El Banco de España prevé que el alza de cotizaciones y la reforma del despido de Yolanda Díaz atacarán al empleo

Aquí aunque en la publicación sobre 'El mercado de trabajo español: situación actual, tendencias estructurales y políticas de empleo' no se traslada el número absoluto de trabajadores afectados, desde el Banco de España se alinean con los cálculos elaborados por la Airef hace un año, tras la aprobación del segundo paquete de medidas para la reforma de pensiones que se sustanció en un refuerzo de ingresos por la vía de la subida de cotizaciones (mecanismo de equidad, destope de bases máximas de cotización y cuota de solidaridad) que este mix costes laborales que se irán imprimiendo progresivamente resultarán en una pérdida de 33.000 puestos de trabajo hasta 2026.

Aquí, el supervisor añade además de las medidas propias de la acción de Gobierno en materia de Seguridad Social (elevarán el coste para empresas y trabajadores en 1.300 millones para 2024 y ya este año pagarán 700 millones más que en el año anterior) el impacto propio de las subidas salariales, además de la acusada senda de aumento del salario mínimo interprofesional, como determinantes de este impacto de los costes laborales en la creación de empleo.

«En una coyuntura caracterizada por elevadas presiones inflacionistas, los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos han sido relativamente moderados», señala el Banco de España recordando que en 2023 y en la parte transcurrida de 2024, estos aumentos se encuentran muy alineados con las recomendaciones establecidas en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que los agentes sociales suscribieron en marzo del año pasado -de un incremento salarial del 4% en 2023 y del 3% en 2024 y 2025-.

«Por otra parte, aunque la incidencia de las cláusulas de salvaguarda aumentó con el inicio del episodio inflacionista -desde el 19% en 2019 hasta el 24% en 2023-, por el momento su impacto en el incremento de los costes salariales estaría siendo muy reducido», explica el documento sobre unos de los aspectos que más erosionó la negociación del marco AENC entre 2022 y 2023.

Igualmente, el Banco de España pone de relieve los retos y riesgos que entraña la regulación laboral que el Gobierno quiere introducir con medidas ahora sobre la mesa como la revisión del esquema de despido improcedente, en lo que el gabinete dirigido por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, busca transitar hacia un modelo de despido reparativo. Aquí, aunque no se conocen detalles concretos sobre en qué dirección puede ir esta nueva normativa, desde el supervisor advierten de varias cuestiones.

En relación con la magnitud de los costes de despido, si bien las comparaciones internacionales son complejas, la información que proporciona la OCDE indica que los correspondientes a los despidos procedentes por causas objetivas son mayores en España que los que se observan en algunos países de nuestro entorno, mientras que la indemnización adicional por despido improcedente es inferior (véanse gráfico 3.20 y OCDE, 2020b).

En este sentido, tanto los costes de despido -cuyo objetivo principal es evitar la destrucción ineficiente de puestos de trabajo- como las prestaciones por desempleo -que buscan paliar el descenso de las rentas salariales que sufren los trabajadores desempleados- tienen efectos sobre la empleabilidad y la movilidad laboral. Así, la literatura económica apunta a que unas elevadas indemnizaciones por despido junto a unas generosas prestaciones por desempleo, que empujen al alza los salarios de reserva de los trabajadores, estarían asociadas a un nivel de desempleo estructural alto.

Según la estadística de despidos y su coste del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2023, aproximadamente un 75% de los despidos resueltos por sentencia judicial en España fueron declarados improcedentes o nulos. Esta evidencia, junto con los menores requisitos para iniciar y ejecutar los despidos disciplinarios, parece estar detrás del hecho de que muchos despidos en España se canalicen por esta vía.

En este sentido, para favorecer la necesaria reasignación sectorial y ocupacional del empleo, podría resultar adecuado seguir avanzado en la definición de las causas objetivas de despido y en la reducción de la incertidumbre asociada a estos procesos. Esto sería particularmente relevante en el contexto de una posible determinación de las indemnizaciones por despido improcedente mediante costes disuasorios y reparativos (artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada), que propiciara que la cuantía de dichas indemnizaciones variase en función de la situación personal de cada trabajador, lo que aumentaría, previsiblemente, la conflictividad judicial por despidos y la incertidumbre y el coste de dichos procesos, con potenciales efectos negativos sobre el empleo.

En la parte del detallado análisis sobre el estado de la cuestión del mercado laboral, el Banco de España también pone de relieve el efecto limitado transformador que la reforma aprobada por el Gobierno hace dos años está teniendo más allá de ir acompañada en este primer periodo de una sustancial creación de empleo y reducción del paro. Además de haberse experimentado una fuerte caída de la tasa de temporalidad por la normativa contractual que penaliza más relaciones temporales para favorecer las relaciones laborales de carácter indefinido.

Este descenso, se ha concretado en una considerable convergencia de la ratio de temporalidad en España hacia la que se observa en el promedio del área del euro (14,5% en el tercer trimestre de 2023). Esta intensa reducción de la ratio de temporalidad se ha observado también en los registros de la Seguridad Social, donde la proporción de afiliados con un contrato temporal ha descendido desde el 30,4% observado en diciembre de 2021 hasta el 14,9% registrado en diciembre de 2023. Esta reducción de 15,6 puntos porcentuales en la temporalidad se explica por un aumento de los contratos indefinidos a tiempo completo (8,6 puntos), de los contratos indefinidos a tiempo parcial (4,1 puntos) y de los contratos fijos discontinuos (3 puntos).

Cabe destacar que este último tipo de contrato era muy escasamente utilizado en nuestro país antes de la reforma de 2021 y su incidencia en el total de la afiliación se ha más que duplicado, pasando del 2,4% en 2021 al 5,7% en 2023. Por ramas de actividad, el descenso de la ratio de temporalidad ha sido muy generalizado, aunque más intenso en algunos de los sectores con mayores ratios antes de la reforma, como la construcción, la hostelería, las actividades artísticas, las actividades administrativas, la agricultura y los otros servicios. En todos estos sectores, salvo en el caso de la construcción, una parte significativa de la caída de la temporalidad desde la implantación de la reforma se explica por el empuje de los contratos fijos discontinuos.

En este contexto, el Banco de España intentan aproximar el grado de estabilidad del empleo en el mercado laboral español. Es preciso aclarar que este ejercicio descriptivo no constituye una valoración causal de la reforma laboral de 2021. "Dicha evaluación, como se ha señalado en otros informes del Banco de España, exigirá tener en cuenta el impacto de las medidas aprobadas en múltiples dimensiones -por ejemplo, sobre el empleo, el paro, los salarios, la productividad y otros agregados macroeconómicos-, considerar una perspectiva temporal amplia y analizar los posibles efectos asimétricos de la reforma sobre distintos grupos de trabajadores, empresas y sectores -para lo que será imprescindible disponer de datos dotados de la mayor granularidad posible-", aventura el informe.

Los datos de altas y bajas de la Seguridad Social permiten calcular indicadores de rotación laboral para analizar en qué medida la intensa reducción de la temporalidad se ha traducido en una mayor estabilidad del empleo. Utilizando como medida de rotación laboral la ratio entre la suma de altas y bajas totales mensuales y el stock de trabajadores asalariados, el gráfico 3 muestra un descenso de la rotación a partir de la aprobación de la reforma, desde el 1,33% en el promedio del período 2015-2019 hasta el 1,12% en el promedio de 2022-2023. Este descenso es fruto del cambio en el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido y temporal, pues la rotación entre aquellos con un contrato indefinido ha aumentado (del 0,25% al 0,61%) y solo se ha reducido levemente entre los trabajadores con un contrato temporal (del 3,40% al 3,19%).

La mayor rotación en los contratos permanentes desde la entrada en vigor de la reforma laboral viene reflejando los mayores flujos de entrada y de salida del mercado laboral de los trabajadores con contrato indefinido, en general, y, especialmente, de aquellos con contrato fijo discontinuo. En particular, las tasas de baja de estos contratos han repuntado notablemente en relación con el período 2015-2019. En efecto, los contratos fijos discontinuos presentaban con anterioridad a la reforma una tasa de baja que se situaba prácticamente a medio camino entre la del resto de contratos indefinidos y la de los contratos temporales. Sin embargo, desde 2022 esta tasa casi se ha duplicado, hasta situarse al mismo nivel que la que se observa para los contratos temporales. En cualquier caso, pese a este aumento de las tasas de salida de los indefinidos, la mayor estabilidad laboral de este colectivo, en comparación con la de los temporales, ha llevado a una reducción de la tasa de salida agregada.

El análisis de estas medidas de rotación a nivel agregado está sujeto, no obstante, a algunas cautelas asociadas, por ejemplo, al hecho de que no permiten distinguir entre la rotación de los contratos creados antes y después de la reforma de 2021. Sin embargo, la reciente disponibilidad de información individual sobre el universo de relaciones laborales en nuestro país permite afinar el análisis en esta dirección. En particular, se puede calcular la tasa de supervivencia, a lo largo del primer año tras el alta, de los contratos iniciados en marzo de 2022 y compararla con la de los contratos iniciados en el mismo mes de 2017 y de 2018. Esta comparación es más homogénea que la derivada de los datos agregados, aunque las diferencias en el ciclo económico entre los dos períodos analizados o, en general, en las perturbaciones que afectan al mercado laboral pueden incidir en las tasas de supervivencia de los nuevos contratos creados, por lo que las diferencias observadas no pueden interpretarse como evidencia causal de la reforma.