Yolanda Díaz negocia para aclarar la maraña de permisos laborales de la Ley de Familias

Ahora, la segunda partida que se juega en la mesa de diálogo para tratar de encontrar un punto de encuentro que conduzca a la reducción del tiempo de trabajo de las 40 a las 37,5 horas semanales sin merma salarial tampoco le augura al Gobierno una foto completa y triunfal, toda vez que el apoyo de CEOE y Cepyme al eventual acuerdo está ahora a una distancia sideral, tal y como explican las fuentes de diálogo social consultadas por este medio, señalando que no se dan las condiciones para que la patronal entre a un acuerdo que advierte mayor presión en términos de costes marginales para la empresa, al aumentar el precio por hora de trabajo.

Aunque no está sólo la cuestión del coste asociado, que se sumaría a la valija que ya ha ido cargando el Gobierno sobre la espalda de los empresarios, sino que la falta de claridad sobre otros aspectos que deben incluirse en la negociación de la reducción de jornada –como el establecimiento de un periodo transitorio de adaptación lo suficientemente amplio para evitar una oleada de revisiones de convenciones colectivos induzca un aumento de conflictividad y un embudo en las negociaciones de los mismos–, hacen complejo el aunar consensos en esta materia. Más aún con la presión de UGT y CC.OO. para que el Ministerio de Trabajo de salida a un vehículo legislativo de forma inmediata para que regule la reducción prevista para este año de las 40 a 38,5 horas.

Sin embargo, los representantes de patronal y sindicatos parecen haber encontrado entre las discrepancias un aspecto de consenso que según explican las fuentes consultadas por ABC, se regulará al margen del devenir de la negociación mollar sobre la jornada laboral. Se trata de una revisión de la redacción del pliego de permisos laborales aprobados ahora hace un año en la Ley de Familias.

Tal y como señalan fuentes jurídicas, se está detectando una serie de conflictos en la interpretación de los supuestos habilitantes para beneficiarse de los nuevos permisos incluidos en esta Ley, hasta cinco. Son el permiso parental de ocho semanas, el permiso especial por fuerza mayor, la ampliación a cinco días del permiso por enfermedad, la extensión de los 15 días de permiso por matrimonio al registro de la pareja de hecho y la ampliación del diámetro para la solicitud de adaptación de jornada por razones de conciliación.

Cabe subrayar, eso sí, que no existe un cuestionamiento sobre la procedencia de los permisos o sobre las situaciones regulables en los mismos sino que se han identificado puntos problemáticos por definiciones imprecisas en su redactado. «Se trata de conceptos jurídicos imprecisos», apuntan fuentes del diálogo social que confirman que este punto se ha puesto sobre la mesa y para lo que parece haber un vía de consenso por todas las partes, incluido el Gobierno que admite las inconveniencias que pueden generarse por la redacción difusa de la ley en conceptos como el de «conviviente» o «extrema urgencia».

En este sentido, lo que se está negociando con el Ministerio de Trabajo es sólo una aclaración del redactado para lo que aún está por determinar a través de que vehículo legal articularlo. Lo que no parece tan claro es que este punto de encuentro vaya a ser suficiente para atraer a la patronal al acuerdo global de reducción de jornada que podría darse entre el Gobierno y los sindicatos en las próximas semanas, antes del parón veraniego.

Ni si quiera el gabinete capitaneado por Yolanda Díaz tendría garantizado los apoyos de UGT y CC.OO. si no se profundiza en el control de las horas extra, como uno de los pilares fundamentales de la reforma que de pie al acuerdo de reducción de jornada, al menos de carácter bipartito.