Yolanda Díaz da poder a agentes sociales más afines para salvar la jornada laboral

El Ministerio propone, en un proyecto de orden ministerial sometido a audiencia pública, que sigan formando parte del CERSE las «organizaciones más representativas a nivel estatal o de comunidad autónoma». Pero, al mismo tiempo, abre la puerta a que las patronales o sindicatos que no tengan esa consideración de mayoritarias, también accedan al consejo. «Se establece un umbral mínimo de al menos el 7% de representatividad». En el caso de los sindicatos, fijándose en su audiencia electoral. Es decir, su nivel de apoyo en las empresas y sus delegados sindicales. Y en las patronales se fija este criterio mínimo con respecto a su dato de afiliación y ocupacional.

Con todo este cóctel, Trabajo se dispone a incorporar, por ejemplo, a dos de las asociaciones que mayor presión están ejerciendo en los últimos meses para estar presente en diversos órganos del ministerio donde se dirimen cuestiones cruciales para la política laboral y económica. Se trata de Pimec y Conpymes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido recientemente con sus responsables para mostrarles su apoyo público.

Se trata de un movimiento clave dentro de las negociaciones que mantiene Trabajo con Junts para intentar convencerles de que, primero, no presenten una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de reducción de jornada laboral que se encuentra congelado en el congreso. Y, a partir de ahí, seducir a los independentistas liderados por Carles Puigdemont desde Waterloo (Bélgica) para que negocien los cambios que consideren para poder sacar adelante su proyecto estrella de esta legislatura: la reducción de la jornada hasta las 37,5 horas.

En ese contexto se entiende la nueva medida puesta en marcha por Trabajo para dar protagonismo a organizaciones alternativas que hasta hace muy pocos meses apenas figuraban en diversos órganos laborales de mayor o menor relevancia.

El Ministerio justifica que existan unos «criterios mínimos transparentes y objetivos» que garanticen una correcta composición del CERSE. Y para ello se basa en una sentencia del Trubunal Supremo, de 2010, por la que se declaraba contraria a derecho la posibilidad de atribuir en exclusiva la participación a los sindicatos más representativos. Es lo que explica el proyecto de orden ministerial por el que se regulará la renovación del Consejo de Responsabilidad. Al no ser una instancia de participación institucional, no hace falta que ocupen sus asientos los agentes sociales de mayor representatividad en España.

Esta novedad normativa supone un bache más en la relación de Díaz con la patronal. De hecho, la CEOE recurrió a la Audiencia Nacional para frenar la entrada de la patronal catalana Pimec en la Comisión de Convenios. La patronal, presidida por Antonio Garamendi, consideraba que la orden del Ministerio de Trabajo que obliga a incluir a Pimec en la comisión era ilegal.

Pero también supone un importante punto de fricción con los sindicatos, que ya veían como la ministra de Trabajo abogaba por abrir el espectro de representación sindical en distintos órganos, restando poder a UGT y CC.OO.. Fuentes sindicales apuntan que podría tratarse incluso de un cambio ilegal, aunque prefieren ser cautos y presentar sus correspondientes alegaciones.

El borrador de la orden detalla que se hará a través de una declaración responsable que tendrán que presentar cada una de las organizaciones empresariales que estén interesadas en formar parte del CERSE, en la que deberán detallar cuántas empresas afiliadas representa y el número de trabajadores a los que da ocupación cada una de las compañías asociadas. Los sindicatos, en cambio, que tienen que alcanzar la misma condición de más representativos o reunir un 7% de delegados, de miembros de comité de empresa o de las administraciones públicas, entregarán un certificado de la autoridad laboral que avale que tienen estos números.

Mientras tanto, la ley de jornada laboral sigue paralizada en las Cortes mientras que los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar avanzan en las prórrogas para evitar que llegue el momento en el que el Pleno tenga que debatir las enmiendas a la totalidad. La previsión pasaba por estirar los plazos hasta finales de junio, en lo que será el fin del actual periodo de sesiones antes del verano.6