Los ingresos públicos marcan cifras récord por la inflación

De acuerdo con estos datos, Hacienda ha recaudado en los ocho primeros meses de este año 10.000 millones de euros más que el año pasado por IRPF; 11.000 millones más por IVA; 5.000 millones más por el Impuesto de Sociedades, y así un suma y sigue. Y eso a pesar de las rebajas en el IVA de la luz aprobadas. Y estoy segura de que la reducción en el IVA del gas que entra en vigor este mes, apenas se notará en una recaudación inflada por incrementos de precios que han llegado a superar los dos dígitos. También está claro que el hecho de no haber deflactado la tarifas del IRPF, adaptándolas a la inflación, ha supuesto una subida en frío del impuesto, ya que sin ganar poder adquisitivo muchos trabajadores y pensionistas habrán visto cómo se les elevaban las retenciones.

Decir, como hemos escuchado al Ejecutivo, que si se deflactaban las tarifas –como han anunciado varias autonomías del PP y algunas del PSOE– se ponía en riesgo la financiación de los servicios públicos es, simplemente mentira. Y el argumento de que hay que subirles los impuestos a los ricos para atender las necesidades de los pobres, vuelve a ser pura demagogia electoral que solo intenta anular las medidas de las autonomías del PP y que poco se corresponde con la realidad.

Entre otras cosas porque lo que se puede obtener creando un impuesto a 23.000 grandes fortunas, son migajas, entre otras cosas porque esas grandes fortunas, en un mundo globalizado, pueden deslocalizar su residencia. Y además, donde realmente se obtiene el grueso de la recaudación, y si no que se lo digan al Gobierno, es en las clases medias, en esos contribuyentes la mayoría trabajadores, que estamos soportando la subida en frío del IRPF, los que estamos pagando ese exceso de ingresos por IVA con nuestro consumo; los que no somos ni demasiado pobres para que nos den ayudas, ni suficientemente ricos para deslocalizar nuestros ahorros, nuestro lugar de trabajo, o nuestras empresas cuando al político de turno se le va la mano con los impuestos.

Sin ser jurista, tengo serias dudas de que el Gobierno central pueda crear un impuesto, como este de las grandes fortunas, cuyo único objetivo sea anular la supresión del Impuesto del Patrimonio anunciada por Andalucía, y que Madrid ya aplica. Una supresión, por cierto, que el PP llevaba en su programa electoral y que los ciudadanos avalaron con su voto en las urnas. No hay nada más democrático que eso, ni nada más antidemocrático que lo que está haciendo el Ejecutivo de Sánchez: limitar esa capacidad fiscal de las autonomías, porque no va en línea de lo que ellos entienden que debe ser la política fiscal. ¡Qué más da lo que piensen y voten los andaluces!

Al menos, esos ingresos disparados están sirviendo para reducir el déficit público, porque con pandemia o sin ella, lo cierto es que este querido Ejecutivo nuestro no es capaz de reducir ni un solo euro el gasto público, más bien lo contrario. En lo que va de año ha crecido un 5%.