Las recetas de los partidos políticos para atajar la sangría del paro

El PP, que ha estado en el Gobierno en los últimos cuatro años, asegura que si llega de nuevo al poder «promoverá un marco de relaciones laborales flexible, seguro y equilibrado». Para lograrlo plantea reducir la actual dualidad del mercado mediante nuevas bonificaciones fiscales a los empresarios que conviertan los contratos temporales en indefinidos. «La creación de empleo es el gran objetivo», ha asegurado en reiteradas ocasiones Rajoy, al tiempo que matizaba que «hay que dar un salto cualitativo porque queremos empleo de calidad y que sea más barato contratar fijo que temporal». Los populares reivindican en su programa los efectos de la reforma laboral aprobada en 2012, ya que «ha supuesto la renovación más profunda de los últimos treinta años. Hemos desarrollado un modelo de relaciones laborales que dota de la necesaria capacidad de adaptación a las empresas para evitar que el despido sea el primer mecanismo de ajuste, para frenar la sangría de destrucción de puestos de trabajo y conseguir una mayor estabilidad en el empleo». En políticas activas de empleo, una de las grandes asignaturas pendientes, el PP se compromete a modernizar el Servicio de Empleo Público Estatal y a crear el Instituto Nacional del Talento para reforzar las competencias de los desempleados.

La mayoría de los programas electorales hacen hincapié en la importancia de reducir el desempleo sobre todo entre los jóvenes y los mayores de 45 años, dos de los colectivos más afectados. El PP propone, por ejemplo, la puesta en marcha de un sistema de cotizaciones negativas que incentive la contratación de los jóvenes inscritos en la denominada Garantía Juvenil Europea.

Para intentar reducir la brecha que separa las necesidades de las empresas de las capacidades de los trabajadores, el PP plantea «desarrollar un nuevo modelo de formación para el empleo potenciando la libre concurrencia competitiva, la calidad, la eficacia, la eficiencia y la transparencia en la gestión, que se sumará al fomento de la formación profesional dual». Los populares también pretenden flexibilizar el régimen de aplazamientos en las cotizaciones de los aútonomos, con el objetivo de reforzar los mecanismos de segunda oportunidad para este colectivo.

Desde el principal partido de la oposición, la situación se ve distinta. La formación liderada por Pedro Sánchez describe la realidad sociolaboral con tintes nada esperanzadores: «Desempleados menos protegidos, con más desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso al mercado laboral y un crecimiento económico basado en la devaluación salarial y en la precariedad». Sobre la base de este análisis los socialistas proponen «recuperar la proporcionalidad y la razonabilidad de las causas en los despidos colectivos, desvirtuados completamente en la reforma laboral de 2012, restableciendo el valor del informe preceptivo de la Inspección de Trabajo en los despidos colectivos, informe que deberá pronunciarse expresamente sobre la existencia o no de la causa alegada por la empresa en los procedimientos de regulación de empleo». Además, entre otras medidas, plantea reducir a tres las modalidades de contratos, prohibir la cobertura de puestos de trabajo permanentes con contrato temporales (no podrán tener una duración superior a 1 año), incorporar desincentivos legales para las empresas que abusen de los contratos temporales, fomentar los contratos fijos discontinuos y modificar la regulación de los contratos a tiempo parcial.

En cuanto al salario mínimo, asegura que pretende subirlo de manera inmediata un 4% ya este año, con el objetivo de que en dos legislaturas sea equivalente al 60% del salario medio.

Asegura también que recuperará la ultraactividad de los convenios, suprimirá los descuelgues de los convenios colectivos del arbitraje obligatorio y reconocerá a todas las mujeres un «bonus» de dos años de cotización por cada hijo o hija. Crearía además una nueva Agencia Pública de Empleo y Cualificación que, coordinada con las Comunidades, dedicaría una atención «única e integral» a cada parado. Respecto a los autónomos, propone acercar su cotización a los rendimientos netos que reciben y que el periodo de pago pase de mensual a trimestral para adaptarlas mejor a los factores estacionales.

Unidos Podemos asegura que sus iniciativas tienen como único objetivo «revertir la tendencia a la desigualdad en que está la sociedad española». Así, proponen elevar el salario mínimo hasta los 800 euros en 14 pagas al final de los dos primeros años de legislatura para que en 2019 sea de al menos 900 euros al mes. Pretende establecer además un contrato único temporal que establecerá las causas que justifiquen su utilización. En aquellos casos en que sean de obra y servicio se convertirían automáticamente en indefinidos si son de duración superior a un año. En los despidos improcedentes el trabajador tendría la titularidad de la opción de optar por la indemnización o la readmisión en la empresa, se recuperaría la figura del despido nulo por fraude de ley y se reforzaría la causalidad del despido por razones económicas y productivas.

Proponen además revertir el abaratamiento del despido que se aprobó en 2012 y la autorización gubernamental preceptiva para los expedientes de regulación de empleo. En la negociación colectiva tendrán preeminencia los convenios sectoriales sobre los de empresa a la hora de reconocer los derechos básicos, se fortalecerá el derecho a la huelga y se suprimirá la unilateralidad del empresario para fijar las condiciones de trabajo y la cuantía del salario.

Propugnan también establecer cuotas a la Seguridad Social porcentuales y progresivas en función del rendimiento neto para los autónomos que facturen por encima del salario mínimo y alta gratuita para los que facturen por debajo de ese salario mínimo.

Mientras tanto, desde Ciudadanos plantean un «nuevo contrato estable e indefinido» que acabe con la precariedad laboral. No afectaría a los trabajadores que ya tienen contrato indefinido. El partido naranja insiste en la «mochila austríaca», un «nuevo seguro» contra el despido con el que el trabajador iría acumulando dinero en una cuenta durante su carrera profesional. En caso de despido o jubilación, el trabajador podría cobrar la cantidad acumulada o llevársela a su nueva empresa.

La formación de Albert Rivera propone flexibilidad en la negociación colectiva, pero en un marco «consensuado» y que «proteja a los trabajadores». Los recursos para formación irían destinados a los trabajadores, y no a las empresas proveedores o agentes sociales. Los autónomos no pagarían cuotas si están por debajo del salario mínimo. Y se buscaría incentivar el crecimiento de las pymes eliminando los saltos en las exigencias tributarias, contables o laborales que se producen a partir de un determinado número de empleados o facturación.

Muchas propuestas muy diversas para atajar un problema único e inaplazable.

La Comisión Europea ha sido siempre clara en cuanto a las reformas laborales, no sólo en España, sino en general en el sentido de que apoya cualquier medida que introduzca mayor flexibilidad en el mercado laboral y contribuya a la moderación salarial. En el caso de la de España los mensajes de Bruselas han ido siempre en la línea de que necesita una nueva vuelta de tuerca en la reforma laboral de 2012 para lograr que la tasa de paro registrado baje hasta el 18% de la población activa en 2017. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, defendió públicamente esta semana la bonanza de la reforma laboral española, hasta el punto que la puso de ejemplo para otros países. La CE recomendó en mayo a España que reforme las políticas activas de empleo y el servicio público de empleo por su baja eficacia.