Sánchez e Illa pactan con Junts y ERC salvar las centrales nucleares catalanas tras el cierre de Almaraz

Las fuentes políticas aseguran a ABC que ahora el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, «extraoficialmente está muy interesado en dar continuidad a las centrales nucleares» y que lo tiene «muy hablado tanto con Junts como con ERC». Eso sí, oficialmente «venderá que el camino es inundar de renovables a la comunidad catalana para dar cobertura a todas sus empresas», algo que «no es tan fácil, y no se hace de un día para otro».

Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), aprobado en 2021 por encargo de la Unión Europea, en España se prevé el cierre de todas las centrales nucleares del país entre 2027 y 2035. En Cataluña, la primera central nuclear que está previsto que baje la persiana es Ascó I (en 2030), la segunda Ascó II (en 2032) y la última Vandellòs II (en 2035); entre las tres cubren el 60% de la demanda del territorio, frente al 20% que aportan al conjunto del país las cinco centrales existentes en España, que suman siete reactores.

Las mismas fuentes explican que el ultimátum que el líder de la formación secesionista, Carles Puigdemont, dio recientemente en Bruselas al Ejecutivo de Sánchez y al propio Illa, sobre dejar de apoyarles en el Congreso en las medidas presentadas se ha saldado con varias cesiones a lo largo de lo que queda de legislatura, si bien la independencia energética solo se retomará una vez que se cierre Almaraz, desvinculando el acuerdo del apoyo que necesitarían para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2026.

Según el calendario del PNIEC, Almaraz tendría que cerrar su primer reactor en 2027, después de 45 años de funcionamiento, un año después le tocaría al segundo; mientras el turno de Cofrentes, en Valencia, sería en 2030, y el de Trillo, en Guadalajara, sería el último en desenchufarse. Si bien, el pacto con los independentistas y nacionalistas depende solo de los dos reactores cacereños. «Cualquier cosa que haya que hacer en favor de la independencia energética en Cataluña se retomará de nuevo tras cerrar Almaraz, no antes», concluyen las fuentes.

Curiosamente, el calendario previsto contaba hasta ahora con el apoyo mayoritario de los partidos afines al Gobierno, incluidos Junts y ERC, que en sus programas electorales se mostraban a favor de abandonar la energía nuclear. Sin embargo, todo cambió a raíz del apagón del pasado 28 de abril. Algo que desembocó en lo que ocurrió el pasado 17 de junio, cuando el pleno del Congreso de los Diputados aceptó iniciar la tramitación de la proposición de ley del PP para prolongar la vida útil de las centrales nucleares, gracias al apoyo de VOX y, contra pronóstico para Sánchez, de la abstención de Junts y ERC.

Este cambio de posicionamiento de nacionalistas e independentistas viene motivado por la presión que está ejerciendo el territorio catalán donde se encuentran las centrales nucleares, una apuesta sin tapujos por mantener este tipo de energía ante el peligro de perder competitividad económica y del masivo empleo que han generado.

Las fuentes aseguran que a ERC, a pesar de su natural oposición ideológica e histórica, no le ha quedado más remedio que luchar por ampliar la vida útil de las nucleares, en concreto las catalanas, dada la situación energética de la región y, sobre todo, por la destrucción de empleo que acarrearía su cierre previsto.

De hecho, la diputada de ERC Teresa Jordá subrayaba, precisamente el día que el Congreso aceptaba iniciar la tramitación de la proposición de ley del PP, que la nueva postura se debe a que los sucesivos gobiernos centrales han sido unos «irresponsables» y «no han hecho planes de transición energética suficientes ni a tiempo» para la región.

El pacto con Cataluña ya ha abierto el melón con el resto de comunidades en las que están asentadas las otras centrales nucleares, tanto como aquellas que reciben su servicio que, llegado el momento, pedirán idéntico trato, tal y como está ocurriendo con el acuerdo fiscal singular. Las regiones perderían igualmente competitividad regional y empleo. Pero, lo cierto es que no representan interés político para el presidente Sánchez.

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En cualquier caso, los reactores de las centrales extremeñas que están sentenciados al cierre, dan servicio a Extremadura, Andalucía y Madrid y ninguna de estas tres regiones están en la órbita sanchista para revertir la decisión. Dar marcha atrás en el cierre de Almaraz supondría además para el Gobierno socialista defraudar una vez más a sus socios de Sumar, «de ahí que hayan pedido cierta paciencia a los líderes políticos secesionistas y nacionalistas catalanes».

Mientras, desde el Gobierno se mantiene la tesis de que, a pesar de que llevan la propuesta en su programa electoral tanto como en los de sus socios, la iniciativa de evitar que se prolongue la vida útil de las centrales nucleares es de las propias eléctricas. Desde el Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Sara Aagesen han llegado a decir que «las eléctricas españolas no quieren prolongar la vida de sus centrales nucleares porque les exigiría invertir mucho en las instalaciones para cumplir las normas de seguridad aprobadas por la UE tras el desastre de Fukushima y obtienen más rentabilidad invirtiendo en renovables».

Las continuas acusaciones han puesto en pie de guerra a las propietarias de las centrales –Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP– con el Gobierno. Los expertos consultados por este periódico defienden que lo que olvida el Ejecutivo de Sánchez al apuntar directamente de las consecuencias del cierre para los empleados y afectados y la riquezade la comunidad en cuestión es que «no hablan de que tanto el actual Gobierno como los anteriores han ido haciendo inviable el negocio nuclear a través de subidas fiscales así como de la Tasa Enresa con la que se gestionará en el futuro los residuos nucleares».

De hecho, entre 2008 y 2019 (fecha en la que se produjo el acuerdo ordenado de cierre de los reactores) los impuestos, tanto a nivel nacional como autonómico, a los que están expuestos las nucleares han aumentado un 400%; y desde 2019 lo han hecho un 50% adicional.