Yolanda Díaz da por perdida la reducción de jornada ante la inacción de Junts

Esas conversaciones discretas siguen sin activarse, según apuntan varias fuentes de la negociación a ABC, después de que quedasen suspendidas a mediados de julio ante la vorágine de escándalos judiciales que asediaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambas partes tenían previsto retomar los contactos en septiembre. Pero la estrategia parlamentaria de PP, Vox y UPN, cuyos miembros de la Mesa del Congreso han propiciado que el pleno del miércoles 10 vote las enmiendas a la totalidad de este proyecto de ley, ha trastocado todos los planes. «O hay un milagro de última hora, o las perspectivas son realmente malas», apuntan algunas fuentes gubernamentales y de las organizaciones sindicales.

La intención de Junts pasaba por ampliar el espectro de las mesas negociadoras mucho más allá de la implantación de las 37,5 horas, para abarcar cuestiones que afectan directamente a las pymes catalanas, como el absentismo, la incapacidad temporal, la productividad o la competitividad. Es decir, implicar a otros ministerios como el de Seguridad Social o el de Economía, si hiciera falta.

Buena parte de esos agentes sociales está digiriendo el siguiente escenario, por si la ley decae el día 10: la puesta en marcha del registro horario, con las novedades normativas en materia de acceso y de sanciones, que Trabajo tiene guardado en el cajón y que podría reactivar en cualquier momento. En este caso, Díaz no necesitaría el aval del Congreso para sacarlo adelante. Se trataría de un reglamento vía real decreto que tendría que pasar por Consejo de Ministros.

De hecho, es la baza con la que ha jugado la vicepresidenta segunda para negociar los términos de la reducción de jornada. «Si deciden votar en contra de la reducción de jornada, voy a hacer lo que tengo que hacer, un real decreto que tiene rango reglamentario. El reglamento lo firmo yo», que no necesita pasar por la cámara al no ser una ley, anticipó la vicepresidenta en mayo, cuando el proyecto de ley aún no había aterrizado en las Cortes.

Esa modificación normativa del registro horario supone uno de los grandes temores de los empresarios. El plan b de Díaz pasa porque, como había pactado con UGT y CC.OO, las empresas tengan la obligación de implantar una herramienta digital de registro de jornada que sea interoperable por parte de la Inspección de Trabajo, de modo que pueda monitorizar las horas efectuadas y actuar de oficio ante posibles incumplimientos. Además, se prevé un alza de las sanciones por dos vías: el aumento de las multas, que serán de hasta 10.000 euros por cada caso, y la imposición de faltas por cada caso individualizado de incumplimiento, y no a la empresa en su conjunto.

Ayer mismo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, mostró ayer su sorpresa ante la velocidad que ha tomado la tramitación de la ley, con un calendario legislativo que considera «prematuro» nada más volver de vacaciones, habida cuenta de las dificultades para aunar los votos de Junts.

El líder de UGT considera que «no es el momento oportuno» para ir a votación. «Francamente, llegar de vacaciones y encontrarnos con que con en menos de una semana esto va a pasar a votar, no puedo decir que sea oportuno», indicó en una comparecencia ante el nuevo curso político. Álvarez también insistió en la posibilidad de desarrollar el registro horario, así como la necesidad de retomar el proyecto, si el Congreso lo rechaza, todas las veces que haga falta para lograr la generalización de las 37,5 horas tras meses de dudas.