Junts condiciona su aval al recorte de jornada a un pacto con más ministerios

Esta exigencia no está solo en manos del Ministerio de Trabajo, del que depende la norma de la jornada laboral. Los independentistas quieren negociar cuestiones que afectan al de Seguridad Social, el departamento dirigido por Elma Sáiz, o al de Economía, con Carlos Cuerpo al frente, según apuntan fuentes de la negociación a ABC. Son los dos ministros de los que dependen las medidas que Junts exige para desatascar el proyecto de ley de Díaz, que sigue congelado en el Congreso tras la parálisis de las negociaciones en medio de los escándalos judiciales que cercaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la entrada en prisión del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

En concreto, pretenden abrir una negociación para atacar las tasas crecientes de absentismo laboral. También hacer un «análisis en profundidad» del récord de casos y de gasto que está implicando la incapacidad temporal (IT) para la Seguridad Social. El departamento dirigido por Sáiz tiene abierta una mesa de negociación sobre la IT en la que ya se han propuesto medidas para atajar un problema con nombres y apellidos económicos: un 10% más de casos en el primer trimestre de este año y un coste extra de 5.000 millones de euros en ese mismo periodo, según los últimos datos.

Además, los de Puigdemont quieren implicar al Ejecutivo en la resolución de la brusca caída de la productividad de las pequeñas empresas. Una competencia que recae directamente sobre Carlos Cuerpo. Precisamente fue el Ministerio de Economía el que incluyó varias referencias al asunto en la memoria económica de la ley laboral ante la necesidad de «acompañar» a las empresas en su transición hacia la jornada laboral de 37,5 horas y de valorar el impacto que podía tener esa medida sobre la competitividad laboral. También abogan por adoptar medidas para mejorar el valor añadido de las pymes.

Incluso piden a Yolanda Díaz un cambio de la norma ante las dificultades de la empresas para cubrir determinados puestos de trabajo que se necesitan, actuar ante la carencia de profesionales en determinados empleos; e incluso hacerlo con normativas que ofrezcan más flexibilidad para adaptar esos pequeños negocios a la realidad laboral.

A la espera de que se retomen las negociaciones, con todo este ramillete de medidas ajenas a la propia ley de la jornada laboral encima de la mesa, habrá que ver el impacto de estas actuaciones exigidas por Junts, si definitivamente se llevan a cabo, en el bloque de la investidura. Sobre todo ante la posición que pueda tomar el grupo parlamentario de Podemos, cuya visión de cuestiones como la incapacidad temporal, la productividad o la flexibilidad laboral interna distan de la postura que mantienen los independentistas liderados por Puigdemont.

Ese encaje de bolillos ha sido la tónica dominante en toda la negociación de la reducción de jornada desde que el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar incluyeron esta medida en su pacto al inicio de la legislatura. La ministra de Trabajo ha sentido siempre de cerca la dificultad de aunar posiciones de la patronal con los sindicatos, en las conversaciones técnicas; y después a la hora de intentar sacar adelante la medida en el Congreso. Incluso dentro del Ejecutivo ha visto cómo el ministro de Economía ponía algunos 'peros' a la medida al alentar que se tratase con más mimo la posición de las pymes, las más afectadas por pasar de las 40 a las 37,5 horas.

El reloj corre en contra de la propia ley, cuyo articulado apunta que debe ser el próximo 31 de diciembre cuando todas las empresas tengan puesta en marcha la nueva jornada laboral. A falta de cuatro meses para que termine el año, la norma aún no ha iniciado su primer trámite parlamentario por no haber superado el debate de las enmiendas de totalidad. Es el paso que pesa como un yugo sobre el proyecto de ley. Aunque desde Trabajo insisten en que una vez que se supere ese escollo, las negociaciones con Junts van muy avanzadas para recorrer de forma ágil el camino posterior.

El pasado 15 de julio, casi in extremis, Díaz se daba de bruces con la realidad parlamentaria, y el efecto de los escándalos judiciales que asedian al Gobierno al comprobar cómo Junts no estaba dispuesto a retirar su enmienda a la totalidad al proyecto de ley, cuyo debate iba a ser planteado en el Congreso el 22 de julio. Las miradas de Díaz, y las de buena parte del Ejecutivo, estaban puestas en esa jornada para que los de Puigdemont retirasen su veto y prosiguiera su tramitación. Pero no fue así. «No es el momento oportuno» para aparecer dando ese apoyo a Sánchez, indican los independentistas.

Tanto el Ministerio de Trabajo como Junts hicieron pública esta decisión en un comunicado conjunto en el que se decidió «dar más tiempo» a las mesas de negociación para trasladar el debate de enmiendas al nuevo periodo de sesiones, después del verano. De esta forma, la implantación de las 37,5 horas semanales para el 31 de diciembre, como dice la ley se prevé imposible.

La clave pasa porque la norma se adapte a las singularidades de las pymes, el gran caballo de batalla de los independentistas, muy condicionados por la presión de los empresarios catalanes, liderados por Foment o Pimec. Fuentes gubernamentales dan por hecho que, aunque la norma salga adelante en el nuevo periodo de sesiones, será muy descafeinada con respecto al texto acordado entre Trabajo, y los líderes de UGT y CC.OO.