El Gobierno enfría la posible prórroga de la central de Almaraz

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Raúl Masa

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Hasta ahora el debate estaba centrado en Almaraz, cuyos dos reactores cierran en 2027 y 2028. La nueva petición trasladada al equipo de la ministra Sara Aagesen, que para las empresas se trata de una petición formal, también propone que Ascó I renueve por otro tres años, hasta 2033, fecha que también se habría solicitado para Ascó II. Mientras, Cofrentes, que es 100% propiedad de Iberdrola, tendría una prórroga hasta 2034.

Por su parte, Vandellós II y Trillo cerrarían en 2035, fecha ya pactada. La propuesta permitiría, según las dueñas de las centrales, un ahorro en el mercado eléctrico de más de 13 €/MWh, conforme a los estudios publicados.

Esta iniciativa, respaldada por el 95% de la propiedad nuclear, busca actualizar el marco actual para adaptarlo a las nuevas circunstancias técnicas, económicas y regulatorias —sobre todo tras lo sucedido con el apagón—, manteniendo el equilibrio y la seguridad del sistema eléctrico nacional. Las empresas consideran que la energía nuclear con un tratamiento fiscal similar a la media europea supondría un ahorro en el coste del consumidor. Sin embargo, desde el ministerio la respuesta ha sido muy fría.

Las dueñas de las centrales y el Gobierno no se han sentado a negociar. Y todo hace indicar que esa situación no se dará en breve. Iberdrola y Endesa dan por hecho que esta carta remitida a Aagesen es una propuesta formal. Sin embargo, desde Transición Ecológica lo tildan de «declaración de intenciones» y que, además, no cumple con las líneas rojas que habían marcado: que haya seguridad para las personas; que se garantice la seguridad de suministro; y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

Los medios de comunicación se han convertido en el mediador de esta situación, puesto que ambas posturas han trascendido por las publicaciones que se realizan en la prensa. De hecho, desde el Gobierno —que confirman haber remitido la carta—, lanzan un dardo envenenado al aseverar que en esa petición no constan todos los propietarios de las centrales. Y sobre todo insisten que este medio no es la manera formal de pedirlo.

Las compañías insisten en que el mantenimiento del parque nuclear va en beneficio de los ciudadanos. Una postura que no comparte el Ejecutivo.

Desde el punto de vista económico, las empresas argumentan que la extensión de la vida útil de las centrales tendría un impacto positivo para los consumidores. Estudios independientes, como los de PwC, prevén que el cierre nuclear podría elevar los precios del mercado eléctrico entre 13 y 30 €/MWh, mientras que para que sea rentable la continuidad para los consumidores bastaría con una reducción de apenas 1,15 €/MWh en el precio del mercado mayorista para compensar la pérdida de ingresos fiscales derivados del impuesto al combustible nuclear gastado. Las compañías también solicitan eliminar los impuestos que no tienen ningún otro país europeo, como los autonómicos. Ahora está por ver quién da el próximo paso.