Los impuestos, caballo de batalla en la prolongación de la vida de las nucleares

El informe explica que, a diferencia de otros países como Francia o Suecia, en nuestro país se gravan cosas que no tienen nada que ver con el mantenimiento, seguridad ni limpieza de las centrales, como es el caso del impuesto sobre la producción del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos o las ecotasas autonómicas.

Precisamente son estos dos impuestos los que las empresas propietarias del 95% del parque nuclear español quieren que el Gobierno y las comunidades supriman para alargar tres años la vida de la central nuclear de Almaraz, pero también de las de Ascó y la de Cofrentes.

En una misiva enviada a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética, que Endesa e Iberdrola consideran como una propuesta formal, las eléctricas dicen que este alargamiento de la vida útil de las nucleares supondría un ahorro en el mercado eléctrico de más de 13 €/MWh.

Defienden las compañías que con esta propuesta, que no modificaría el calendario final de cierre de todas las nucleares previsto en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), que se mantendría en 2035, «busca actualizar el marco actual para adaptarlo a las nuevas circunstancias técnicas, económicas y regulatorias, manteniendo el equilibrio y la seguridad del sistema eléctrico nacional».

Desde el punto de vista económico, las empresas argumentan que la extensión de la vida útil de las centrales tendría un impacto positivo para los consumidores y citan estudios, como los de PwC, que prevén que el cierre nuclear podría elevar los precios del mercado eléctrico entre 13 y 30 euros / MWh, mientras que para que sea rentable la continuidad para los consumidores bastaría con una reducción de apenas 1,15 €/MWh en el precio del mercado mayorista para compensar la pérdida de ingresos fiscales derivados del impuesto al combustible nuclear gastado.

En resumen, Endesa e Iberdrola le dicen al Gobierno que si igualan la fiscalidad a la que tienen el resto de países europeos, –es decir eliminan el impuesto al combustible gastado y el autonómico– las centrales podrían solicitar formalmente la renovación de las licencias de explotación.

La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar. Desde el Ministerio de Sara Aagesen aseguran que no es una propuesta oficial firmada por todos los propietarios de las centrales y que, además, no se adaptan a las líneas rojas que el Gobierno se ha fijado: entre ellas que no suponga un mayor coste para sus ciudadanos. Y es que el Ejecutivo considera que si se bajan los impuestos se perjudica a los contribuyentes.

De hecho, la propia presidenta de Extremadura, María Guardiola, firme defensora de la prórroga de la vida útil de la central, tampoco ha ofrecido suprimir el tributo autonómico que le permite recaudar 80 millones de euros. Quien sí lo ha suprimido ha sido la Comunidad Valenciana. Aunque todo sea dicho, si cierran la nuclear ni la comunidad ni el Estado recaudarán estos impuestos, así que si alargar la vida de las nucleares garantizando la seguridad permite abaratar el precio de la energía, bajar esos impuestos estaría más que justificado.