Yolanda Díaz ya asume cambios en su reducción de jornada con «todo el margen posible» para poder sacarla adelante

Díaz, que ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, no ha querido poner ninguna línea roja a la negociación que a partir de ahora se abrirá en canal en la Cámara baja. El único requisito será que la ley salga adelante, lo que abre la puerta a todo tipo de cambios, desde el momento en el que se ponga en vigor -estaba previsto para el próximo 31 de diciembre-; los negocios afectados, de los que se puede excluir temporalmente a los más pequeños; así como la recuperación de las ayudas que en su momento propuso Trabajo, pero que el ministerio apartó del acuerdo cuando las patronales abandonaron la mesa de negociación el año pasado.

Todo está abierto ahora con la reducción de jornada, con las miradas puestas en Junts. El grupo independentista catalán ya ha advertido en las últimas horas que, tal y como está planteado el proyecto legislativo, impulsarán una enmienda a la totalidad en el Congreso. Es decir, están dispuestos a tumbarlo para que ni siquiera se negocien enmiendas parciales. Ante esta posición, Díaz ha lanzado un guiño a los de Carles Puigdemont al apuntar que «el tejido empresarial catalán tiene un perfil propio», con muchas más pymes, de media, que en el resto de España. Aunque no ha apuntado ninguna medida concreta para avanzar en esa negociación.

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El visto bueno del Gobierno a la rebaja de jornada acordada entre el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT –con la oposición de CEOE y Cepyme– se produce más de dos meses después de que fuera aprobada como anteproyecto de ley y una vez recibidos los perceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES).

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta Díaz, que este martes puede presumir de una triple celebración (buenos datos de paro, aprobación de las 37,5 horas y su cumpleaños), ha destacado que 12,5 millones de trabajadores asalariados se verán beneficiados de la reducción de jornada cuando ésta entre en vigor, de los que 6,8 millones son hombres y 5,7 millones, mujeres.

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Los colectivos más beneficiados por esta medida serán los trabajadores no cubiertos por convenios colectivos, que pueden verse sometidos a una jornada laboral similar a la de los últimos más de cuarenta años (40 horas semanales) y que se presentan con mayor intensidad en algunos territorios y sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios.

Díaz ha detallado que de los potenciales beneficiarios de la rebaja de jornada, 10,5 millones son trabajadores a tiempo completo y algo más de dos millones, a tiempo parcial. Además, ha afirmado que las comunidades autónomas que más se beneficiarán de este medida son las de Andalucía, Madrid y Cataluña.

«Hoy modernizamos las empresas españolas, modernizamos el mundo del trabajo y ayudamos a que la gente sea un poco más feliz. (...) El Gobierno de España es un Gobierno que sabe muy bien a quién representa, es el Gobierno de los trabajadores en nuestro país. Hoy hemos aprobado definitivamente una norma que cambia la vida de la gente», ha subrayado Díaz.

La vicepresidenta ha indicado que el Ejecutivo «ha cumplido» y ha aprobado esta norma, sobre la que «no hay vuelta atrás». «Ahora esta norma no solamente está en la calle, sino que llega a la casa de la democracia, llega al Congreso de los Diputados«, ha apuntado la vicepresidenta, que ha preguntado al PP qué va a hacer ahora, si tumbarla o permitir su aprobación como quieren los trabajadores.

La rebaja de jornada a 37,5 horas semanales es fruto del acuerdo que firmaron el pasado mes de diciembre el Ministerio que dirige Yolanda Díaz y CCOO y UGT y del que quisieron quedarse fuera las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, al entender que la jornada laboral es una materia que debe fijarse vía negociación colectiva.

Tras la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros de este martes, la reducción de jornada llega al Congreso, donde no se prevé ningún camino de rosas para sacarla adelante. El Gobierno lleva ya tiempo negociando con sus socios, pero Junts no parece que vaya a hacerle las cosas fáciles, pues ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad del texto.

Al respecto, Díaz ha insistido en preguntar al PP qué va a votar en la Cámara Baja con sus 137 diputados.

«Más allá de los discursos, sabiendo que esta norma tiene poderosos, no solo combatientes, sino adversarios, creo que va a abrir un debate de país que va a ser clave. ¿Para qué estamos en el Congreso de los Diputados? ¿A quién representamos? ¿A quién nos dirigimos? ¿Para quién estamos trabajando? El Gobierno de España lo tiene claro. Nos debemos a nuestro país. (...) El PP tiene la oportunidad de hablarle a España y decirle si lo que le preocupa es golpear al Gobierno de España de una manera fallida o cambiar la vida de la gente», ha enfatizado.

Para Trabajo, la rebaja de jornada en sí no lo más importante de este proyecto de ley, sino que considera que la medida más relevante es la reformulación del control horario, que se deberá tener lista en seis meses desde la entrada en vigor de la ley.

Este registro horario será digital e interoperable y la Inspección de Trabajo podrá saber en tiempo real qué jornada hace cada trabajador.

El objetivo es que el registro de la jornada sea «objetivo, fiable y accesible», de manera que deberá contar con unos requisitos, entre los que será obligatorio que los trabajadores practiquen los asientos de forma personal y directa, inmediatamente al inicio y finalización de cada jornada, de forma que la empresa no pueda condicionar su contenido.

También deberá identificarse «inequívocamente» a la persona que registra los asientos para garantizar la «autenticidad» de los datos y a través de un formato «tratable, legible y compatible» que permita a los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección acceder de forma inmediata al registro de jornada en el centro de trabajo, y en cualquier momento, de manera interoperable y en remoto.

Además, la empresa conservará los registros durante cuatro años, periodo durante el cual permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Al mismo tiempo, el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros incluye el derecho irrenunciable a la desconexión digital, para que ningún trabajador tenga que responder a un mail o a una llamada cuando estén fuera de su jornada laboral.

Trabajo quiere que la norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo antes posible para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación, pues, según lo acordado, los convenios colectivos que tengan más de 37,5 horas semanales de jornada en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de este año para adaptarse a la jornada máxima de 37,5 horas.

De acuerdo con el texto del proyecto de ley, el Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas.

Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada por dos vías: en primer lugar, porque se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global, y en segundo, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.

Así, la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.