Fin al maltrato fiscal al rescate de planes de pensiones, pero solo en el País Vasco

Y es que a diferencia del resto de instrumentos de ahorro, cuando se rescata un plan de pensiones, los ingresos percibidos tributan como rentas del trabajo, sin tener en cuenta que una buena parte de ese dinero corresponde a los rendimientos y debería tributar como rentas de ahorro. La diferencia es sustancial, porque mientras las rentas del trabajo pueden llegar a tributar más del 50%, dependiendo de las comunidades autónomas, las del ahorro como mucho, pueden tributar un 26%.

El País Vasco va a poner fin a esta injusticia tributaria y a partir del 1 de enero de 2026, la parte de la prestación que corresponda a la rentabilidad obtenida (es decir, a la diferencia entre el total de los derechos económicos y las aportaciones y contribuciones realizadas) tributará como rendimiento de capital mobiliario en la base imponible del ahorro, en lugar de como rendimiento del trabajo. Y además, según explica el Instituto BBVA de Pensiones, si la prestación se percibe en forma de renta vitalicia o en forma de renta temporal con una duración mínima de 15 años y una cuantía constante, el rendimiento estará exento.

Esta es una reivindicación histórica de Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, y de Unespa, la patronal de las entidades aseguradoras, que llevan años denunciando la discriminación que sufren estos instrumentos de ahorro, que deberían ser los mejor tratados, porque son los que en teoría deberían utilizarse para compensar la pensiones públicas.

Hasta el año 2006 existía una reducción del 40% en el momento del rescate, pero sólo si se percibía en forma de capital, es decir de una vez. Ahora esa reducción se mantiene para las aportaciones anteriores a 2007 y sus correspondientes rendimientos. Pero esta reducción solo se puede aplicar el año que te jubilas, te invalidas... y los dos siguientes. De este modo, la Administración exige a los ciudadanos que para poder tener algún beneficio fiscal tiene que cobrar en forma de capital, lo que no tiene ningún sentido, cuando, en teoría, el objetivo de estos planes es que se cobren poco a poco para complementar la pensión pública.

La opción por la que ha optado el País Vasco, parece muy adecuada para incentivar este tipo de productos, o al menos para no discriminarlos. El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a impulsar los planes de pensiones en las empresas, pero lo cierto es que el éxito ha sido mínimo. De hecho, debería ser la Administración la que predicara con el ejemplo y volviera a hacer aportaciones a los planes de pensiones que hace ya más de una década se crearon para los funcionarios. Hay que convencer, además, a empresas y a sindicatos de que incluir en los convenios un compromiso de pensiones no solo es una buena idea, sino que además compensa económicamente. Pero mientras esto sucede, el Gobierno debería tomar nota de lo que ha hecho el País Vasco y aplicar medidas similares para el rescate de los planes de pensiones en el conjunto de España. No podemos convertir a los jubilados vascos en unos privilegiados.