CUENTAS SIN CUENTOS
Las amenazas no harán volver a las empresas a Cataluña
Ni sanciones ni incentivos. Las compañías necesitan seguridad jurídica y saber que el traslado de sus sedes no provocará una huida de depósitos, en el caso de los bancos, o una caída de sus ventas, y eso, hoy por hoy, no está garantizado
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Iniciar sesiónEl flamante ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene claro –al menos después de que Junts permitiera que saliera adelante su decreto anticrisis– que sancionar a las empresas por no querer volver a Cataluña, como quieren los de Puigdemont, va en contra de la libertad ... de establecimiento que garantiza la Unión Europea. Así lo aseguró el pasado viernes en una entrevista en RNE. Es cierto que tan solo tres días antes, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, tanto él como la ministra portavoz, Pilar Alegría, evitaron pronunciarse en contra de la propuesta de sus socios, probablemente para que no se enfadasen y votaran en contra de las primeras normas de la legislatura. También es cierto que el hecho de que el Gobierno diga ahora que esa medida choca con la legislación europea no significa demasiado, porque, por desgracia, la palabra del Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene cada vez menos valor. Basta con rebuscar un poco en la hemeroteca para encontrar declaraciones de miembros del Gobierno explicando cómo la amnistía no tenía cabida en la Constitución; o cómo era imposible traspasar Cercanías a las autonomías porque la ley no lo permitía; o por qué no se debe traspasar la gestión de la Seguridad Social a las comunidades...
En todo caso, mientras llega ese cambio de opinión del Gobierno, que probablemente llegará cuando los votos de Junts vuelvan a ser necesarios, lo cierto es que sancionar a las empresas que no quieran volver a Cataluña es una verdadera aberración. Y aunque menos, también lo es el crear incentivos para que vuelvan. Los mejores incentivos para que las empresas se instalen en Cataluña o decidan volver están en la seguridad jurídica y medidas como las que pide Junts van precisamente en la dirección opuesta.
Las empresas no se mueven de un lado a otro porque las obligue el gobierno de turno. De hecho, el relato del independentismo acusando al Ejecutivo central –entonces del PP– de la fuga de compañías en Cataluña es una verdadera aberración. Fueron las propias compañías las que acudieron en ese momento al entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, a solicitarle que agilizara la legislación para poder trasladar en el mínimo tiempo posible la sede social desde Cataluña hacia otros lugares de España para frenar la fuga de depósitos, en el caso de los bancos, las caídas de ventas en el caso de muchas empresas y, en general, para garantizarse una seguridad jurídica que la declaración unilateral de independencia por parte del entonces presidente de la Generalitat ponía en riesgo.
Y mientras en Cataluña siga habiendo un gobierno con presencia del independentismo, que siga exigiendo privilegios frente al resto de territorios y de ciudadanos, las compañías que tienen intereses en el conjunto de España no van a volver. ¿Qué pasaría si Caixabank decidiera ahora volver a trasladar su sede social a Barcelona? Está clarísimo que perdería muchos depósitos, no en Cataluña, pero sí en el resto de España. Y ¿si fuera Naturgy quien tomara esta decisión? Pues otro tanto de lo mismo, serían muchos los clientes que se irían a otras compañías. Y lógicamente ni unos ni otros quieren que eso ocurra. De modo que no van a volver por muchas presiones que reciban porque lo que se pone en riesgo es su negocio.
Imagino que así se lo habrán transmitido a Carlos Cuerpo, y que lo tiene claro. De momento han sorteado el primer obstáculo, pero hay muchas más leyes que aprobar y no tengo yo claro que no se acabe cediendo a Junts.
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