 23.230 son kilos de hachís, 6.890 de cocaína, 1.875 de marihuana, 31 de sulfato de anfetamina y 5 de derivados de cocaína. Además, la Policía ha interceptado 131.000 unidades de alucinógenos y estimulantes.

A una pregunta escrita del diputado de IU Gaspar Llamazares , el Gobierno aclaró que la destrucción de estas sustancias es un motivo de preocupación constante para el Ministerio del Interior. Y recordó el marco de colaboración suscrito entre los ministerios del Interior, Justicia, Administraciones Públicas, Sanidad y la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

Con la intención de evitar más asaltos a los depósitos, los alijos solo se conservarán en casos excepcionales e impedir que sean custodiados en «lugares inapropiados». Si el juez no se hace cargo de la destrucción de la droga, es el fiscal quien debe recurrir. Se trata de impedir que una simple burla a los sistemas de seguridad no haga inútil el trabajo de la Policía.