Vivienda reformulará los avales hipotecarios tras pinchar con solo 7.900 operaciones

Fue en mayo de 2023 cuando el Ejecutivo anunció la aprobación de avales públicos para hipotecas. No fue hasta alrededor de un año después cuando el Gobierno sacó adelante el convenio con el ICO y todas las condiciones de las garantías públicas, pero hubo que esperar hasta después del verano de 2024 para estos empezaran a funcionar en las entidades financieras.

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El resultado no ha sido el esperado por el Ejecutivo ya que desde el principio calculaban que habría más de 50.000 beneficiarios. Según los últimos datos del ICO, a 30 de septiembre de 2025 se han avalado un total de 7.886 operaciones; de ellas, 5.654 operaciones corresponden a jóvenes menores de 35 años y 2.232 a familias con menores a cargo, ya que están pensados para ambos colectivos. La cantidad de aval desplegado asciende a 189,6 millones de euros, del total de 2.500 millones con los que está dotada la línea. Los avales desplegados han permitido conceder hipotecas por 1.003,9 millones de euros por parte de los bancos.

Lo estricto de las condiciones para acceder al aval y las dificultades de los bancos para la coordinación con el ICO, según fuentes financieras, han provocado que haya muy pocas operaciones que hayan podido disfrutar de la garantía pública. Fuentes del sector confirman que deberían flexibilizarse las condiciones para que los avales puedan llegar a más gente y que la respuesta del ICO sea mucho más ágil en las autorizaciones de operaciones.

Ante esta situación, el Ministerio de Vivienda está evaluando la situación para ver cómo pueden mejorar las condiciones de la línea de avales para incrementar las operaciones que se acogen a la medida. En el departamento dirigido por Isabel Rodríguez destacan que sí que aprecian mucho interés por parte de los jóvenes en acceder a la medida, y por ello tratarán de darle una vuelta al planteamiento, tanto en plazo como en condiciones.

Lo cierto es que los bancos llevan meses insistiendo al Gobierno en que se necesita reformular la medida para que tenga una mayor acogida. Incluso, en el sector son conscientes de que los avales para jóvenes no son muy conocidos entre el público y eso supone ya de por sí una barrera de entrada.

A todo ello se une también que en las entidades financieras hay la sensación de que los programas que han habilitado por su cuenta las comunidades autónomas como Madrid o Andalucía tienen mucho mejor funcionamiento que el del Gobierno, y eso lastra las solicitudes a la línea del ICO ya que es menos farragoso acceder a las medidas autonómicas.

El objetivo de estas garantías públicas es «facilitar el acceso a su primera vivienda a los jóvenes y a las familias con menores a su cargo que, contando con solvencia financiera, aún no han generado capacidad de ahorro suficiente para su compra». Habitualmente, los bancos solo dan hipotecas por hasta el 80% del valor del piso, con lo que el usuario debe aportar de ahorros el 20% restante más otro 10% que se suele calcular para gastos e impuestos. Con este aval, que abarca los primeros diez años del crédito hipotecario, el Gobierno facilita que las entidades financieras puedan conceder préstamos de hasta el 100% a personas que tienen elevados ingresos pero no ahorros.

Las condiciones de los avales y los problemas en su despliegue con que se han encontrado las entidades financieras han provocado que su puesta en marcha sea muy reducida. A las garantías públicas pueden optar «los jóvenes que no superen los 35 años (ninguno de los compradores puede haber cumplido 36 años en el momento de la firma del préstamo) y familias con menores a su cargo (en este caso no hay límite de edad) que adquieran su primera vivienda habitual», pero no son las únicas condiciones.

El adquirente (o los adquirentes, con un máximo de dos personas) tendrá que ser residente legal en España en los dos años anteriores a la solicitud, destinar la casa a vivienda habitual, no se podrá tener otra vivienda con anterioridad y no se podrá tener previamente más de 100.000 euros de patrimonio. Asimismo, el precio máximo de compra de la vivienda para poder disfrutar del aval está tasado en cada comunidad autónoma y se establecen requisitos de renta: «Los ingresos del joven adquirente no podrán ser superiores a 4,5 veces el Iprem (37.800 euros brutos anuales)».