La singularidad fiscal catalana quitará recursos al resto de regiones y alentará el fraude

A falta de concretar un sistema del que solo se conocen los grandes titulares, los expertos consultados por ABC insisten en el drenaje que provocará en las cuentas autonómicas. Así lo explica Juan Pérez Ballester, miembro del equipo investigador del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), quien apunta que «lo que resulta es que hay impacto porque cuando cambias un sistema anterior al que se propone singular, hay comunidades autónomas que van a ganar y van a perder».

Este analista hace referencia al reciente estudio elaborado por el IVIE en el que constata la necesidad de aplicar un criterio de solidaridad por las diferencias de capacidad de recaudación. Ese estudio anticipa que si se extiende el modelo singular a toda España, el Estado tendría que aportar una inyección de 4.685 millones de euros para nivelar los servicios públicos.

La Asociación de Inspectores de Hacienda también ha reaccionado alertando de que cuando este sistema se ponga en marcha creará «ciudadanos de primera y de segunda». En este sentido, Ángel de la Fuente, muestra su preocupación porque «quieren ir hacia una administración tributaria con competencias a la carta que puede hacer muy disfuncional el sistema», además de «dejar en el aire» la aportación de Cataluña a la caja común.

Para Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado y autor de 'La factura del cupo catalán', «el aumento de la financiación para Cataluña supone que el resto pagan más o tienen peores servicios». El análisis de De la Torre va más allá al alertar de lo que supone la fragmentación de la Agencia Tributaria en una institución autonómica. «Saldrá más caro recaudar un euro por las economías de escala que conlleva la estatal» y «se ofrecerán peores servicios», apunta.

Sobre el nuevo sistema de financiación planea también el peligro de que se incremente el fraude fiscal. Es el aviso de los técnicos de Hacienda al indicar que «a medio plazo, es posible que la Agencia Tributaria estatal ceda medios informáticos a la catalana para compartir la información y que no aumente el fraude». Y anticipan: «Será muy difícil el traspaso de una parte del personal, ya que la gran mayoría de los 6.359 empleados de la AEAT en Cataluña rechaza» irse a la ATC.