Sánchez teje una tupida maraña de subsidios y permisos a golpe de BOE

La tupida red de ayudas y la complejidad con la que se están modificando las reglas laborales hacen que sea misión imposible descifrar el sudoku de protección pública que existe en España. A la complejidad de este enjambre se suma la participación en la gestión, diseño, capacidad normativa y financiación de distintos niveles de la administración. Las prestaciones de la Administración General de Estado cuentan con la implicación de instituciones diferentes, como el SEPE, el INSS y el Imserso. Y hay que añadir las normas puestas en marcha en autonomías y ayuntamientos, otro lío burocrático con ayudas a familias, prestaciones y salarios sociales para parados y jóvenes. Un barullo que adolece de falta de control necesario para identificar duplicidades y garantizar un reparto equitativo, situación que llegó a dar pie a un 'turismo de prestaciones' que provocó que algunos parados cambiaran de ciudad para disfrutar de ayudas más elevadas.

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Bruno Pérez

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lleva cerca de una treintena de modificaciones laborales, gran parte a espaldas del diálogo social. El 'modus operandi' de los últimos cambios ha consistido en realizar una lluvia fina de 'enmiendas' al Estatuto de los Trabajadores, bien desde Trabajo o con normas de otros departamentos, como ocurrió con la ley del 'solo sí es sí', la ley Trans o la Ley de Familias.

Incremento del coste de las ayudas

y subvenciones de Seguridad Social

2023

2022

24.249

Diferencia

2023/2018:

+103%

18.975

11.927

10.280

5.274

1.647

Total

Contributivas

Asistenciales

Fuente: Seguridad Social / ABC

Incremento del coste de las ayudas

y subvenciones de Seguridad Social

2023

2022

10.280

Contributivas

18.975

Diferencia

2023/2018:

+103%

1.647

Asistenciales

5.274

11.927

Total

24.249

Fuente: Seguridad Social / ABC

Esta última norma incluyó una batería de permisos, como el retribuido de cinco días anuales para cuidar familiares en caso de hospitalización, accidente o enfermedad grave, o intervención quirúrgica (hasta 2º grado o conviviente); el permiso no retribuido de ocho semanas hasta que el menor de edad cumpla ocho años (que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua), y el permiso retribuido de cuatro días al año para atender a familiares que requieran atención. En su caso, la ley del aborto reconoce a las mujeres con menstruaciones incapacitantes secundarias el derecho a una situación especial de incapacidad temporal.

Pero además, esta norma reguló una serie de prestaciones nuevas como los cien euros por cuidado de hijos de cero a tres años o el fondo de garantía de alimentos, para el que se amplió el umbral de acceso y se quintuplicó su cuantía pasando de 100 a 500 euros mensuales. También se aprobaron mejoras en la protección de las familias numerosas, para las familias de migrantes, para familias con personas con discapacidad bajo cuidado y para parejas de hecho.

Todo este ramillete de medidas -sólo 10 incorporadas en la Ley de Familias- forma una parte de la prolija producción del Ejecutivo desde 2018. Entre las últimas incorporaciones está la ampliación de la red del subsidio por desempleo, que ahora disfrutarán 1,2 millones de personas desde las 800.000 personas que había antes de que se hubieran incorporado a los menores d e 45 años sin cargas familiares, al personal eventual agrario, a las víctimas de violencia de género o sexual y a trabajadores transfronterizos -con un incremento de la cuantía hasta 570 euros-.

Pero esta labor de aquilatamiento del entramado de ayudas y subsidios se produce desde hace más de un lustro. Cabe recordar que una de las primeras medidas adoptadas por Seguridad Social fue recuperar el subsidio para mayores de 52 años -incluyendo la sobrecotización del 125%-. Y sólo dos años después, con una pandemia de por medio, el Ejecutivo articuló la medida estrella de la Seguridad Social, el ingreso mínimo vital (IMV), que hoy sigue sin cumplir los objetivos con los que fue diseñado, en parte por los complejos requisitos que se exigen para percibirlo. Pensado para que llegara a más de 800.000 familias se ha quedado en 600.000 hogares.

Sin embargo, el IMV sólo fue la guinda de todo un artefacto asistencial para el sostenimiento de rentas también de trabajadores y empresas con la flexibilización de los ERTE -o para autónomos con el cese extraordinario de actividad-. De aquellas medidas algunas permanecen, como la prestación especial por paro de las personas dedicadas a las actividades artísticas.

Y la maquinaria de la cobertura asistencial está lejos de echar el freno. Ahora, el Ministerio de Derechos Sociales plantea ampliar la Ley de Familias para incorporar una ayuda para crianza universal de 200 euros mensuales por hijo hasta los 18 años, ampliar los permisos por nacimiento, de 16 a 20 semanas, y retribuir cuatro de las ocho semanas del permiso de cuidados.