¿Qué quieren los españoles de su Gobierno?

Educación y sanidad

Que los políticos de todos los partidos se pongan de acuerdo y elaboren una ley de Educación que no cambie con cada formación de Gobierno. Esta petición es respaldada por gran parte de la sociedad, sobre todo por padres y madres con niños en edad de escolarización, que están cansados de que con cada cambio en el Ejecutivo se modifique el sistema en el que estudian sus hijos.

También la libertad de los padres a la hora de elegir el tipo de educación que reciban sus hijos en el colegio es un aspecto fundamental para los ciudadanos españoles. Poder disponer de una educación pública y de calidad es esencial, consideran, pero sin tener que renunciar por ello a la posibilidad de que los niños puedan recibir clases en centros concertados .

Del mismo modo, los españoles consideran imprescindible que los recursos destinados a educación sean los adecuados, así como que haya suficientes profesores para atender las necesidades de aprendizaje de los alumnos. En este aspecto, España adquiere un papel destacado, ya que el ratio de alumnos por profesor se sitúa en 10,3, un punto y medio por debajo de la media de la Unión Europea, y por delante de países como Finlandia o Francia.

La sanidad es una de las materias que más preocupa a los ciudadanos, pues su buen funcionamiento es esencial para el desarrollo del país. Aunque algunos sectores de la población se muestran satisfechos con su funcionamiento, y destacan la «suerte» de los españoles por poder disfrutar de todos los servicios que ofrece de forma pública , otros consideran que puede mejorarse en muchos aspectos.

La necesidad de agilizar las citas y reducir las listas de espera es uno de los asuntos en los que ambos sectores de la población coinciden. El hecho de tener que asistir al médico de cabecera para poder ser visitado posteriormente por un especialista es algo que, consideran, ralentiza el servicio . También este es uno de los motivos que se atribuyen al colapso de los servicios de urgencias de hospitales y centros de salud, ya que en muchas ocasiones la fecha en la que se da la cita es lejana, por lo que los ciudadanos acuden a estos servicios para solucionar sus problemas.

También se cree necesario el aumento de profesionales para poder reducir su cupo de pacientes y que el médico disponga de más tiempo para tratar a cada uno de ellos, así como la inversión en los recursos necesarios para hacerlo de la mejor manera posible.

Empleo y seguridad

Que España triplica la media de crecimiento de la Unión Europea es indiscutible. Que es también el país que está reduciendo el desempleo a un ritmo más elevado y generando empleo a mayor velocidad está fuera de duda. Nadie podía prever tan solo hace un par de años que el crecimiento del PIB superaría el 3%, tasa prácticamente idéntica al alza de la ocupación, y que se iban a crear casi un millón de puestos de trabajo en tan solo dos años y recortar en 1,2 millones el número de parados, hasta una tasa del 21%. Los avances en el mercado de trabajo han sido evidentes desde que España superó la crisis, pero aún hay casi 4,8 millones de desempleados, lo que obliga al próximo Gobierno a poner en marcha medidas de choque para facilitar la búsqueda de trabajo y recortar la temporalidad (más del 90% de los contratos que se realizan son eventuales).

Encontrar empleo para los parados se ha convertido en una emergencia nacional . Y una buena fórmula es continuar con el plan diseñado por la ministra en funciones, Fátima Báñez, de guiar a cada parado en la búsqueda de empleo. Falta que las oficinas de empleo realicen un perfil propio para diseñar una hoja de ruta personalizada para cada uno de ellos, un itinerario «ad hoc» que facilite la búsqueda.

Las Fuerzas de Seguridad, Policía y Guardia Civil, son dos de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos. Hay motivo suficente para ello: en plena crisis económica, con unos recortes presupuestarios importantes y una merma del número de agentes, las mujeres y los hombres que velan por nuestra seguridad han estado a la altura de las circunstancias. En ese contexto tan complicado han logrado disminuir la tasa de criminalidad año a año, y situarla entre las mejores de Europa.

Sin embargo, la imagen de la Guardia Civil y la Policía —en realidad la de esta última— se ha visto empañada por una política equivocada del Ministerio del Interior, que quiso solucionar un problema político, como es el desafío secesionista en Cataluña , por vías policiales. La cúpula de Interior ha fracasado con su plan, que ha quedado mucho más en evidencia cuando se han conocido los manejos de ciertos mandos policiales cuyo «patriotismo» parece medirse en función del número de ceros de su cuenta corriente. Tampoco el episodio de las grabaciones al ministro ayuda.

Ha llegado el momento de hacer limpieza. Los ciudadanos están con sus Fuerzas de Seguridad. Y éstas no se merecen estar en boca de todos por estos episodios.

Vivienda y futuro para los jóvenes

El estallido de la burbuja ha hundido el precio de la vivienda más de un 30% tras el «boom» previo. Una de las lecciones de la crisis es la necesidad de un mercado a precios más estables. La recuperación económica y del crédito está empezando a provocar un repunte de los precios. Eso sí, la elevada precariedad laboral y el «stock» por vender están conteniendo una subida más fuerte , que no estancándolos. Y es que esa estabilidad debe ser compatible con una revalorización sostenible que permita a los españoles mejorar su patrimonio.

La mayor dificultad para acceder a la vivienda hace que la sociedad reclame además una nueva política de vivienda en alquiler. Los arrendadores reclaman una legislación que dé más seguridad jurídica a la hora de alquilar sus viviendas, y los inquilinos mayores facilidades de acceso.

La crisis inmobiliaria ha desvelado algunos problemas en el mercado hipotecario. Los clientes reclaman a sus entidades más transparencia y mejores prácticas comercializadoras, y el sector ve también imprescindible una mayor cultura financiera.

Algunos sectores reclaman que la banca rescatada ponga pisos a disposición de las familias en apuros y a precios reducidos. La Sareb está firmando acuerdos con ayuntamientos y autonomías en este sentido.

El futuro de la sociedad española pasa por sus jóvenes, puesto que las nuevas generaciones serán las responsables de impulsar el país y también su economía. Sin embargo, lo que muchos de ellos consideran es que en España no se valora su formación de la misma forma que se hace en otros países, de manera que las oportunidades que encuentran no son lo suficientemente buenas como para poder trabajar en su país.

En los últimos años, han sido muchos los jóvenes que han decidido buscar oportunidades laborales en otros territorios. Muchos de ellos lo han hecho porque las opciones que han encontrado en otros países son mejores que las que les ofrecen en su propio país. De este modo, consideran que en España no se valora su formación como se debería, ya que pese a tener títulos universitarios, másters y cursos complementarios, las ofertas que reciben no se corresponden con esos niveles de estudios.

Esto, sin embargo, no ocurre en muchos otros países, donde los jóvenes españoles se sienten más valorados y consiguen puestos de empleo de mejor calidad . La necesidad de que el Gobierno español tome decisiones que fomenten unas buenas oportunidades laborales es un aspecto fundamental que los jóvenes necesitan y reclaman.

Igualdad de oportunidades e igualdad entre territorios

Con las dificultades económicas por las que pasan algunas familias, la posibilidad de estudiar un grado universitario se puede ver reducida. El sistema de becas con el que cuenta España trata de solventar este problema, puesto que desde el Ministerio de Educación se ofrecen ayudas para que nadie deba renunciar a sus estudios por falta de dinero .

Sin embargo, no todos los sectores de la población comulgan con este sistema, ya que algunos jóvenes —y sus familias— consideran que no es suficiente para nutrir a todos aquellos que lo necesitan. Además, los tipos de subvenciones que hay actualmente no les parecen suficientes, por lo que muchos reclaman que haya un espectro más amplio que permita solicitarla por varios motivos.

Desde 2011 y hasta 2015, el Ministerio ha destinado 6.000 millones de euros en becas al estudio . La petición de algunos sectores es que esta cantidad siga aumentando cada año para poder atender las necesidades de los solicitantes.

Por otra parte, el hecho de que en muchos casos se exija un mínimo de créditos aprobados para obtenerla también conlleva discrepancias,pues algunos consideran que en determinados casos lo que se pide es excesivo.

La diferencia en la tasa de paro de las comunidades autónomas es tan solo una de las desigualdades que los ciudadanos creen que hay entre los territorios de España. Así, mientras que en andalucía se roza el 30 por ciento de paro , en Aragón apenas se pasa del 15 por ciento, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer semestre de 2016. También la tasa de crecimiento del PIB, por ejemplo, difiere según las Comunidades autónomas, de manera que en 2015 la economía del territorio que más creció fue la de la Comunidad Valenciana (3,6%), y la que menos lo hizo fue la de Cantabria (2,6%).

Lo que los españoles solicitan es que tengan las mismas facilidades que el resto de ciudadanos sin importar el territorio en el que residan. La Constitución Española recoge que, aunque algunos territorios han llegado al nivel de autonomía de manera diferente a otros por sus derechos históricos, la finalidad es para todos la misma, y por tanto el nivel de competencias que pueden asumir también. En este sentido, muchos ciudadanos consideran un error que las Comunidades autónomas tengan competencias legislativas de tal importancia como sanidad y educación, y no sea el Estado quien garantice en última instancia esos derechos para todos.

Seguridad jurídica y pensiones

España no es un buen país para montar una empresa en comparación con otras grandes economías europeas y del mundo. Lo dice el Banco Mundial, en cuyo índice de facilidad para abrir un negocio («Doing Business») nuestro país ocupa actualmente el puesto 33 de 189, por delante de Italia (45) pero por detrás de Francia (27), Alemania (15), Estados Unidos (7) y Reino Unido (6). Eso sí, hace solo cinco años estaba en la posición 49. El país ha avanzado mucho en los últimos ejercicios, gracias a las reformas de la última legislatura , en cuestiones como el tiempo que se tarda en crear una sociedad, que se ha reducido de 130 días en 2005 a 14 en 2016. Sin embargo, sigue siendo caro, porque la mitad del negocio va a parar a impuestos, la gran queja de los autónomos y las pymes españolas.

Otra de las principales preocupaciones de los empresarios que operan en nuestro país es la proliferación de normas locales y autonómicas, muchas veces incoherentes entre sí. El Gobierno ha tratado de lograr una mayor armonización mediante la ley de Unidad de Mercado , sin embargo instituciones como el FMI reclaman su aplicación efectiva. En esa línea, Competencia y otros organismos exigen una liberalización de los servicios profesionales.

Las pensiones públicas son la mejor fotografía del Estado de Bienestar, de una sociedad solidaria con sus mayores. Un sistema, que cada año absorbe la mayor partida de gasto del Estado, y que está en jaque por el galopante envejecimiento de la población y por la debilidad de los ingresos , incapaces de financiar los gastos. Y varios son los factores: el aumento del número de pensionistas, por encima del 1% anual; el recambio de las nuevas pensiones que entran al sistema, que son casi un 40% más altas que las que salen; y el incremento mínimo garantizado por ley del 0,25%. Resultado: 13.592 millones de déficit en 2015, el doble de los previsto (0,6%).

Consecuencia de lo anterior es que la «hucha» de las pensiones ha menguado sus ingresos en 40.824 millones. De los casi 66.000 millones que llegó a tener en 2011, hoy tiene 25.176 millones después de que el Gobierno en funciones retirara en junio 8.700 millones. ¿Qué hacer? Tarea de nuevo Gobierno será abrir el Pacto de Toledo y buscar fórmulas para apuntalar el sistema. Liberarlo, por ejemplo, del coste de las pensiones de viudedad y orfandad , que pasarían a financiarse con impuestos, como propone el Gobierno en funciones. Los ahorros serían de 24.000 millones. Sus señorías tienen trabajo por delante.