Todos los ex altos cargos del PSOE condenados por la malversación de los ERE están fuera de la prisión gracias al Constitucional

La Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido no acatar la sentencia y elevar cuatro cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra las diez sentencias del Constitucional que anulan las penas a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros, al estimar sus recursos de amparo.

Los autores de los hechos punibles en la principal pieza del caso ERE recuperaron la libertad tras cumplir menos de un tercio de las penas que acordó la Audiencia de Sevilla y el Supremo por el procedimiento específico de subvenciones, mientras que los empresarios y cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación y malversación están siendo condenados como beneficiarios de fondos públicos en las distintas piezas en que se ha dividido la macrocausa.

Chaves no llegó a entrar en la prisión porque la Audiencia lo condenó por un delito continuado de prevaricación en el caso ERE que no comporta pena de prisión. Se le sancionó con una inhabilitación durante nueve años al igual que los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez. En cambio, Griñán tuvo una pena agravada de seis años de cárcel por malversación y 15 de inhabilitación por prevaricación, dado que era consejero de Hacienda cuando se estuvo nutriendo el fondo de los ERE con cargo a las cuentas andaluzas. Tras los recursos presentados por su defensa, la Audiencia de Sevilla suspendió el ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía durante cinco años para tratarse del cáncer que padece.

El giro de guion del Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido, quien ocupó la Fiscalía General del Estado (2004-2011) bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), posibilitó la inmediata salida de prisión de cinco de los siete condenados que habían sido sancionados con la privación de libertad: dos exconsejeros, Francisco Vallejo (Innovación) y Antonio Fernández (Empleo); dos exviceconsejeros, Jesús María Rodríguez Román (Innovación) y Agustín Barberá (Empleo), y el ex director general de la agencia autonómica que pagaba las ayudas, IDEA, Miguel Ángel Serrano. Este último fue el único al que el TC exoneró de su pena íntegramente.

Otros dos exconsejeros, José Antonio Viera (Empleo) y Carmen Martínez Aguayo (Hacienda), habían accedido al tercer grado penitenciario antes de que el TC les concediera amparo. El primero consiguió el régimen de semilibertad en junio de 2023 a causa de su delicada salud, lo que le permitía pasar el día fuera y acudir únicamente a dormir al Centro de Inserción Social de Huelva. En cambio, Aguayo, la ex 'número dos' de José Antonio Griñán en la Consejería de Hacienda dejó en junio de 2024 la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla.

Se da la paradoja de que el único ex alto cargo condenado en la pieza principal de los ERE que está en una prisión, en la de Huelva es Juan Márquez, que sucedió al fallecido Francisco Javier Guerrero en la Dirección de Trabajo de la Junta, pero no por esta causa sino con otra relacionada con contrataciones irregulares en el citado departamento autonómico, el proceso conocido como caso Umax. Márquez fue el único al que el Supremo rebajó la pena a cuatro años porque trató de poner orden en las ayudas fraudulentas.