La droga incautada se destruirá, salvo que un juez decida lo contrario

El protocolo fija de manera uniforme un procedimiento para la recogida y extracción de muestras, así como las reservas de estupefaciente que hay que conservar para los contraanálisis que pueden ser requeridos por las partes ante los órganos judiciales. El otro punto de interés es que se homogeneiza el proceso desde el inicio de la intervención policial con el fin de garantizar la cadena de custodia , un asunto que ha llevado a invalidar pruebas en no pocas ocasiones.

El propio acuerdo admite que la situación actual es «especialmente preocupante en cuanto al almacenamiento de sustancias intervenidas, ya que en muchos casos la acumulación sobrepasa la capacidad de los depósitos previstos y el desbordamiento obliga a que una parte de los alijos sean custodiados en lugares inapropiados».

Los agentes, tras las aprehensiones, tendrán que analizar, custodiar y destruir la droga en la forma establecida en este protocolo, que fija por ejemplo cuál ha de ser la prioridad a la hora de los análisis: primero juicios rápidos; en segundo lugar, causas con preso, en las que existan dudas sobre el tipo de droga incautado; tercero, causas con preso en las que no se sabe cuál es la cuantía y pureza del estupefaciente requisado y en último lugar las causas sin preso.

El documento elaborado determina, asimismo, con precisión cómo ha de salvaguardarse la cadena de custodia y cómo ha de llevarse a cabo la destrucción del estupefaciente. En caso de denegación o silencio del juez, le corresponderá al fiscal recurrir para que la droga no se acumule.

Para que se cumplan los objetivos fijados se ha creado una comisión mixta de seguimiento y control de la droga almacenada y pendiente de autorización de destrucción.

Hasta ahora los alijos se mantenían durante meses e, incluso más tiempo, almacenados dado el volumen y complejidad de las redes de tráfico de drogas. Aparte del deterioro, esta acumulación supone un coste elevado para la administración que se ha visto obligada a montar sofisticados equipos de seguridad en lugares poco adecuados, a tenor de los últimos sucesos.

El acuerdo ha sido suscrito por el Ministerio del Interior, el de Justicia, el de Administraciones Públicas, el de Sanidad, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial.