Yolanda Díaz intentará subir con fuerza el SMI si se veta el recorte de jornada

La subida del SMI es la cuestión que va a tratar de forma prioritaria en el seno del diálogo social. Está previsto que a mediados de mes se reúna la primera mesa negociadora de esta cuestión entre sindicatos y empresarios. La patronal CEOE se ha desmarcado de las últimas alzas aprobadas por el Gobierno por considerar que muchas pymes asumen un impacto económico insostenible, en sectores como la agricultura.

En esas primeras tomas de contacto, los sindicatos mayoritarios (CC.OO. y UGT) insistirán en redoblar el incremento de este sueldo mínimo que ya abarca a más de dos millones amplios de trabajadores. Aunque fuentes sindicales no han puesto ninguna cifra encima de la mesa, sí insisten en que se debe cumplir el mandato de que el SMI alcance el 60% del salario medio. Y determinar ese sueldo de referencia será clave para después determinar a cuánto debe aspirar el mínimo.

El año pasado, la ministra de Trabajo acordó con los sindicatos subir el SMI un 4,4% hasta los 1.184 euros al mes. Para los representantes de los trabajadores fue insuficiente. Para la patronal, una cifra inasumible que llevaría al cierre de muchas actividades, como insisten ahora habida cuenta de los datos de afiliación en el campo y en el servicio de hogar, los dos que siguen perdiendo puestos de trabajo.

Ahora, una subida potente podría llevar el salario mínimo hasta cerca de los 1.200 euros al mes, apuntan varias fuentes. Aunque todo dependerá del resultado de las negociaciones y de cómo de dañada quede políticamente la imagen de la vicepresidenta segunda si se cae su medida estrella de legislatura, la de las 37,5 horas.

Fuentes del Ministerio de Trabajo insisten en que la subida del SMI ya estaba prevista por ley e intentan desligar el importe que se apruebe del resultado que tenga finalmente el proyecto de ley de recorte de jornada en el Congreso. Aunque un alza de calado en el salario mínimo permitiría a Yolanda Díaz retomar la agenda social ante un arco parlamentario cada vez más fragmentado donde los vetos cruzados –por ejemplo, entre Junts y Podemos, al menos en materia económica y laboral– hace cada día más difícil sacar adelante grandes proyectos.

En este caso cuenta con la ventaja de que se trata de una decisión que no tiene que pasar por el Congreso de los Diputados. Cuando Díaz la acuerde con los sindicatos y los empresarios –si finalmente la aceptan–, la llevaría a Consejo de Ministros para que sea ejecutada con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

Llegado ese momento, Trabajo deberá negociar con Hacienda si renueva la exención fiscal para que los trabajadores que cobren el SMI no paguen el Impuesto de la Renta (IRPF). Ya a principios de este año esa cuestión provocó un choque entre las responsables de ambos departamentos, ya que el alza aprobada se veía absorbida por la subida del IRPF que implicaba el incremento del sueldo. Será en la declaración del próximo año cuando esos contribuyentes tengan que regularizar esa situación para que el fisco les devuelva lo que les corresponde.

La otra cuestión que Yolanda Díaz quiere reactivar es el nuevo registro horario, del que ya se conocen todas las condiciones de vigilancia, conexión con la Inspección de Trabajo o sanciones por incumplimiento que llegan a los 10.000 euros. Cuestiones todas rechazadas por las patronales al considerar que sería una vía escapatoria para un colectivo de empresas que en muchos casos verían incrementados sus costes para adaptarse a este sistema.

También en este caso Díaz cuenta con la ventaja de que no tendría que superar el filtro del Congreso. Podría aprobar el registro a través de un real decreto que pase por Consejo de Ministros para ser directamente validado. El problema con el que cuenta la vicepresidenta segunda no es solo la oposición de la patronal. Sino también de parte del propio Gobierno mucho más reacio a estas medidas de lo que lo es Trabajo.

El enfrentamiento entre Díaz y Carlos Cuerpo, titular de Economía, a cuenta de la reducción de jornada da una muestra de hasta dónde llega la fricción en materia económica entre ambos departamentos. Y también surgirá con el registro horario. Porque para que llegue a la mesa de La Moncloa, tiene que superar antes el trámite de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, un órgano dirigido por Cuerpo en el que se deciden las iniciativas que van a ir a Consejo de Ministros. Será Economía quien decida cuándo pueda Trabajo reactivar el registro horario que tantas críticas ha recibido desde las empresas.